Miércoles, 13 de diciembre de 2017
Las Arribes al día

La intervención sin autorización de una persona del público motiva la suspensión del pleno

VITIGUDINO | El portavoz de la plataforma que pide la devolución de lo cobrado por la renovación de sepulturas y exdiputado provincial del PSOE, Pérez Blanco, desoyó las advertencias del alcalde   

El alcalde explicaba a los vecinos su intención de devolverles el dinero cuando tenga las garantías legales suficientes / CORRAL

La intervención sin autorización de una persona del público motivó este martes que el alcalde de Vitigudino, el socialista Germán Vicente, decidiese dar por terminada la sesión extraordinaria del pleno solicitado por la oposición (PP y Ciudadanos) y en el que se analizaba el cobro presuntamente ilegal de la renovación de derechos sepulcrales que llevó a cabo el equipo de Gobierno del PP la pasada legislatura, concretamente entre agosto de 2011 y diciembre de 2012, y cuyas liquidaciones fueron realizadas por una concejal del equipo de Gobierno que supuestamente no tenía competencia para esa función.

Tras lo rocambolesco de la historia que traía tras de sí la convocatoria del pleno, la cuestión incluso se complica al explicar que el alcalde estaba requiriendo al portavoz de la plataforma de vecinos que demandan la devolución de lo abonado, también exportavoz del PSOE en ese Ayuntamiento y diputado provincial en la comarca de Vitigudino por este partido a mediados de la década de los 80, José Antonio Pérez Blanco, a que guardase silencio al estar este recriminando al regidor su “engaño” a los vecinos cuando en una reunión convocada por ese colectivo para explicar la situación del cobro de sepulturas y posibles medidas a adoptar, y en la que Pérez Blanco estaba dispuesto a encabezar una lista a las municipales, el entonces candidato del PSOE –hoy alcalde– aseguró que devolvería el dinero a los vecinos.

Entonces, las manifestaciones del candidato socialista frenaron la posibilidad –si alguna vez la hubo– de ‘montar’ una lista con el propósito –principalmente– de luchar por la devolución de lo cobrado supuestamente de manera ilegal, así que desde entonces se declaró una guerra que este martes salía a luz para conocimiento de todos cuando Pérez Blanco se negaba a abandonar el salón plenario si el alcalde no se excusaba por intervenir en la susodicha asamblea. Fue entonces cuando Germán Vicente advirtió en varias ocasiones a Pérez Blanco de que si no guardaba silencio se suspendería el pleno, como finalmente así sucedió.

La intervención del alcalde para manifestar su apoyo a los vecinos y explicar al portavoz del PP que no apoyará la devolución del dinero sin un informe jurídico que avale legalmente tal decisión, y que lo demostrado incluso con documentos por la oposición en la sesión –a instancias del portavoz de la plataforma– no tiene garantías jurídicas suficientes en el caso de que alguna de las personas responsables de todo este desaguisado decidiese presentar una querella por la declaración de nulidad de un acto administrativo, hizo levantar del asiento a Pérez Blanco.

Tras suspenderse el pleno, el alcalde se dirigió a los vecinos aún presentes en el salón para asegurarles que “en cuanto tenga un informe oficial se les devolverá el dinero, incluidos los intereses, pero no lo puedo hacer porque alguien diga que se cobró ilegalmente. Creo que se cobró ilegalmente, pero hace falta un informe oficial que diga que fue así”.

La interrupción del pleno tenía lugar después de que alcalde saliera al paso de la acusación de “inacción” formulada por el portavoz popular José María Herrero, que recordaba cómo hace casi seis meses la oposición había solicitado un pleno para que se admitiesen las reclamaciones presentadas por más de 120 vecinos que solicitaban la devolución de lo cobrado entre 2011 y 2013 siendo alcalde el popular Julio Santiago. A este respecto, el regidor explicó el resultado del informe solicitado al Consejo Consultivo de Castilla y León, y que se ha declarado incompetente para su resolución, así como el solicitado a los servicios jurídicos de la Diputación, que estos se remitieron a Regtsa y esta a su vez al Consejo Consultivo, lo que ha motivado, nuevamente, que el pasado 6 de mayo el equipo de Gobierno haya solicitado un nuevo informe a los servicios jurídicos de la Diputación y de los que espera respuesta.

Tras la suspensión de esta sesión, es previsible que se convoque un nuevo plenario y con la toma de decisión de un acuerdo concreto, pues la propuesta inicial presentada carecía de esta característica, siendo presentada de manera oral por la edil de Ciudadanos Patricia Rodríguez, que fue la encargada de dar lectura a la argumentación de la convocatoria de la sesión y a la propuesta que pretendían aprobar, y que consistía en la declaración de nulidad de todas las renovaciones de derechos sepulcrales entre agosto de 2011 y diciembre de 2012, y la devolución de lo cobrado a los vecinos, según los casos entre 480 y 601 euros.

Cabe destacar en esta sesión el rol de cada uno de los concejales en la oposición, con todo bien estudiado en cuanto a sus intervenciones, así como el asiduo reparto de documentos entre los miembros de la Corporación para darle pomposidad al acto, lo que finalmente acabó ridiculizándolo, como así señalaban algunos vecinos a la salida del pleno, que esperaban “una solución y no tantas leyes y tanto papeleo”, porque algunos se sienten “engañados” y otros “manipulados”, porque de todo hay.