CSI-F exige que se respeten los derechos de los docentes y la presunción de inocencia

CSIF Enseñanza CyL ha remitido un escrito al Consejero de Educación sobre la certificación de la ausencia de delitos sexuales, exigiendo que se respeten los derechos de los docentes y la presunción de inocencia. Asimismo, exigen que sea la propia administración quien realice los trámites sin obligar a los profesionales a hacer un trámite más.

Me dirijo a usted en nombre y representación del Sector de Enseñanza de CSI·F de Castilla y León en relación a la noticia conocida por los medios de comunicación sobre la exigencia de una certificación de delitos sexuales, que se supone que se nos exigirá a todos los docentes y al resto del personal que trabaja en los centros. Queremos trasladarle las siguientes consideraciones al respecto:

1ª.- Desde el absoluto respeto y convencimiento de la importancia de prevenir la pederastia y los delitos de contenido sexual, hay que hacer un planteamiento de la situación que, bajo ningún concepto, arroje la más mínima sombra de duda sobre los profesionales de la educación y que, respetando escrupulosamente sus derechos, se aborde el tema en la línea de la obligatoriedad por parte del afectado por condenas de delitos contra la libertad sexual de notificarlo a la administración y no en la obligación individual de demostrar que no se está condenado.

2ª.- Con esta medida se roza la vulneración del principio jurídico de presunción de inocenciaconsagrado en el ordenamiento jurídico internacional, en el artículo 11 de la Declaración internacional de los Derechos Humanos y en el artículo 24 de la Constitución Española, por lo que consideramos que es un asunto para tratar con mayor sensibilidad e importancia de la que parece haberle dado la administración hasta el momento.

3ª.- Hasta el momento se han cometido ya varios errores graves que hay que corregir. El primero de ellos ha sido la difusión pública a través de la prensa que, si bien puede tener un cierto rédito electoral ante los padres y la sociedad, únicamente siembra desconfianza y rechazo, contribuyendo a criminalizar al docente y a disminuir su prestigio social. El segundo es anunciarlo sin haber establecido previamente los procedimientos y sin haber negociado con los representantes de los trabajadores las diferentes fórmulas para llevarlo a cabo desde la serenidad y sin la presión de la urgencia.

Por todo ello y para evitar conculcar un derecho fundamental y defender la dignidad, honorabilidad y prestigio de los profesionales de la educación desde CSI·F exigimos:

La inmediata convocatoria de las mesas de negociación, tanto nacionales como autonómicas, para dialogar sobre la situación y el procedimiento a seguir.

El aplazamiento de la aplicación de la medida a todos los trabajadores del sector educativo hasta que se haya construido el registro y arbitrado el procedimiento más adecuado para garantizar los derechos tanto de los trabajadores como de los menores.

La asunción por parte de la administración del trámite para todos los trabajadores, sin que sean éstos quienes, de forma individual, tengan que solicitarlo.

La exención de cualquier tasa o gravamen que pudiera plantearse para la expedición de la certificación, si finalmente ha de hacerse un certificado individual. (Con el procedimiento actual es preciso rellenar un impreso Modelo 790 y abonar una tasa de 3.70?).