Domingo, 17 de diciembre de 2017

“Sin casa, me he quedado sin casa”

Autor: David García Méndez

Activista por los Derechos Humanos

“Sin casa, me he quedado sin casa”. ¿No te revuelve el estómago esta frase? En los últimos años más de 400.000 familias -familias, como la tuya- han tenido que pronunciarla, probablemente entre lágrimas, para pedir ayuda. Te quedas en la calle, así, como suena. Alguno dirá que no es literal, que no es para tanto, pero ¿qué le queda a alguien sin un sitio al que llamar hogar? Te ayuda tu familia, te quedas con unos amigos o en un piso cerrado de tu prima, los niños con los abuelos, pero todo es provisional, prestado, frío. No tienes nada. Un poco de ayuda de alguna administración, nada definitivo que te permita respirar, dejar de pensar que vives al día y que no sabes dónde estarás cuando se acabe la ayuda, cuando se olviden de ti y a tu familia no le quede nada de dónde tirar para ayudarte. Tu vida hecha añicos y la verdad es que tampoco eres especial, eres otro número más en la estadística de la vergüenza nacional: la de los jodidos -sí, jodidos-.

Amnistía Internacional ha publicado un informe denunciando esta vergüenza -sí, vergüenza, no situación- y que se enfoca en los desahucios de viviendas en alquiler, por ser más numerosos estadísticamente, describiendo la falta de garantías de protección de los derechos para las personas afectadas. También denuncia la tremenda injusticia que supone la falta de un juicio de proporcionalidad del desahucio y el pasotismo de algunas administraciones, que se ceba especialmente con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como pueden ser las víctimas de la violencia de género o las familias monoparentales.

¿Cuántas familias tienen que quedarse en la calle para que las administraciones públicas decidan darse cuenta de que en España tenemos un problema con la vivienda? No podemos, como sociedad, seguir dándole la espalda a miles de compatriotas que, por culpa de una mala racha, no pueden afrontar el pago de su vivienda. No caigamos, por favor, en el miserable argumento esgrimido por algunos: vivían por encima de sus posibilidades. Amigos, permitidme deciros que una familia que vive de alquiler en un barrio de Madrid y cuyo fin de mes comienza el día quince o una pareja joven que se compró un piso sobrevalorado y con malas calidades en plena burbuja no viven por encima de sus posibilidades -¿qué posibilidades?-, viven como pueden: malamente.   

Llevamos diez años de crisis económica y el Gobierno español todavía no ha adoptado medidas orientadas a reforzar las garantías de protección del derecho a la vivienda adecuada, o a garantizar los derechos de las personas afectadas. Sobre todo, urge tomar medidas para posibilitar que las mujeres víctimas de violencia de género tengan un fácil acceso a una vivienda social, pues ahora se exige una condena o medida de seguridad al maltratador sin tener en cuenta que un elevado número de víctimas viven sumidas en el terror, lo que les impide denunciar y esperar a la sentencia. Necesitan huir para salvar su vida, no les hagamos pasar por un calvario judicial.

También es sangrante la situación de la vivienda social en España, cuyo presupuesto se ha desplomado más de un 70% desde 2009, situándose ahora en torno al 0,5% del PIB. Recordemos que España nunca se ha caracterizado por tener un abundante parque de vivienda social (2%) si se compara con el de nuestros vecinos europeos como pueden ser Francia (17%), Reino Unido (18%) o Austria (20%), luego podemos afirmar que esta reducción de la inversión pública en vivienda supone renunciar a toda aspiración de convergencia con nuestros socios europeos.

Frente a esto, organismos internacionales como Naciones Unidas han instado al Gobierno a tratar de revertir los efectos de las políticas de austeridad de los últimos años y le han recordado que estas medidas de reducción del gasto tienen que ser transitorias y deben realizarse teniendo presente a qué colectivos van a afectar, evitando que sean los más desfavorecidos. También es cierto que puede que administraciones públicas como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid no hayan tenido conocimiento de estas recomendaciones porque estaban demasiado ocupadas vendiendo las viviendas sociales a fondos buitre. Algo perfectamente comprensible -el tiempo es un recurso escaso- además de, en mi opinión, miserable.

Para cambiar este dramático panorama, Amnistía Internacional ha iniciado una campaña de recogida de firmas -puedes firmar aquí, en su página web- para exigir al gobierno central la adopción de un protocolo marco que coordine a los juzgados con las autoridades locales, orientado a asegurar alternativas de vivienda seguras a aquellos que sufren un proceso de desahucio, y el aumento de los recursos destinados a vivienda social. Todo ser humano merece algo a lo que llamar hogar; firma y cambiemos las normas de juego.