Decidir la muerte de alguien es un asunto tan serio, tan delicado, tan arriesgado, que tanto cuesta manifestarse a favor como manifestarse en contra, pero los últimos casos indican que el próximo gobierno tendrá que resolver este asunto, y sea el que sea, esperemos que ande acertado.
Si uno visita hospitales o centros donde enfermos irreversibles, a veces con pleno conocimiento, a veces sin él, sobreviven entre tubos, cables y pantallas, no dudaría en alzar la mano a favor de que se legalice la interrupción de la vida, lo de suicidio asistido no me parece un término correcto. No se trata de un eufemismo, es que nadie puede matar lo que ya está muerto, y hacerlo no es otra cosa que prolongar inútilmente el sufrimiento.
Ahora bien, para legalizar la eutanasia, hay que tener dos cosas muy en cuenta.
Primera: La ley que legalice esta práctica debe ser una ley muy pensada, bien estudiada, que cuente con todos los controles que garanticen al cien por cien que nadie, absolutamente nadie, pueda aplicarla sin el consentimiento del paciente, si está en condiciones de hacerlo, o haberlo manifestado previamente por escrito si no lo está, de ningún modo puede valer eso de que alguien, en un momento dado, dijo que prefería morirse antes de sufrir, que si algún día no conocía a los suyos, que la quitaran del medio. Saltarse este requisito sería dejar la puerta abierta para que cualquiera pueda decidir la muerte de alguien, algo peligroso, muy peligroso, porque detrás de una petición por razones humanitarias, puede esconderse también el deseo de librarnos de alguien por muy diversos motivos, y lo mismo que hay padres, hijos y hermanos estupendos, los hay también capaces de cometer verdaderas barbaridades. La ley no puede servir nunca para facilitar la muerte de alguien, porque esto sí sería un suicidio encubierto, no una interrupción de la vida que ya no es vida. Y los estados tienen la obligación de proteger la vida de los ciudadanos.
Segunda: Antes de que se legalice la eutanasia o paralelamente, debe aprobarse una ley de servicios paliativos de calidad, que no solamente funcione en las grandes ciudades, también en las zonas rurales. Los estados están obligados a construir razones para querer vivir, no para querer morir. "He visto a muchos de mis pacientes suplicarme un día más de vida aunque solo fuera para ver salir el sol y eso es lo que haré siempre", oí decir a un médico que se manifestaba en contra de la eutanasia, y es que el amor a la vida es el único amor verdadero. Somos conscientes de que eliminar a un enfermo terminal es más barato que librarlo del dolor y atenderlo en sus necesidades, pero con la vida no se puede hacer negocio, porque antes o después todos dejaremos de ser tan útiles como nos creemos y podemos ser víctimas de la ley.
Hace algún tiempo, en un periódico extranjero, leí un artículo que no he podido olvidar. En Estados Unidos, una ciudadana de mediana edad, acudió a los servicios sanitarios, sufría una enfermedad grave, pero una enfermedad que tenía tratamiento y altas posibilidades de curación. En este país, como es sabido, no existe un sistema sanitario como el nuestro, que aunque tanto y tan injustamente criticamos, ojalá no lo perdamos nunca, y la paciente en cuestión no disponía de dinero para ser atendida. Se le negó la atención, pero por "por razones humanitarias", tuve que leer la frase varias veces para convencerme de que estaba leyendo lo que estaba escrito, se le ofreció el suicidio asistido.
Esperemos que nunca en nuestro país las leyes sirvan para que sea más fácil matar a una persona que curarla y atenderla debidamente, porque ese día podremos decir sin miedo a equivocarnos que hemos dejado de ser personas para ser simples calculadoras.