La detención esta semana del hasta ahora presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, junto a los cogerentes de Divalterra, Xavier Simó (también del PSOE) y Agustina Brines (de Compromís), el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerdo, así como el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego, y otro asesor en la Diputación, Manuel Regart, vuelve a evidenciar la podredumbre de buena parte de la clase política de este país.
En esta ocasión, el caso en cuestión sería de lo que en el argot popular se conoce como "enchufismo". De este modo, se habrían realizado por parte de los acusados siete contratos de personal de alta dirección a personas afines a los partidos implicados de manera irregular en 2015, y que se habrían anulado en abril de este año, habiendo acarreado unos costes de unos 50.000 euros al año por cada uno de los 'enchufados' a las arcas de la diputación valenciana.
Asimismo, el hecho de que los detenidos pertenezcan mayoritariamente al PSOE (así como de Compromís, en el caso de Brines) pone de relieve que, cuando se trata de corrupción, el refrán de "el que esté libre de pecado que tire la primera piedra", parece ser muy aplicable a las diversas fuerzas políticas españolas, ya sea en mayor o menor medida.
Y es que, resulta llamativo que, tras menos de un mes desde que fue investido como presidente, presentándose como adalid contra la corrupción, a Pedro Sánchez ya le haya estallado en la cara un primer caso en el seno de su partido.
Bien es cierto, la verdad sea dicha, que no le ha temblado la mano en suspender de militancia y de todos sus cargos a Jorge Rodríguez, pero eso no evita que se pueda hablar ya de un caso de corrupción en su partido salido a la luz durante su mandato (y aún está por salir la sentencia del caso ERE en Andalucía, que se espera jugosa).
Por otro lado, este nuevo caso de corrupción en el seno del PSOE no invalida el hecho de que la Justicia haya dado por probada la existencia de una caja B en el PP, y por tanto, de una trama de corrupción. Y apunto este hecho dado que, del mismo modo que el PP le decía al PSOE hace un mes que no era quien para acusar a otros de corrupción, vistas las declaraciones vertidas desde el PP tras este caso en las filas socialistas, no parecen precisamente los más apropiados para dar lecciones morales tampoco.
De un modo u otro, lo que suscitan todas estas corruptelas, sean de un partido u otro, es un profundo hartazgo y desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política. Por ello no ha de extrañar que gran parte de los españoles sientan desapego cuando no hostilidad hacia todo aquello que les suene a política.
En todo caso, confío en que la sociedad española siga siendo cada vez más fuerte de cara a exigir el fin de las prácticas corruptas, y espero no sólo que paguen por lo hecho quienes las lleven a cabo, sino que de forma definitiva podamos enterrar en el baúl de los recuerdos la corrupción en este país.