"Cedí por cero euros el desarrollo de varios parques eólicos a un empresario que no conocía porque así me lo indicaron en la Consejería. Lohice porque sé que si no lo hago no me dan nada más", declaraba el pasado mes de abril al diario "El País" el empresario José María González Vélez tras conocerse el informe de la Agencia Tributaria que destapó la llamada "trama eólica".
El testimonio de González Vélez, que entre 2004 y 2012 presidió la patronal del sector de las energías alternativas, no podrá escucharse en la comisión parlamentaria que investiga en las Cortes tan escabroso asunto. Tampoco comparecerá Jesús Carlón Ordoñez, el ex directivo de ADE Parques que denunció el escandaloso sobrecoste pagado por dicha empresa pública por los terrenos destinados al inexistente parque empresarial de Portillo, operación asimismo investigada por dicha comisión.
González Vélez y Carlón Ordoñez forman parte del centenar de nombres propuestos por la oposición que han sido vetados por el PP, que, como era previsible, ha utilizado su mayoría de facto en la comisión para restringir y limitar las comparecencias siguiendo la estrategia exculpatoria trazada porla Junta. De hecho, aparte de los 31 comparecientes propuestos por el propio grupo popular, solo han sido aceptados 12 más. En el reducido "casting" han entrado la actual consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, la ex vicepresidenta María Jesús Ruiz y el actual portavoz parlamentario del PP, Carlos Fernández Carriedo, estos dos últimos en su condición de ex consejeros de Medio Ambiente.
No acudirá la delegada de la Agencia Tributaria, Georgina de la Lastra, cuya comparecencia había sido solicitada por todos los demás grupos -incluido Ciudadanos-, ni por supuesto los ex diputados Federico Trillo,Vicente Martínez Pujalte y Ana Torme. Por supuesto tampoco lo harán el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el ex tesorero nacional del PP Ángel Sanchís, que eran otros conocidos nombres en danza. Pero además de eso el PP ha vetado a los delegados territoriales de la Junta y a los jefes de servicio de Industria y Medio Ambiente en las nueve provincias entre 1999 y 2008, piezas clave en la tramitación de los expedientes de concesión de los parques eólicos. El problema para la Junta es que son los expedientes los que hablan por sí solos.