El Procurador del Común archiva una reclamación por la subida de las tarifas del agua

El Procurador del Común, Javier Amoedo, ha remitido un comunicado al Ayuntamiento de Vitigudino por el que le informa que ha procedido al archivo de una queja presentada en 2013 contra la aplicación de las tarifas del agua aprobadas por el Ayuntamiento de Vitigudino.

En el escrito, Amoedo sostiene que tras estudiar el informe remitido por el Ayuntamiento, en respuesta al expediente de queja registrado en el Procurador del Común, y "una vez analizado el motivo de la queja, "no se detecta" en los hechos "ningún tipo de irregularidad achacable" a la actuación del Ayuntamiento "que requiera una decisión supervisora". Por ello, añade, "se procede al archivo del expediente", decisión que informa ha sido comunicada al reclamante.

A la decisión del Procurador del Común se suman la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Salamanca, que hace casi un año daba por ejecutada la sentencia sobre la nulidad de las tarifas del agua.

El juez decidió entonces archivar el procedimiento judicial iniciado contra el Ayuntamiento después de que la Corporación municipal aprobase en el mes de mayo de 2013 las tarifas de abastecimiento de agua con carácter retroactivo al 28 de junio de 2010, tarifas que antes de este último paso fueron autorizadas por la Comisión de Precios de Castilla y León.

En este sentido, el alcalde de Vitigudino, Julio Santiago, señaló que el comunicado del Procurador del Común no hace sino "ratificar la decisión del Juzgado y el correcto procedimiento administrativo llevado a cabo por el Ayuntamiento".

Una subida en 'la picota'

Hay que recordar que las nuevas tarifas incrementaron entonces los precios por abastecimiento de agua un 101 por ciento, cifras resultantes de la aplicación de un canon de 510.000 euros, correspondiente a la deuda contraída con la empresa adjudicataria por este servicio, y la aplicación del IPC de varios ejercicios.

Para la oposición, el carácter de retroactividad del acuerdo alcanzado el 3 de mayo de 2013 fue calificado de "ilegal", postura que ratificaron registrando un escrito en el Ayuntamiento para solicitar la devolución de la parte correspondiente entre los abonado en sus recibos del agua y las tarifas vigentes hasta 28 de junio de 2012, si bien habría que precisar que su aplicación comenzó el uno de enero de 2011. Esta solicitud también fue registrada ante la empresa concesionaria del servicio, entidad que es la que ha facturado las cuantías correspondientes en este periodo de algo más de dos años.

Como ya apuntó entonces este diario, el objetivo principal del acuerdo y que dio validez el Juzgado, además de ?según la juez? subsanar los errores de la aprobación anterior por no haber sido autorizadas las tarifas por la Comisión de Precios, trataba de legitimar el cobro de las cuantías abonadas por los usuarios en este periodo, e impedir la reclamación de devoluciones por parte de los vecinos, cantidades que ascenderían, aproximadamente, a la mitad de lo pagado en cada recibo del agua.