Jueves, 22 de febrero de 2018

Violencia policial en Brasil y Derechos Humanos

La nueva ley sancionada por el presidente Michel Temer, que transfiere a la Justicia Militar la competencia para juzgar crímenes contra civiles cometidos por policías es un atentado a los esfuerzos en favor del derecho de las personas a un juicio imparcial, además de afectar la protección de los ciudadanos de clases desfavorecidas 

Autora: Alice Assis de Figueiredo Roza

Activista por los Derechos Humanos

El 16 de octubre de 2017 el presidente brasileño Michel Temer sancionó un proyecto de ley que transfería a la Justicia Militar la competencia para juzgar los crímenes de carácter doloso cometidos por militares en contra de civiles. El texto sancionado por Temer afirma que se tendrán en cuenta los crímenes cometidos por los militares en cumplimiento de las funciones preestablecidas por el presidente de la República o por el Ministro de Defensa en las acciones que suponen seguridad de las instituciones estatales y en actividades que garanticen la ley y el orden. De acuerdo con la ley de 1966, hasta entonces en vigor, los crímenes cometidos por policías eran juzgados por tribunales de justicia común. Sin embargo, según el Ministro de Defensa brasileño, la principal razón por la modificación de la ley es que los militares no actúan como ciudadanos comunes sino como agentes del Estado, y por lo tanto cumplen órdenes estatales, debiendo así ser juzgados por un tribunal especial.

La nueva ley ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones no gubernamentales y también por el ministerio público federal brasileño. La principal crítica ha sido el hecho de que las Fuerzas Armadas ya han demostrado que no son imparciales en los juzgamientos que atentan a la legitimidad de la organización, y en muchas ocasiones no han puesto de manifiesto una apuración rigorosa de los casos presentados. Un ejemplo claro son las innumerables denuncias de torturas, asesinatos y desapariciones forzosas de crímenes que han sido cometidos durante el período de la dictadura militar que todavía siguen impunes. No obstante, respondiendo a las críticas, el ministro de Defensa ha afirmado que la situación actual no se compara a la época de la dictadura militar y ha afirmado que Brasil se encuentra en un contexto democrático en el que se garantiza la independencia de las instituciones. Por otro lado, tanto el Tribunal Supremo Militar y el Ministerio Público Militar también han afirmado que actuarán en conformidad a la ley y de manera independiente.

Además de los cuestionamiento acerca de la parcialidad de la justicia militar, el principal debate acerca de la nueva ley ha sido acerca de la actuación de los militares en Brasil. La nueva ley fue aprobada en un contexto donde un decreto aprobado recientemente permite la participación de hasta 10.000 miembros de la Fuerzas Armadas en operaciones de orden público en el estado de Rio de Janeiro hasta finales de 2018. Además, los militares han sido utilizados inúmeras veces en los últimos meses para combatir a las bandas de narcotraficantes que dominan algunas de las favelas de Rio de Janeiro, generando en muchos casos inúmeras violaciones de derechos humanos. Algunas organizaciones internacionales y miembros de la sociedad civil han argumentado que la ley aprobada supone legalmente una licencia para matar.

Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han manifestado su postura en contra del decreto afirmando que la nueva ley se asemeja a las leyes aprobadas en América Latina durante el período de las dictaduras militares. El decreto supone preservar a los miembros de las corporaciones militares otorgando a las Fuerzas Armadas la capacidad de juzgarse a sí misma, hecho que va en contra de las normas internacionales de promover un juzgamiento imparcial y justo. La cuestión es que la relación entre las fuerzas de seguridad brasileñas y la sociedad civil es de extrema sensibilidad, y como se ha visto en otros casos, los problemas de corrupción, falta de diálogo o violación de derechos humanos son corrientes en el día a día de las camadas más pobres de la sociedad. Con la aprobación de esta ley, esta relación se complica, agravando aún más los problemas relacionados con la falta de legitimidad estatal de actuar en defensa de la sociedad civil, incrementando la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a instituciones que tienen el respaldo del poder estatal, y empeorando la situación de la protección de los Derechos Humanos en el país.