Una de las funciones que el poder tiene en un sistema político democrático, que es posiblemente una de las más desatendidas, es la de la explicación de por qué se toman unas decisiones y no otras. Hay varias excusas recurrentes en las que se apoya tal actitud que se mueven básicamente al hilo de dos escenarios: el paternalismo y la coartada mayoritaria del poder.
El primero desarrolla argumentos basados en la ignorancia de la gente, la sofisticación de algunas de las políticas que se van a tomar, la necesidad de proteger a la población de malas noticias y el entendimiento de que esta tiene otras preocupaciones que le resultan más relevantes.
El segundo tiene que ver con la convicción de que un gobierno que se sustenta en una mayoría (simple o absoluta, en votos o en escaños) tiene una patente de corso explícita para realizar las políticas que estime oportunas, siguiendo el programa anunciado en la campaña electoral o interpretando soberanamente los nuevos retos existentes y reaccionado a los mismos con políticas.
La tensión entre el poder y los individuos es un asunto viejo. Hoy asumimos que la democracia representativa supone un salto cualitativo enorme en ella habiéndose encauzado alguno de los conflictos más señeros. La soberanía popular, el imperio de la ley, la separación de poderes, la elección periódica de los gobernantes, la representación de los intereses de los ciudadanos, la participación de estos en instancias intermediadoras, son cuestiones indiscutibles, aunque en ocasiones se debata su incorrecto funcionamiento que conduce a situaciones de malestar, desafección y desencanto. La indignación ha sido una de las respuestas más evidente en España y países aledaños.
Sin embargo, un elemento de la práctica política democrática de corte pedagógico, pero que tiene un componente político incuestionable de rendición de cuentas consiste en la explicación de las decisiones del poder. Normalmente, y fuera de los preceptivos informes que deben emitir diferentes organismos públicos, este desempeña esa actividad ante los medios de comunicación o en sede parlamentaria bajo la forma de sesiones de control.
Pero en ambos escenarios predominan los clichés, las interpretaciones banales y partidistas. Incluso se ha llegado a que los gabinetes de comunicación enlaten las comparecencias. En general esas intervenciones confunden más que aclaran, incrementan el enfado más que convencen.
El resultado es una desinformación total cuando no una pavorosa ausencia de motivaciones que incrementa la desconfianza del público para con sus gobernantes. Estos siguen parapetados tras el blanco muro del silencio oficial.
Por ello, la comisión de investigación sobre la crisis financiera en la que están participado (ex)ministros de Economía, señores Rato, Solbes y Guindos entre otros, debería ser una ocasión excelente para entender lo que pasó. Claro que hay un abismo estrafalario en las intervenciones.
Toda explicación requiere atender con predisposición razonable a las preguntas que se formulan. No hay que utilizar la tribuna para otra cosa, ni revertir los papeles. Explicar consiste en llegar al fondo de las cosas, aunque sea desde la perspectiva personal de quien se interpela.
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