Papel mojado

Nunca hubiera imaginado que con el transcurso de los años nuestra Ley de Leyes, nuestra Carta Magna, ese texto normativo tan importante que sirvió de puente de plata para trasladarnos de un régimen político autoritario a uno democrático, cayera en 'papel mojado'. Sabemos que un papel inundado por el agua vale tanto como una idea borrada o una estrategia que cae en el olvido. Y los responsables han sido los gobernantes, fundamentalmente a partir de la famosa reforma del artículo 135 consensuada entre Zapatero y Rajoy en la pasada legislatura, que incorpora el concepto de estabilidad presupuestaria y que tantos recortes sociales ha posibilitado en los últimos años. Hemos de reconocer que nuestra Constitución, que ahora cumple 36 años, posee una parte dogmática muy importante donde reconoce y garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos y una parte orgánica, de organización del poder, aceptable, aunque, lógicamente necesite con urgencia una reforma para adaptarla a la nueva realidad social, económica y política.

No hay más que leer titulares de medios de comunicación un día sí y otro también para comprobar que nuestros dirigentes políticos anteponen sus ideales partidistas al respeto de los principios y valores constitucionales. Como prueba basten estos ejemplos: "Bruselas y la OCDE sitúan a España entre los países que más recortan en sanidad aumentando las listas de espera", cuando los artículos 42 y 43 de la Carta Magna reconocen el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, siendo los poderes públicos los que tutelen y garanticen las prestaciones y los servicios sanitarios necesarios. Otro titular que hemos leído estos días dice lo siguiente: "Una anciana de 85 años desahuciada por avalar un préstamo a su hijo, se ha visto obligada a abandonar la vivienda en la que habitaba desde hace cinco décadas". Menos mal que la solidaridad de un equipo de fútbol modesto como el Rayo Vallecano, se hará cargo de realojar a esta señora en un piso. El artículo 47 establece claramente que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". La educación se deteriora cada día más. En este año los medios se hicieron eco de lo siguiente: "El recorte educativo alcanzará en 2014 los 7.300 millones de euros". Además de que el artículo 27 reconoce a todos el derecho a la educación, obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que sea universal y gratuita.

También he escuchado en los noticiarios que "según Eurostat (oficina europea de estadística), España es uno de los países en los que más han crecido las desigualdades sociales y actualmente es el segundo país con más desigualdad de la Unión Europea". En otro recorte informativo se dice que "España ocupa el primer puesto europeo en el índice mundial de miseria", un dato que se calcula sumando la inflación, el desempleo y los tipos de interés de los préstamos, restando luego al resultado el aumento porcentual del Producto Interior Bruto per cápita. El artículo 40 establece que "los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa". Otras informaciones son igualmente muy llamativas, entre las que destaco: "El PP pagó 1,7 millones en negro para remodelar su sede", es decir, que este partido defraudó a la Hacienda Pública, o el siguiente: "2.000 millones de euros de la Casa de Alba están exentos del pago de impuestos", en cambio, otra información asegura "La Casa de Alba recibió solo en 2011 más de tres millones de euros en ayudas de la Unión Europea". Huelga decir que el artículo 31 de nuestra Constitución establece que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad".

Son sólo algunas pruebas de los reiterados incumplimientos de la normativa constitucional por parte de los gobernantes, quienes tienen el deber ineludible (porque son los que, en nombre del pueblo, ejercen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos y dirigen la política del Estado) de cumplir con lo preceptuado en la Carta Magna. Recordemos que cuando un Ministro o un Parlamentario juran o prometen su cargo se comprometen a "guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado".