Cataluña ¿Llave o tumba para el Estado?

El próximo día 27 se celebrarán elecciones autonómicas en Cataluña, unos comicios que se antojan decisivos no sólo para este territorio, sino para la propia continuidad de España como Estado, pues se han planteado por las entidades soberanistas catalanas como unas elecciones plebiscitarias sobre si Cataluña ha de seguir formando parte de España o crear un Estado propio.

La posibilidad de escisión de Cataluña, por otra parte, no es nada nuevo, pues lleva sobrevolando la política española hace casi 400 años, desde que en 1626 el conde-duque de Olivares presentase su proyecto de "Unión de Armas", que fue rechazado entonces por la Generalidad y las Cortes catalanas pero impuesto posteriormente, viéndose sus efectos reales tras la llegada de las tropas reales a Cataluña en 1638 en plena guerra con Francia, cuya manutención tuvo que llevar a cabo forzosamente la población local. Este hecho provocó la oposición de parte del campesinado, que desembocó en un enfrentamiento abierto en mayo de 1640 entre los campesinos y los soldados en el área de Gerona, extendiéndose por el resto de Cataluña.

Así se llegó al "Corpus de Sangre", el 7 de junio de 1640, cuando los segadores que habían entrado a Barcelona se rebelaron contra las instituciones reales (hecho por el cual se conoce a esta insurrección como "de los segadores", titulándose el himno catalán "Els segadors"), dando muerte al virrey (representante del rey) de Cataluña, el conde de Santa Coloma. Como consecuencia, la Generalidad de Cataluña, encabezada por Pau Claris, declaró en 1640 la independencia de manera unilateral, lo que desembocó en una guerra contra el ejército español de más de una década, ante la que las instituciones catalanas pidieron auxilio militar a Francia, conflicto armado que tuvo su punto clave en la rendición de Barcelona a las tropas de Felipe IV el 11 de octubre de 1651, monarca que, como contrapartida, confirmó los fueros catalanes el 3 de enero de 1653. El punto final a esta guerra se dio con la firma del Tratado de los Pirineos entre España y Francia el 7 de noviembre de 1659, en que Cataluña perdió sus territorios al norte de los Pirineos (el Rosellón y parte de la Cerdaña), que pasaron a Francia.

Al iniciarse el siglo XVIII, la Guerra de Sucesión marcó un nuevo conflicto bélico en Cataluña que, como el resto de países de la Corona de Aragón, se posicionó a favor de Carlos de Austria, frente a Felipe de Borbón (a la postre Felipe V), alegando las intenciones de éste de abolir las instituciones y fueros catalanes, hecho que se dio tras la victoria borbónica en la guerra, mediante los Decretos de Nueva Planta (en 1716 en el caso catalán). En esta guerra Cataluña fue el principal bastión de resistencia a los ejércitos de Felipe V y, de hecho, el final del enfrentamiento armado no llegó hasta la capitulación de Barcelona el 11 de septiembre de 1714.

Pero quizá el siglo más conflictivo en Cataluña fue el XIX, que se inició con la ocupación de este territorio por parte de las tropas napoleónicas en 1808, y la posterior incorporación oficial de Cataluña al Imperio Francés el 26 de enero de 1812, hechos que fueron contestados por la población catalana, cuya resistencia tuvo sus principales hitos en la batalla del Bruch y los tres sitios a que fue sometida Gerona por las tropas francesas. No obstante, el devenir de la guerra en el resto de España facilitó que el 28 de mayo de 1814 las tropas francesas abandonaran definitivamente Cataluña.

Tras la Guerra de Independencia española, se sucedieron algunas rebeliones en Cataluña, y al levantamiento realista durante el Trienio Liberal de Riego, le sucedieron las tres guerras carlistas, en las que Cataluña fue el principal foco de conflicto junto a Navarra y el actual País Vasco. En éstas, el medio rural catalán se posicionó del bando carlista, cuyos monarcas apoyaron la restauración de la Generalidad, la protección de la lengua catalana, y la restitución de los fueros y Cortes de este territorio, hecho que llegó a ponerse en práctica en la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) hasta la caída de la Seo de Urgel, principal bastión carlista.

La derrota carlista, unida a las consecuencias de la industrialización de Cataluña, especialmente intensa en la segunda mitad del siglo XIX, tuvieron como consecuencia el nacimiento del nacionalismo catalán, que en 1880 tuvo su acta de bautismo en el Primer Congreso Catalanista. Se redactaron entre estos mimbres en 1892 las "Bases de Manresa", un documento en el que se reclamaba una autonomía para Cataluña y la defensa del catalán como lengua oficial.

