Un concejal de Retortillo recibe una soga de ahorcado a modo de amenaza

La Corporación Municipal de Retortillo ha dado a conocer mediante un comunicado de prensa las gravísimas amenazas sufridas por uno de sus integrantes, Eustaquio Martín Herrero. Tal y como se explica en el comunicado, este concejal ha sido objeto de una amenaza "grave, real y directa contra su vida y su libertad de expresión".

Concretamente, lo que ha ocurrido es que Eustaquio Martín ha recibido el sobre que aparece en la imagen de la derecha, con la empresa Berkeley como supuesto remitente, en cuyo interior había una soga de ahorcado. La Corporación de Retortillo entiende que se trata de "un ataque propagandístico y de coacción al Ayuntamiento de Retortillo y más concretamente a nuestro compañero".

Como se explica en el comunicado, los hechos han sido puestos en conocimiento de la autoridad competente, interponiéndose la pertinente denuncia con el fin de esclarecer lo acontecido y que se tomen las medidas judiciales que sean necesarias.

Ante la ausencia en estos momentos de secretario-interventor en el Ayuntamiento, no se ha podido celebrar un pleno extraordinario, pero los concejales sí se han reunido para "solidarizarse al unísono con el concejal amenazado", mostrándole su "incondicional apoyo". De igual modo, se muestra el agradecimiento por todas las muestras de cariño y solidaridad que están recibiendo tanto el concejal amenazado como el Ayuntamiento en general por estos hechos "tan graves".

La Corporación de Retortillo también resalta en su comunicado que ningún miembro de la Corporación se va a dejar influenciar por los ataques e insultos que "constantemente" vienen recibiendo, la mayoría a través de redes sociales, "por el simple hecho de hacer lo que creemos que es mejor para nuestro municipio, que a fin de cuentas no es más que hacer cumplir las normativas y leyes existentes".

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Retortillo declaró el pasado mes de octubre como 'non gratos' a la Plataforma Stop Uranio y a dos de sus activistas, por el "grave daño que están causando" al municipio y a sus vecinos "sin ser residentes ni vecinos ni representantes elegidos del mismo".

En la declaración que se aprobó aquel día, se decía que la Plataforma y esas personas estaban divulgando "de manera permanente argumentos que sin prueba alguna ponen en tela de juicio las decisiones tomadas por las administraciones españolas así como la integridad de este Ayuntamiento llegando a difamar a los miembros en medios de comunicación y redes sociales causando daños morales a la Corporación y a sus familias".