OPINIóN
Actualizado 24/02/2017
Redacción

El propósito de Podemos de solicitar en las Cortes de Castilla y León una comisión de investigación sobre el fiasco de las extintas Cajas de Ahorro de la comunidad ha desatado simultáneamente las alarmas en el PP y en el PSOE, que por la cuenta que les trae no desean de ninguna manera que la iniciativa llegue a buen término.

No es para menos. La nómina de ilustres de ambos partidos que se verían en el trance de tener que comparecer ante esa comisión es tan amplia como selecta. Empezando por aquella pareja de hecho que formaron el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el ex secretario autonómico del PSOE y actual senador, Óscar López, máximos impulsores del fallido proceso de fusión, quienes llegaron al extremo de promover conjunta y públicamente el nombramiento de Evaristo del Cantocomo nuevo presidente de Caja España-Caja Duero. Algo tendrían que decir asimismo el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ex consejero de Caja Duero, el portavoz del grupo popular, Juan José Sanz Vitorio, ex consejero de Caja Segovia, y el secretario del grupo socialista, José F. Martín, ex consejero de Caja España

Y sin salir de las actuales Cortes, sería ineludible la comparecencia de otros tres destacados procuradores del PP: el burgalés Ángel Ibañez, ex vicepresidente de Caja Burgos, el salmantino Salvador Cruz, ex presidente de la Comisión de Control de Caja Duero, y la zamorana Rosa Valdeón, ex presidenta de la Comisión de Control de Caja España. O sea, casi nadie al aparato.

El problema del PP es que no puede impedir por sí mismo la creación de comisiones de investigación, ya que, según el Reglamento de la Cámara, las mismas se crean automáticamente salvo que exista mayoría absoluta en contra. Y el problema del PSOE es que, por más que le reviente, no puede oponerse a una comisión que incluso llevó en su programa electoral. Tampoco puede hacerlo Ciudadanos, que por otra parte se vería en el brete de cumplir su compromiso de exigir al PP que la presidencia de una nueva comisión de investigación recaiga sobre un procurador de la oposición.

Y argumentar que ya existen dos comisiones para oponerse a la creación de una tercera se sostiene muy malamente cuando una de aquellas, la de la trama eólica y otros pufos asociados, lleva más de un año bloqueada por la santa voluntad del PP. Veremos como se las arreglan entre unos y otros para impedir una comisión que sería pura dinamita política.

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