Para su elaboración se ha tenido en cuenta un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,5%, una tasa de paro que se reduce hasta el 14,1% y el 2,1% más de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado esta mañana el techo de gasto no financiero para este año, que asciende hasta los 9.159,83 millones de euros y aumenta el 2,8 % respecto al que estuvo vigente en 2016. La importancia de esta magnitud radica en que se trata de la cifra que marca el límite máximo de asignación de recursos de los Presupuestos de la Comunidad para 2017. Para su elaboración se ha tenido en cuenta un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,5 %, una tasa de paro que se reduce hasta el 14,1 % y el 2,1 % más de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
El cuadro macroeconómico que ha servido como punto de partida para el cálculo del límite de gasto no financiero para 2017 implica que Castilla y León continuará creando empleo durante este ejercicio. El escenario previsto de una evolución favorable del PIB autonómico, la tasa de paro y los ocupados se completa con un objetivo de déficit del 0,6 %, como resultado de la flexibilización acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 22 de diciembre.
El Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales están obligadas a aprobar cada año un techo de gasto no financiero en virtud del artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el caso de Castilla y León, además, el artículo 7 de la Ley autonómica 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, condiciona el acuerdo de la Junta sobre esta materia a la aprobación del objetivo individual de estabilidad para la Comunidad, que no se formalizó hasta el Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2016. De ahí la imposibilidad de tramitar en el plazo estipulado en la citada Ley 7/2012 el tope de gasto no financiero de la Comunidad para 2017, que como es preceptivo resulta de la suma de tres elementos: los ingresos no financieros que estima obtener Castilla y León este año ?8.826,3 millones de euros?; los recursos asociados al objetivo de déficit del 0,6 % del PIB autonómico, 348,65 millones y, en último lugar, la cuantía derivada de los ajustes de Contabilidad Nacional, que en esta ocasión es negativa y se sitúa en 15,12 millones de euros.
Fruto de esa operación resulta el límite de 9.159,83 millones de euros de gasto no financiero, que implica una subida de 249,86 millones respecto a 2016 y determina el importe de los créditos de esta naturaleza que como mucho podrá asignar la Junta en los Presupuestos. Esa cantidad equivale al 2,8 % más que el año pasado, porcentaje que es coherente con el crecimiento económico estimado para este.
Acorde a los objetivos de déficit y deuda y a la regla de gasto
Conviene recordar que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de Castilla y León, fija tres condiciones que es preciso respetar a la hora de calcular el techo de gasto autonómico. Por una parte, que sea compatible con el cumplimiento del objetivo de déficit, que aunque originalmente era del 0,1 % para 2017, finalmente se ha situado en el 0,6 % debido a las revisiones efectuadas en abril y diciembre del año pasado. Por otra, que el endeudamiento total de la Comunidad previsto se ajuste al objetivo de deuda, que para Castilla y León es del 19,8 % del PIB como máximo. Y para terminar, que sea acorde a la regla de gasto, o lo que es lo mismo, que el gasto computable en términos de Contabilidad Nacional no supere la tasa de referencia de crecimiento de la economía nacional del 2,1 %
Impulso a la elaboración del Proyecto de Presupuestos
Con la aprobación del techo de gasto por parte del Consejo de Gobierno se da un importante paso en el proceso de confección del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2017, que arrancó con la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León del 27 de julio de 2016 de la orden de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, por la que se dictaban las normas para su elaboración.
Una vez más y como es habitual desde 2012, con el objetivo de evitar desviaciones, el Anteproyecto de Ley de Presupuestos se articulará siguiendo los criterios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), lo que implica calcular por anticipado los ajustes de la Contabilidad Nacional mediante un examen detallado de la situación financiera de todos los entes que se nutren de las arcas autonómicas.