La mina espera aún la licencia del Ayuntamiento y de la Comisión Territorial de Urbanismo

La publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la aprobación definitiva de la modificación puntual de las normas urbanísticas de Barruecopardo, por parte de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, es un paso más a la ingente tramitación para que el proyecto de Saloro de extracción de wolframio sea una realidad en Barruecopardo.

A partir de mañana jueves, día de entrada en vigor de la aprobación, la empresa Saloro comenzará las gestiones ante el Ayuntamiento con el objetivo de que le sea concedida la licencia de actividad municipal, un paso que también llevará un trámite de exposición pública y la supervisión de la Comisión Territorial de Urbanismo, según explicó el consejero delegado de Saloro, Stephen Nicol, a LAS ARRIBES AL DÍA.

El motivo de que sea preceptiva la aprobación por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo obedece a que el Ayuntamiento de Barruecopardo, de acuerdo a su número de habitantes, no alcanza el grado de competencias en materia urbanística para proyectos de esta envergadura. Para la concesión de la licencia, Saloro presentará en los próximos días el proyecto al Ayuntamiento, y a partir de ese momento, según señaló el alcalde, Jesús María Ortiz, lo estudiará nuestro arquitecto Francisco Martín, que deberá darle el visto bueno, y el Ayuntamiento pasará a su aprobación para conceder la licencia de actividad, se expondrá al público para si algún vecino quiere realizar alegaciones y después se elevará a la Comisión Territorial de Urbanismo para que la apruebe".

Sobre el inicio de la actividad en la mina, Nicol aseguró que "Saloro está lista para comenzar una vez tengamos la licencia de actividad", aunque no quiso poner un plazo "porque no depende de Saloro, nosotros estamos listos para que una vez tengamos la licencia comenzar. Ahora depende del Ayuntamiento de la Comisión Territorial de Urbanismo".

Ocupación de terrenos

Además de los trámites pendientes con el Ayuntamiento y con la Comisión, aún quedan por resolver los contratos de arrendamiento de terrenos ocupados y de propiedad privada, unas 360 hectáreas de 150 propietarios. En estos momentos la empresa ha contraído acuerdos con la mayor parte de los propietarios, pero no con su totalidad. A pesar de ello, este no sería un requisito imprescindible para comenzar la actividad, pues los terrenos pendientes se ubicarían en el perímetro de la mina y que serían utilizados para su ocupación con áridos y otras actividades necesarias una vez avanzada la explotación.

Según avanzó el alcalde del municipio, Jesús María Ortiz, "los terrenos del Ayuntamiento y los caminos ya están cedidos", aunque señaló que "aún quedan por resolver algunos alquileres con derecho a compra de terrenos particulares, entre ellos una cortina de mi madre y que la semana próxima pasaremos por el notario para registrarla porque no estaba registrada y es lo que ha llevado esta demora, y como a mí, imagino que le haya pasado a más vecinos", aunque señaló desconocer el número de propietarios que aún no han firmado los contratos de arrendamiento.

En cuanto a las previsiones de empleo, Stephen Nicol señaló a este diario que se mantienen las previsiones de 110 puestos de trabajo directo, entre los que tendrán preferencia, en primer lugar, los propietarios de los terrenos afectados por la explotación, los vecinos de Barruecopardo y los de otras localidades de la comarca de Vitigudino.

Sobre la selección de personal, Nicol fue tajante, "no quiero vender humo, no hemos comenzado la selección porque aún no tenemos todos los trámites resueltos, en el momento que estén solucionados comenzaremos las entrevistas, donde tendrán preferencia los vecinos de Barruecopardo y de los pueblos de la comarca, como ya les hemos informado a los alcaldes".

Asimismo, el consejero delegado de Saloro confirmó las previsiones de inversión de la empresa en Barruecopardo, unos 50 millones para poner en marcha el proyecto, y una inversión en el conjunto de la actividad, durante los nueve primeros años, de 200 millones, pues cabe señalar que la empresa minera contempla una prórroga en la explotación de 15 ó 20 años.