Miércoles, 18 de julio de 2018

Llegó ‘la mujer del César’

Profesor de Derecho Penal de la Usal

El primero de junio del presente año marcó un antes y un después en la concepción de la política española. Desde el punto de vista de la transparencia y la ética (principios fundamentales que deben presidir cualquier actividad política y de gestión de los intereses colectivos) pasamos directamente del Antiguo Régimen al siglo XXI de un plumazo. Del “no me voy, me quedo, me voy a quedar” de la ya ex presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que se mantuvo 35 días en el poder desde que saltó el escándalo de su master, a las 10 horas que transcurrieron desde que un medio de comunicación filtró las irregularidades fiscales del nuevo ministro de Cultura, Maxim Huerta (que defraudó a Hacienda hace unos años al tributar por sus ingresos de forma ilegal durante unos ejercicios fiscales y que posteriormente resolvió pagando lo que le correspondía debido a una sentencia desfavorable para él del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuando aún no era ministro) hasta que presentó su dimisión, hay una diferencia sustancial.

La oportuna y adecuada renuncia del ministro engrandece aún más la expectativa ciudadana ante el nuevo gobierno y marca un precedente encomiable sobre transparencia que no se recuerda en los cuarenta años de democracia constitucional en España. La decisión ha dejado fuera de juego sobre todo al PP y a Ciudadanos que, estoy seguro, deseaban que Maxim Huerta hubiera continuado en su cargo para irse nutriendo de argumentos en contra del gobierno Sánchez. Incluso algunos editoriales de medios de comunicación afines a la derecha política manifiestan una hostilidad crítica que oculta indignación y cabreo. Algún medio consultado califica la renuncia del ministro como “auténtico escándalo político”, con extensos editoriales, mientras que al ingreso en prisión de Jaume Matas por su sexta condena por corrupción política le dedican apenas unas marginales líneas. Un político al que dedicó los mayores elogios el ex presidente M. Rajoy, diciendo que Matas era un modelo a seguir.

Por otro lado, los miembros del PP no han interiorizado aún que para exigir responsabilidades políticas y penales por presuntas irregularidades hay que estar legitimado. Y, desde ese punto de vista, el PP no lo está, porque habiendo sido condenado, -como es el caso-, como responsable a título lucrativo (lo que actualmente, en virtud de las reformas del Código Penal, sería responsabilidad penal de la persona jurídica, es decir, del PP y podría ser sancionado, incluso, con a disolución), no lo reconocen. Así, Rafael Hernando, que es portavoz de un grupo parlamentario que ha sido condenado, debería haber renunciado a su cargo. Está inhabilitado, por tanto, para exigir responsabilidades políticas al actual gobierno y a su presidente. El PP no utiliza la misma vara de medir cuando exige responsabilidades que cuando las tiene que cumplir.  Sí estarán legitimadas otras formaciones políticas para exigir responsabilidades al actual gobierno y este tiene el deber (por ética política y transparencia) de depurarlas cuando sea menester.

Contaba Plutarco (historiador y filósofo griego con ciudadanía romana) que el emperador Julio César se divorció de su esposa, Pompeya Sila, porque se enteró que ésta había asistido a una Saturnalia (orgía sexual), que la aristocracia romana realizaba en algunas ocasiones. Anunciado el divorcio, se demostró que Pompeya Sila había acudido a la orgía, pero sólo como espectadora y no había cometido ningún acto deshonesto. Entonces, las matronas del patriarcado romano (mujeres de la aristocracia) pidieron a Julio César que revocara el divorcio, a lo que éste contestó: Mulier Caesaris non fit suspecta etiam suspicione vacare debet, es decir, “la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo”.

Con la llegada del nuevo gobierno parece que ha aterrizado en España ese concepto de “la mujer del César”, que, por otra parte, está vigente en los países más cohesionados y avanzados del mundo. No tenemos más que asomarnos a la ventana europea y comprobaremos que cuando en Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca o Finlandia, por ejemplo, salpican casos de corrupción (infinitamente menos grave que los que han asolado al PP en España) de servidores públicos, renuncian inmediatamente al cargo, porque sienten que han defraudado a la ciudadanía, a la que representan. Así debe ser. Esperemos que este concepto de “la mujer del César” haya llegado para quedarse definitivamente entre nosotros.