Domingo, 24 de septiembre de 2017
Ciudad Rodrigo al día

La defensa jurídica del Ayuntamiento en la demanda de las becas escolares costó 2.900€

CIUDAD RODRIGO | El PP lo considera “elevadísimo”, defendiendo el Equipo de Gobierno que era el demandado y que es ‘lo habitual’

La exclusión de los alumnos de Educación Concertada de la posibilidad de optar a las becas escolares convocadas por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para el curso 2015/2016 sigue coleando dos años después, en este caso por los gastos que implicó para el Consistorio su defensa jurídica ante la demanda presentada en los tribunales por la Asociación de Madres y Padres del Colegio Misioneras de la Providencia-Santa Teresa de Jesús.

Los gastos generados fueron sacados a la luz en la mañana del martes por el Grupo Municipal Popular en una nota de prensa, que fue replicada durante la misma mañana por el Equipo de Gobierno del Consistorio con una doble nota.

Según indican desde el PP, solicitaron al concejal de Hacienda la cuantía de los honorarios de los profesionales contratados para defender al Ayuntamiento, resultando que los honorarios del abogado han sido de 2.783€, y los del procurador, 126,59€, totalizando de este modo un gasto de 2.909,59€.

El PP destaca que, tomando como referencia el número de niños de la Educación Concertada que se beneficiaron de beca en el curso 2016/2017, un total de 32, el gasto en la defensa jurídica fue superior al que hubiera supuesto conceder becas a ese mismo número de niños en el curso 2015/2016.

En torno al coste en sí, el PP lo considera “elevadísimo”, subrayando que “los caprichos ideológicos de Izquierda Unida, secundada por PSOE y Ciudadanos, salen caros”, “poniendo de manifiesto del capricho del tripartito sobre el asunto”.

Como réplica, el Equipo de Gobierno resalta en su nota que el coste de un procedimiento contencioso administrativo ordinario como éste suele ser “siempre similar” para el Ayuntamiento, “con independencia del abogado y procurador que lo lleven”. Además, recuerdan que en este proceso “el Ayuntamiento es el demandado”, y que “la obligación y la responsabilidad  del Ayuntamiento es defenderse”.

El despacho contratado y el gasto en los últimos años

Por otro lado, en la nota de prensa emitida por el PP se expresa que “sorprende” ese gasto jurídico que “factura el servicio de abogacía de Salamanca que tiene sobradas conexiones con Izquierda Unida”.

En torno a este punto, el Equipo de Gobierno replica que ese servicio de abogacía, Azafranal Abogados, tiene ‘sede’ en Ciudad Rodrigo, con una placa en la calle Medina, y es “un despacho habitual del turno de oficio en los Juzgados de Ciudad Rodrigo”. Asimismo se expone que esta defensa jurídica en la cuestión de las becas ha sido “el único encargo profesional que se les ha realizado”, considerando que la defensa fue “muy diligente y adecuada, hasta el punto que la sentencia desestimaba el recurso presentado”.

El Equipo de Gobierno explica en su nota que durante esta legislatura se están contratando servicios de abogacía y defensa jurídica “con profesionales que disponen de despacho en la localidad”, “algo que difiere notablemente con respecto a la actuación de la anterior etapa del gobierno del PP”.

Según se apunta en la nota, el PP “tenía como abogado ‘principal’ a un profesional sin despacho en Ciudad Rodrigo que además era integrante durante dicha legislatura del Comité Ejecutivo Provincial del PP”, cuyo despacho, “de forma individual, a través de empresas o con un socio”, facturó más de 50.000€ al Ayuntamiento entre 2012 y 2016.

En lo que se refiere a los gastos jurídicos en general, el Equipo de Gobierno también matiza que durante esta legislatura “se ha producido una bajada significativa de los gastos jurídicos” del Consistorio. Según los datos desvelados por el Equipo de Gobierno, en 2012 el gasto jurídico fue de 52.844€; en 2013, de 63.136,51€; en 2014, de 32.848,24€; en 2015, de 21.802,42€; y en 2016, de 9.715€. Mientras, en lo que va de año, el gasto asciende a 12.990€.

Volviendo al asunto de las becas, el PP resalta que, pese al gasto jurídico generado, el Equipo de Gobierno “sigue dando prioridad a los niños de unos colegios frente a otros en caso de empate, habiendo familias con necesidades en todos los colegios de nuestra ciudad, a pesar de la insistencia de nuestro grupo para que esta injusta discriminación siga vigente”.