Domingo, 25 de junio de 2017

El TSJCyL deja sin efecto el decreto de 2015 que regula la caza al anular varios de sus artículos fundamentales

La FCCyL exige a la Junta que tome medidas para garantizar la caza como actividad legal y critica la judicialización de la actividad cinegética por parte de los colectivos anticaza

En peligro de nuevo la temporada de caza / CORRAL

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha vuelto a dar la razón a Ecologistas en Acción sobre la normativa que regula la actividad cinegética en Castilla y León. Esta es la cuarta ocasión en la que la justicia ha puesto en entredicho la capacidad de los técnicos y políticos en materias medioambiental y jurídica de la Junta de Castilla y León. La sentencia ahora del TSJCyL deja sin efecto el Decreto 32/2015 relativo a la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, después de anular artículos fundamentales como el 13, en el que se detalla la relación de especies consideradas cinegéticas. Al 13 se suamn los artículos 9.4, 14, 15 y 19.1.a y 19.1.b y anexo. 

Como señalan desde Ecologistas en Acción, “es importante destacar, y así lo ha hecho el tribunal, que este proceso judicial tiene precedentes en otras sentencias que anularon la orden de vedas de caza del año 2002 y 2010 por ser contrarias al ordenamiento jurídico. Previamente una sentencia ya había anulado el Decreto 172/1998 que regulaba las especies cinegéticas. Estas sentencias obligaban a la Junta de CyL a aprobar un Decreto que regulase correctamente y específicamente la caza de cada una de las especies cinegéticas. Algo que hizo con la aprobación del Decreto 65/2011 que fue anulado por el TSJ de CyL en 2015 por carecer de un informe del Consejo Consultivo; no entrando aquella sentencia en el fondo de la demanda ecologista”.

Así pues, la Junta de Castilla y León, en lugar de elaborar un nuevo decreto que solucionase las irregularidades que los ecologistas mostraban en su demanda, volvió a aprobar el mismo texto en un nuevo decreto en el año 2015 (Decreto 32/2015). En este texto y en el del anterior Decreto 65/2011, ambos anulados, se regulaba la caza de las aves –en especial las migratorias y sobre todo la tórtola y codorniz– “de forma contraria a la Directiva Aves (2009/147/CEE) que permite cazarlas en función del estado de sus poblaciones y en unos periodos que no coincidan con su reproducción y cría, que varía según la fenología y geografía”, señalan los ecologistas.

Los estudios científicos (Informe Comité Ornis, y los datos del estudio SACRE de la Sociedad Española de Ornitología -SEO-) muestran que las poblaciones de algunas de estas especies están mermadas y que durante su temporada de caza están todavía criando. Estas cuestiones han sido ignoradas por la Junta de Castilla y León una vez que cada año aprueba la caza de la codorniz el 15 de agosto con un cupo de 30 ejemplares “sin considerar las peculiaridades climáticas de ese año, el desarrollo de la vegetación o el estado de las poblaciones y sus periódicos reproductivos”.

Para Ecologistas en Acción, “la contumacia de la Junta es tan supina que aprobó este Decreto 32/2015 sin considerar la Sentencia del TSJ de Castilla La Mancha de 24 de enero de 2011, que anulaba la caza de la codorniz y de la tórtola en esa región, y que se basaba en los mismos argumentos que Ecologistas presentó en Castilla y León”.

Posición de la Federación de Caza de Castilla y León

Mediante un comunicado emitido a los medios, la Federación de Caza de Castilla y León recuerda que la caza en Castilla y León “es una actividad legal y es además una de las prácticas más controladas normativamente para asegurar el aprovechamiento racional de las especies garantizando su conservación”.

Señala además que “como consecuencia de la continua judicialización de las normas cinegéticas que vienen provocando varias asociaciones anticaza con ideología única y excluyente, se está afectando de forma sistemática a la práctica cinegética, sin importar en absoluto las graves consecuencias que pueda tener sobre el conjunto de la población de nuestra comunidad y especialmente la del medio rural”.

También sostiene que con independencia de su repercusión social como actividad lúdico-deportiva, “la caza es fundamental para la correcta gestión de la fauna y el medio ambiente y para la economía de Castilla y León; es dinamizadora del medio rural, crea y mantiene empleo, genera riqueza inducida en el sector servicios, no sólo en el cinegético, y es una importante fuente de ingresos también para la Hacienda Pública”.

Además de lo anterior, desde la FCCyL recuerdan que “no controlar la fauna pone en peligro la vida de las personas en accidentes que esta puede causar en las carreteras y afecta de forma muy importante al sector agrario por los daños a los cultivos y la posible transmisión de epizootias a la cabaña ganadera por superpoblación”.

Precisamente a este respecto, en las últimas semanas, la Junta de Castilla y León, la Federación de Caza y los sindicatos agrarios y ganaderos alcanzaron un acuerdo para regular las poblaciones y reducir en lo posible los crecientes daños provocados por las especies cinegéticas, especialmente de jabalí, conejo y corzo.

Responsabilidad de la Junta

En cuanto a la responsabilidad de la Administración autonómica sobre las consecuencias que pudieran derivarse de la sentencia del TSJCyL, desde la FCCyL señalan que “si como parece hay un defecto en la regulación y reglamentación de una actividad legal por parte de la Administración, es deber de sus responsables asumirlo y, lo más importante, es su obligación arreglarlo con carácter de urgencia”.

Para contribuir a esa solución, la Federación de Caza de Castilla y León está participando con sus medios humanos y técnicos con los responsables de la Junta de Castilla y León, “pero esta disposición por contribuir a un objetivo común no se puede confundir en absoluto con un respaldo incondicional de una gestión que se ha demostrado fallida en el desarrollo reglamentario de la Ley de Caza de la que la Administración es la única responsable, por acción o por omisión. No hay que olvidar que este problema se extiende desde el año 2002 y tuvo ya un grave incidente en los Tribunales en el 2011, y que la Ley de Caza del 96 exigía un desarrollo reglamentario en un año y han pasado más de 20 sin hacerlo”.

La Federación de Caza de Castilla y León, “en representación de los 100.000 cazadores de nuestra tierra, y contribuyendo responsablemente al bienestar y la economía del resto de los ciudadanos de nuestra región, exige de los responsables políticos de la Junta de Castilla y León las medidas técnicas, administrativas o jurídicas que sean precisas para garantizar los derechos de las personas, que no pueden estar condicionados por regulaciones deficientes o insuficientes”.

 

Asimismo, desde la FCCyL, “confiamos en que las distintas instancias judiciales que intervienen o puedan intervenir en la resolución de esta situación, sepan valorar adecuadamente, en aras del interés público, los daños irreparables que sus decisiones pueden tener sobre el equilibrio medioambiental, la economía y la seguridad de las personas y en consecuencia se tomen todas las cautelas necesarias antes de perjudicar gravemente y de forma irreversible a esos intereses. En este momento nos toca contribuir y cooperar para que la caza se desarrolle con normalidad esta temporada, luego será el momento de reclamar responsabilidades de la forma y con la contundencia que corresponda a esta y otras situaciones”.