La reforma de la ley electoral

Una de las noticias que últimamente ha copado la actualidad política, ha sido la reforma de la ley electoral que ha puesto encima de la mesa el Gobierno. El anteproyecto prevé premiar con una "prima de mayoría" a la lista más votada en las elecciones municipales, otorgándole una mayoría absoluta no conseguida en las urnas. De este modo, se pretende evitar que el partido más votado en cada municipio tenga un peso proporcional al que la ciudadanía le ha dado en las elecciones, regalándole una sobrerrepresentación.

En cuanto a la justificación de esta reforma, se ha espetado por parte de sus impulsores que es una forma de evitar los "pactos de perdedores", hecho que me hace reflexionar profundamente ya que, frecuentemente, a nuestra clase política se le llena la boca hablando de consenso, de necesidad de diálogo y acuerdos entre diferentes partidos, del "espíritu de la Transición" (en referencia al consenso que hizo posible la aprobación de la Constitución) pero? ¿Dónde queda ahora ese ánimo de concordia del que hacen gala nuestros representantes cada vez que pueden? ¿No será que lo único que pretenden es pasar el rodillo sin tener que esforzarse en llegar a acuerdos con otras formaciones? ¿No será que no quieren llegar a acuerdos sino simplemente imponer su criterio?

Analizando en sí mismo el proyecto de reforma de la ley electoral propuesto, éste recoge varios supuestos en que a la lista más votada se le otorgarían la mitad más uno de los concejales de un municipio, es decir, la mayoría absoluta, tras no haberla logrado en las urnas. De este modo, si un partido consiguiese el 35% o más de los votos y sacase cinco puntos al segundo más refrendado, se le otorgarían automáticamente la mitad más uno de los concejales del municipio, hecho que también se daría si sacase más del 30% del voto y la diferencia respecto al segundo partido más votado fuese de diez puntos.

Cabe señalar que estos supuestos, en caso de haber estado vigentes en las elecciones municipales celebradas en mayo, hubiesen otorgado al PP 386 mayorías absolutas más, y al PSOE 293. Esto conllevaría que el partido de Rajoy recuperase el gobierno de 229 municipios, algunos de ellos importantes ciudades como Valladolid, Oviedo, Córdoba, Ciudad Real, Guadalajara, Marbella, Móstoles o Badalona, así como, en nuestra región, Benavente o Ciudad Rodrigo. Del mismo modo, el PP recuperaría con dicho sistema la mayoría absoluta en ciudades en las que gobierna en minoría, caso de Murcia, Badajoz, Logroño, Santander, Cartagena o Talavera de la Reina, hecho que sucedería también en algunos de los principales municipios de nuestra provincia, como Salamanca, Santa Marta de Tormes, Carbajosa de la Sagrada, Villares de la Reina, o el ya mencionado Ciudad Rodrigo.

Pero si bien el principal beneficiado de la reforma en el conjunto de España sería el PP, otros partidos importantes en cada zona se verían beneficiados con este sistema, sería el caso del PNV en el País Vasco (donde obtendría la mayoría absoluta en Bilbao, Santurce, Basauri, Aretxabaleta, Beasain o Amurrio), UPN en Navarra (que recuperaría Pamplona con mayoría absoluta), CiU en Cataluña (que pasaría a gobernar con mayoría absoluta Girona, Figueres, Tortosa, Martorell, Sant Cugat o Vic), o el PSC en el área metropolitana de Barcelona (donde pasaría a contar con mayoría absoluta en Hospitalet, Cornellá, Gavá o Sant Boi).

Ciñéndonos ya a nuestra zona, esta reforma electoral no conllevaría prácticamente ningún cambio en nuestros pueblos, pues casi la totalidad de los municipios del partido judicial cuentan con mayorías absolutas de PP (44) o PSOE (11), a lo que se suma el hecho de que muchas de nuestras corporaciones se eligen en régimen de concejo abierto, y no en base a la proporcionalidad de listas.

