Francia, la cuna de los derechos del hombre ¿en peligro?
Si Francia merece una atención especial en el presente artículo es por su capital importancia desde hace más de dos siglos. Desde 1789 Francia fue y sigue siendo un referente político y cultural en Europa. Sin embargo, los actuales tiempos, poco propici
Autor: Jesús Martín Piñuela. Activista por los Derechos Humanos
Acudiendo al último informe de Amnistía Internacional, debemos recordar que al empezar 2017, el mundo se ha convertido en un lugar inestable, extendiéndose el miedo al futuro. En 2016, diferentes responsables políticos sacaron provecho de un sentimiento generalizado de inseguridad. El resultado fue el debilitamiento generalizado del Estado de derecho y la erosión de la protección de los derechos humanos, sobre todo para las personas refugiadas y para las sospechosas de terrorismo, pero en definitiva para cualquiera.
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El 10 de junio, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó a Francia su preocupación por las denuncias de uso excesivo de la fuerza, ejercido por la policía en el contexto de registros que practicaba por orden administrativa en virtud de las facultades de excepción, y pidió que se investigaran.
Además, el Parlamento francés aprobó, el 3 de junio de 2016, una legislación que autorizaba al ministro del Interior a utilizar medidas de control administrativo contra personas que presuntamente habían regresado de zonas de conflicto cuando se consideraba que representaban una amenaza para la seguridad pública.
El 13 de junio de 2016, un agente de policía y su compañera fueron asesinados en su vivienda, en la región de París. El 14 de julio, un hombre mató a 86 personas en Niza al arrollar intencionadamente con un camión a la multitud congregada para celebrar la fiesta nacional de Francia.
Una semana después del atentado de Niza, el Parlamento votó a favor de prorrogar hasta el 26 de enero de 2017 el estado de excepción vigente desde los atentados coordinados cometidos por terroristas en París en noviembre de 2015. El 15 de diciembre, el Parlamento votó a favor de otra prórroga hasta el 15 de julio de 2017.
El estado de excepción concedía facultades excepcionales a la policía y al Ministerio del Interior para, entre otras cosas, llevar a cabo registros domiciliarios sin autorización judicial e imponer medidas de control administrativo que restringían la libertad de la persona en función de pruebas poco precisas
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Por otra parte, la acumulación de migrantes y solicitantes de asilo en el campo de "La jungla", en Calais, pasaron a ser tan representativos de las fallidas políticas migratorias de Europa como los campos superpoblados de las islas griegas de Lesbos y Quíos y los refugios improvisados frente a las alambradas de espino de Hungría. El 24 de octubre, las autoridades comenzaron a desalojar a las más de 6.500 personas migrantes y solicitantes de asilo que vivían en el asentamiento informal de Calais; el proceso duró varios días. Los afectados por el desalojo fueron reubicados en centros de recepción de todo el país, donde recibieron información sobre los procedimientos de concesión de asilo. Las autoridades no consultaron debidamente a los migrantes y solicitantes de asilo ni les proporcionaron información adecuada antes del desalojo.
Organizaciones de la sociedad civil expresaron su inquietud por el proceso seguido con los aproximadamente 1.600 menores no acompañados que vivían en el asentamiento. Su situación debía ser evaluada conjuntamente por las autoridades británicas y francesas en función de su interés superior como menores y su posible traslado a Reino Unido para reunirlos con sus familias. Las autoridades no tenían capacidad para llevar un registro de todos los menores y, al parecer, rechazaron a algunos basándose en su supuesta edad sin someterlos a una evaluación exhaustiva. El 2 de noviembre, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU expresó su preocupación por los menores que habían quedado en Calais sin alojamiento, alimentación ni servicios médicos adecuados como consecuencia de la operación de desalojo
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Según datos publicados por el gobierno en diciembre de 2016, desde noviembre de 2015 se habían llevado a cabo 4.292 registros domiciliarios y se habían dictado órdenes de asignación de residencia contra 612 personas, por lo que se temía que los poderes de excepción estuvieran utilizándose de manera desproporcionada.
Recordando el Informe de Amnistía Internacional, "es en estas épocas cuando hacen falta voces valientes, héroes corrientes que se alcen contra la injusticia y la represión. Nadie puede abarcar el mundo entero, pero cada persona puede cambiar su propio mundo. Cualquiera puede luchar contra la deshumanización, actuando localmente para reconocer la dignidad y los derechos iguales e inalienables de todas las personas, y sentar así las bases de la libertad y la justicia en el mundo. 2017 necesita héroes, héroes de los derechos humanos."
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