El 18 de diciembre de 1913, tras la presión conjunta de las instituciones y diputaciones catalanas, se creó mediante decreto la Mancomunidad de Cataluña que, aún con unas competencias muy limitadas que no superaban las que poseían las provincias, logró un mínimo nivel de autonomía para este territorio. No obstante, en 1924 la dictadura de Primo de Rivera abolió la Mancomunidad, prohibiendo también el uso de la lengua y la bandera catalanas. Estos hechos ayudaron a que Cataluña fuese el principal polo de oposición a dicha dictadura, en la que la formación independentista Estat Català fue tomando protagonismo progresivamente, partido que posteriormente dio lugar a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), liderada por Francesc Macià, que en abril de 1931 proclamó la República Catalana dentro de una federación ibérica. Desde el gobierno central se reaccionó a esta proclama otorgando, en la Constitución de 9 de diciembre de 1931, la posibilidad a las regiones españolas de convertirse en autonomías, en un paso a medio camino entre centralismo y federalismo. Así, en 1932 se aprobó el Estatuto de Cataluña, abolido por el gobierno de Franco tras su victoria en la Guerra Civil en 1939.

Precisamente los últimos años de la dictadura franquista conllevaron una importante conflictividad en Cataluña (especialmente en Barcelona), incluyéndose entre las protestas la petición de una autonomía propia y la oficialidad del catalán, reclamación que se fue haciendo gradualmente más intensa hasta llegar a una masiva manifestación el 11 de septiembre de 1977 en Barcelona. Fruto de ésta fue restaurada provisionalmente la Generalidad, hecho apuntalado por la aprobación en 1979 del Estatuto de autonomía. Éste fue posteriormente reformado en noviembre de 2006, si bien no como se aprobó en el Parlamento catalán (hecho que creó incomodidad en Cataluña), pues sufrió importantes modificaciones en el Congreso y el Senado, en un proceso en el que se llegó a dar una campaña de boicot a los productos catalanes.

La crisis económica iniciada en 2007 ha hecho aumentar el nacionalismo en Cataluña, donde buena parte de los recortes sociales llevados a cabo por CiU fueron reprochados a la desfavorable balanza fiscal que Cataluña ha poseído tradicionalmente respecto al resto de España. Ante la escasez de fondos, en las elecciones autonómicas del 28 de noviembre de 2010, Artur Mas, candidato de CiU y vencedor de dichos comicios, había lanzado como promesa electoral la búsqueda de un pacto fiscal para Cataluña (similar al que poseen País Vasco y Navarra), que minimizase lo desfavorable de dicha balanza fiscal y, con ello, obtener más fondos propios para Cataluña. El rechazo posterior por parte del gobierno central a esta propuesta caldeó los ánimos en Cataluña y el 11 de septiembre de 2012 tuvo lugar una multitudinaria manifestación en Barcelona en que se exigió la independencia para Cataluña, hecho que fue contestado por parte de la Generalidad con la convocatoria de elecciones autonómicas, en las que CiU resultó vencedora pero sin mayoría absoluta, llegando a un acuerdo de gobierno con ERC en el que se incluía la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en 2014. Éste, camuflado como consulta, llegó a realizarse pero sin tener efectos jurídicos debido a la oposición del Estado a la misma. De este modo, actualmente el catalanismo se encuentra llevando a cabo su plan B, otorgando a las elecciones del día 27 un carácter plebiscitario.

Las encuestas sobre estas elecciones auguran un escenario políticamente polarizado y prácticamente roto en dos frentes en Cataluña, con un choque de trenes entre nacionalismo catalán y nacionalismo español. Las preguntas que uno se plantea son, en todo caso, muchas y variadas: ¿Realmente no se ha podido dar un encaje satisfactorio a Cataluña en España en todo este tiempo? ¿Ha habido realmente voluntad para ello? ¿Con qué autoridad moral se le ha negado a Cataluña un pacto fiscal que vascos y navarros poseen? ¿Es el repunte del independentismo catalán consecuencia en parte de la ola de anticatalanismo que se dio en el proceso de reforma estatutaria de 2006? ¿Por qué el nacionalismo español ha despreciado tradicionalmente el uso del catalán si también es una lengua española? ¿Por qué al catalanismo ya no le vale la solución federal para el Estado que tantas veces reclamó? ¿Cómo podría reaccionar el nacionalismo español ante una España federal? ¿Y ante la concesión del pacto fiscal a Cataluña? ¿Somos conscientes en el resto de España de que en Cataluña hay un sector que, mayoritario o no, desea un alto grado de autogobierno para Cataluña? ¿Son conscientes los catalanistas de que hay un sector de la sociedad catalana que, mayoritario o no, desea seguir formando parte de España? ¿Cómo se puede dar encaje a toda esta complejidad con una solución satisfactoria o, cuanto menos, aceptable para casi todos? Demasiadas cuestiones en el aire sin respuesta.

Personalmente, me gustaría que Cataluña siguiese formando parte de España, tanto por cuestiones afectivas como porque al desdichado oeste español económicamente no le conviene su independencia. En todo caso, sea cual sea el camino que tome toda esta cuestión solo pido una cosa, que si se llega a una declaración unilateral de independencia no se tome la solución de 1640. Somos muchos los que poseemos familiares o amigos en Cataluña, y la posibilidad de exponer a la población catalana al terror de la guerra ha de ser siempre una opción descartada, pues es preferible la ruptura de un Estado a la ruptura de una vida. El tiempo nos dirá qué sucede y los derroteros por los que caminaremos España y los españoles en el futuro. Lo que está claro es que, en un Estado u otro, el Sol seguirá saliendo cada mañana.