La sobrina del poeta acusa al exdiputado socialista y acude al Juzgado porque la entidad tiene pendientes de pagar o justificar 12 millones de euros
La presidenta de la Fundación Federico García Lorca y sobrina del poeta, Laura García, ha denunciado al secretario de esta entidad en los Juzgados de plaza de Castilla en Madrid, el salmantino Juan Tomás Martín, exdiputado provincial del PSOE y exconsejero delegado de 'Salamanca Emprende', por posible falsedad documental y apropiación indebida, según publican El País y ABC en sus secciones de Cultura.
La Fundación García Lorca atraviesa una grave crisis, con 12 millones de euros pendientes de pagar o justificar. El primer perjudicado ha sido el centro dedicado al escritor, que tenía que haber abierto sus puertas el 5 de junio pasado, pero no lo ha hecho porque la constructora del inmueble, Ferrovial, reclama una deuda de tres millones al consorcio promotor, que integran el Ministerio de Cultura, la consejería andaluza de Cultura, el Ayuntamiento y la Diputación de Granada y la propia fundación. La situación es tal que para mañana están convocadas en Madrid dos reuniones: una de la fundación para aclarar sus cuentas y otra posterior en el ministerio con todo el consorcio. Todos los indicios del caso apuntan a un caso de posible malversación de caudales públicos.
El agujero económico tiene que ver con las ayudas concedidas para la construcción del inmueble, pero que se han justificado con facturas de créditos bancarios, sueldos, viajes, exposiciones y producciones teatrales ajenas a las obras del edificio. Las explicaciones que el salmantino, quien ha gestionado en total unos 27 millones de euros, ha ofrecido a las instituciones no convencen a nadie. Mientras, dos auditorías intentan arrojar luz sobre las cuentas.
Por un lado, la fundación debe pagar 7,7 millones en firme al ministerio, a Ferrovial y a La Caixa; el resto del dinero está pendiente de justificar a Cultura y a la Junta de Andalucía. "Hasta que no tengamos la auditoría terminada y todos los datos no quiero aventurarme", afirma Laura García Lorca.
Martín ha dicho que presentó "los gastos asociados a la construcción" por 1,7 millones al interventor y este dio su autorización. El secretario, cuyo salario incluía un porcentaje de las subvenciones logradas, asegura que el consejo rector del consorcio cifra el agujero en 4,4 millones. "Es una cuestión de interpretación de gastos. Nuestro compromiso ante la Junta fue la globalidad de todo", justifica. Entre las facturas discordantes figuran los gastos por cancelación de obras como Comedia y sueño, producción teatral dirigida por Juan Carlos Corazza, representada en Madrid en 2013 dado que el centro granadino estaba cerrado.
El ministerio exige un total de 1,7 millones por facturas que ha rechazado. De ellos, 700.000 euros, más los intereses, ya son firmes y corresponden a ayudas nominativas de los años 2012 y 2013, ante lo cual solo caben dos opciones: pagar o interponer un recurso judicial. Las facturas presentadas por la fundación correspondientes a esos dos ejercicios no fueron consideradas válidas. El Gobierno abrió un expediente de reintegro a la fundación por vulnerar la ley de subvenciones y, tras escuchar sus alegaciones y reclamarle por tres veces facturas con gastos pertinentes, lo cerró hace un mes exigiendo el dinero.
Cultura reclama además a la fundación otra subvención por un millón de euros correspondiente a 2011. La reclamación, abierta a instancias de un informe de la Intervención Delegada del Estado, todavía se halla en periodo de alegaciones.
La constructora Ferrovial reclama tres millones por los impagos en la construcción de la nueva sede. El consorcio ha reconocido esa deuda y se ha comprometido a abonarla, según señala Teresa Lizaranzu, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro. Por ello, no entiende que se haya retrasado la apertura del edificio. Los abogados del consorcio están buscando una vía para que el centro pueda inaugurarse cuanto antes, según Lizaranzu.