La demanda contra el Ayuntamiento no busca perjudicar a los ganaderos

La demanda interpuesta contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Villarino, por el que se realizaba la distribución de terrenos comunales a 11 ganaderos, y que ha sido presentada por Javier Sendín en representación del Grupo Vecinal Villarino-Cabeza, no busca perjudicar a estos últimos, según ha manifestado el denunciante a este diario.

Hay que recordar que la distribución de estas 1.420 hectáreas de terrenos comunales lleva consigo la emisión de certificados a cada uno de los 11 ganaderos que ejercen el aprovechamiento de pastos, al objeto de justificar las ayudas de la PAC, y que la nulidad del acuerdo conduciría a que los certificados emitidos por el Ayuntamiento fueran considerados también nulos, lo que podría llevar a los ganaderos a perder las ayudas solicitadas o concedidas sin necesidad de ningún acto jurídico añadido.

Según Javier Sendín, "esto no va con los ganaderos y por tanto aunque se anule la adjudicación, no vamos a reclamar nada a ellos. Lo que se pretende es que el Ayuntamiento deje de actuar como si no existieran normas que hay que respetar, y únicamente con el argumento de que siempre se ha hecho así".

En opinión de Sendín, "para que los ganaderos deban devolver algo, primero hemos de ganar el juicio, lo que no se puede afirmar hasta que no tengamos la sentencia; y, en segundo lugar, una vez ganado, alguien debe presentar otra querella contra los ganaderos, y eso no se va a hacer de ninguna manera", a lo que añade que "los ganaderos pueden estar tranquilos, en ningún momento se va a actuar contra ellos".

Si bien no es intención que los ganaderos deban renunciar a las ayudas solicitadas, la actuación de oficio de la Junta de Castilla y León en cualquiera de las inspecciones que realiza habitualmente, o en el momento de solicitar los certificados ?en tanto que este hecho se produce mucho tiempo después de su emisión?, podría detectar que los certificados emitidos son nulos y obligaría a los ganaderos a devolver las ayudas concedidas sin que ello suponga fraude alguno. Si esto sucediese, los ganaderos tendrían abierta la posibilidad de pedir responsabilidades al Ayuntamiento.