Solo en el caso de Villarino de los Aires se daría la segunda vuelta que prevé dicha reforma, si bien se desarrollaría con los mismos partidos que la primera, pues está proyectado que ésta se dé entre las formaciones que hayan superado el 15% del voto (hecho que lograron tanto "Villarino y Cabeza", como PP y PSOE), puntualizándose: "quedando expresamente prohibidas las coaliciones o uniones de candidaturas" para la segunda vuelta. Asimismo, la reforma planteada añade que se le otorgaría la mayoría absoluta en esta vuelta a la lista que supere el 40% del voto o saque siete puntos al siguiente, hechos que no se han dado en Villarino.

En todo caso, la reforma de la ley electoral planteada por el PP parece pensada simplemente para que esta formación recupere el gobierno de las ciudades que perdió en mayo, si bien también beneficiaría en algunos casos, como hemos señalado, al PSOE, PNV, UPN o CiU, pues sus únicos beneficiarios serían los grandes partidos, por lo que no es sino una nueva forma de intentar blindar o salvar el bipartidismo a nivel nacional, fomentando una política en base a dos grandes bloques confrontados. Ni que decir tiene que los grandes perjudicados serían (una vez más) los partidos más pequeños, que perderían atractivo para los votantes y posibilidades de entrar en un gobierno de coalición, de poder ejercer de "llave" de la gobernabilidad municipal, partidos que seguirían teniendo que superar el 5% de los votos para poder entrar al reparto de concejales, pues no se ha previsto reformar la barrera electoral.

Por otra parte, debido al tema de que se trata, me gustaría hacer mención a una anterior reforma de la ley electoral que sí afectó profundamente a nuestra zona respecto al reparto de subvenciones a los partidos. Me refiero a la realizada mediante la Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero, en la cual, entre otras cuestiones, se reformó el artículo 179 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), de manera que los municipios con menos de cien habitantes pasaron de elegir un concejal (que a la vez sería alcalde) a elegir tres. Fue la hábil manera que encontraron PSOE, PP, CiU y PNV para que no les afectase la despoblación del medio rural, pues cada vez son más los municipios que pasan a englobar el grupo de los menores de cien habitantes.

A este respecto, para las elecciones celebradas en mayo, el Estado fijó una subvención de 270'90 ? por cada concejal obtenido. Por tanto, si un pueblo (como el caso de Sanchón de la Ribera) había perdido población desde los anteriores comicios y caído por debajo de los cien censados, el partido que obtuviese los tres concejales recibiría por sus resultados en dicho municipio 812'70 ?, en vez de los 270'90 ? que le hubiesen correspondido de no haberse reformado la LOREG en ese sentido. A ello habría que añadir los 0'54 ? por voto que se fijaron como subvención a los partidos en aquellos municipios donde obtuviesen algún acta de concejal. De esta manera, por ejemplo, en Guadramiro, donde el PP obtuvo la totalidad de los concejales, este partido tuvo, sumada la subvención por cada voto, unos ingresos de 1.403'64 ? por los resultados en las elecciones municipales de 2015. En el conjunto del partido judicial de Vitigudino las cifras fueron, evidente, mucho mayores. Así, el partido que más ingresos tuvo por sus resultados en nuestra zona fue el PP (que ingresó 57.204'72 ?), seguido de PSOE (con 24.219'54 ?) y Ciudadanos (4.601'34 ?). Sin embargo, de no haberse realizado la reforma mencionada en 2011, el PP hubiese ingresado por sus votos en nuestra zona 5.059'80 euros menos, el PSOE 812'70 euros menos y C's 270'90 euros menos.

Bien dice el dicho "quien hace la ley, hace la trampa", y bien se ve por dónde van los tiros. ¿Y si se despuebla el medio rural? No pasa nada, se aumenta el número de concejales para recibir más subvención y ya no es problema. ¿Y si se pierden las mayorías de antaño? Tampoco pasa nada, se reforma la ley para que me regalen quince o veinte puntos que no logre en las urnas y listo? También se podría luchar por frenar la despoblación en los pueblos, o hacer un esfuerzo para llegar a acuerdos con otros partidos pero, ¿Quién quiere trabajar por los pueblos o por el consenso pudiendo ahorrarse el esfuerzo? ¿Será esta la "marca España" de la que tanto hablan? Si es ésta paren el tren, que me bajo.