Lunes, 21 de agosto de 2017

El presente efímero

Que sí, que en aquella España de charanga y pandereta que cantaba Machado se veía más la paja en ojo ajeno que una viga en el propio. Y, si bien el refrán puede quedarnos algo desfasado, es innegable: aún nos cuesta mirarnos en el espejo.

Autor: Pablo Martínez Ramil, activista por los Derechos Humanos.

    Tal vez no sean nuevos para el lector los hechos que presento aquí –puede que los haya ido conociendo a ritmo de cuentagotas–, pero mediante un ejercicio de síntesis vamos a apreciar hasta dónde se ha ido «vaciando el vaso» de los derechos humanos en España.

   Estoy seguro de que ya conocen el drama que han vivido y siguen viviendo centenares de familias desalojadas de sus casas ante la ausencia de una política estatal que vele por el cumplimiento del artículo 47 de nuestra constitución. Pero, ¿sabían ustedes que el máximo «garante» de la misma avaló la exclusión del sistema sanitario de los mal llamados inmigrantes «ilegales»? Y esto se realizó mediante una sentencia que fue más allá: no hablamos solo de un recorte de derechos a una minoría ya de por sí desprotegida, sino de un texto que da carta blanca a un libre moldeo de los derechos fundamentales en base a «criterios económicos generales». ¿Resultado? En torno a 875 000 tarjetas sanitarias retiradas.

   Esta nueva moda de concebir los derechos humanos como divisa de cambio frente a problemas económicos solo ocasiona problemas mayores o agudiza los ya existentes. Desde 2011 a 2015, se ha producido un descenso del 21% de las partidas destinadas a la protección estatal de las víctimas de violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado, mientras que las partidas específicas destinadas a los servicios de atención a víctimas gestionadas por las comunidades autónomas se han reducido un 50%. Como dato, en lo que va de año –y en el momento de redactar este artículo–, las estadísticas oficiales cifran ya en 11 a las asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

    Por si acaso nos diese por protestar, el gobierno, preocupado por «nuestra seguridad», en un alarde de ingeniosa elaboración jurídica se ha sacado de la chistera la Ley de Seguridad Ciudadana seguida de una importante reforma del Código Penal. Desconozco la efectividad de su protección a efectos prácticos, pero es innegable que impregna a los diarios de opinión de una estética «grouchomarxista», regalándonos joyas como «Multada con la Ley Mordaza por llevar un bolso con la cara de un gato y las siglas A.C.A.B.», «Ley mordaza: multas de 600 euros por darle al "me gusta" en redes sociales a un vídeo viral» o «Dos titiriteros, detenidos por hacer apología del terrorismo». Si bien muchos nos reímos por no llorar, el asunto es grave: Amnistía Internacional ya ha documentado el uso abusivo de sanciones contra manifestantes pacíficos, lo que de facto está orientado a desincentivar la protesta social en España y limita el derecho a la libertad de reunión pacífica. Y, claro, a veces puede dar la sensación de que la definición de seguridad depende de la perspectiva.

    Frente a una potencialmente peligrosa camiseta o un terrible vídeo viral en redes sociales, solo una rauda y eficiente respuesta de los cuerpos de seguridad puede «salvaguardar» el orden público. En cambio, un problema nada típico en democracia como es la tortura se ha silenciado totalmente en nuestro país. No hago referencia a un problema estructural, pero no por ello debemos ser menos claros: en España existe la tortura y sí se da con más frecuencia que en meros casos aislados (mayoritariamente en las manifestaciones –con un excesivo uso de la fuerza–, pero también en las detenciones –donde se han denunciado sometimientos a malos tratos–). Habrá quien tilde de exageradas estas palabras (¡hablar de tortura en España!), pero Estrasburgo ya ha condenado al estado español en siete ocasiones por no haber investigado lo suficiente denuncias en torno a estos hechos. La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura ha recopilado en diez años más de 6000 denuncias de torturas y malos tratos policiales, así como la muerte «bajo custodia» de 883 personas.

   Si hablamos de migración, también somos bastante coherentes. Nuestro presidente, que no cree en muros como el de Trump, comulga, sin embargo, con las concertinas en Ceuta y Melilla, con las devoluciones en caliente y con un uso excesivo de la fuerza contra refugiados, migrantes y solicitantes de asilo. Las consecuencias, funestas: basta señalar que el pasado 4 de febrero se cumplía un año de la tragedia del Tarajal, donde 15 personas perdieron la vida debido a la actuación de la Guardia Civil. Quien lea esto puede pensar que, pese a tragedias de esta índole, el gobierno ya ha tomado medidas al respecto. Lamentablemente, las obligaciones internacionales cuando no ahondan en temas económicos son solo papel mojado. De los 17 000 refugiados que España se comprometió a recibir, han pisado suelo español 1034; el resto siguen en el barro.

    Tampoco nos pensemos que todo es nuevo. También arrastramos problemas de derechos humanos desde hace años, como es el caso de las víctimas del franquismo y de la guerra civil. El concepto de «justicia transicional» en España se entendió de aquella manera y, a día de hoy, instancias internacionales reconocen 141 000 casos de desaparición forzosa en nuestro país, más que en toda América Latina en el siglo XX –y contabilizando únicamente los casos que están frente a un juez–. Que el Supremo dictara un «bloqueo jurídico» en forma de sentencia en el año 2012 ata de pies y manos al resto de la judicatura.

    Concluyamos con una cita de uno de nuestros oradores más elocuentes: «¿y la europea?». ¿Qué pasa con las instancias internacionales? En 2015, en su informe sobre España, el Consejo de Europa ya advirtió a nuestro gobierno de que la política de recortes provocaba una degradación de los derechos humanos y un importante incremento de la pobreza. No fue el único; también el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas llegó a la misma conclusión en su visita a España. Allí, medidas más concretas fueron criticadas: la ONU –por medio de su Comité de Derechos Humanos– destacó el nefasto impacto de la Ley Mordaza en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

   Mucho me temo que, en mayor o menor medida, Machado ha acertado: hemos engendrado un presente vacío. Que sea pasajero o no, dependerá de nosotros como ciudadanía. Desde Amnistía Internacional mantendremos la vela encendida. Una vela que, en palabras de Peter Benenson, «no arde por nosotros, sino por todos aquellos a quienes no conseguimos sacar de prisión, a quienes dispararon camino de la cárcel, a quienes torturaron, secuestraron o hicieron “desaparecer”. Para eso es la vela».