Salamanca tramita más de 5.000 solicitudes de justicia gratuita a través del expediente...

El uso del expediente electrónico de justicia gratuita por parte de los ciudadanos permaneció estable el año pasado en España, aunque su implantación crece en Castilla y León, donde se alcanzaron 24.865, situándose como la octava Comunidad tras Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Canarias y Murcia. En el ámbito nacional, se realizaron 621.648 solicitudes con esta herramienta tecnológica, lo que supone una leve disminución del 1% con respecto al año anterior, cuando fueron 627.648, duplicándose en cinco años su uso, según los datos del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.

Por provincias de la Comunidad, destaca León con 6.407 tramitaciones, en segundo lugar Salamanca con 5.060, Valladolid, con 3.570 y Burgos con 3.193. Les siguen Ávila, con 1.611, Segovia, con 1.547, Palencia con 1.354, Zamora, con 1.154 y en último lugar Soria, con 969.

La Comunidad duplica el número de expedientes tramitados gracias a la herramienta, desde los 13.530 de 2013 y los 19.315 del año pasado, hasta los casi 25.000 de ahora.

El expediente electrónico de justicia gratuita recopila de forma segura y automática los documentos requeridos para justificar la solicitud del derecho a la justicia gratuita, aporta transparencia en la gestión, elimina los errores del expediente administrativo y reduce el coste económico y los plazos de tramitación hasta en 40 días.

Esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española y puesta a disposición de las comisiones de asistencia jurídica gratuita proporciona una agilización notable del acceso a un derecho fundamental del ciudadano como es la justicia gratuita, facilitando sus trámites, a la vez que supone un ahorro de costes para la Administración.

El sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, ya conecta a casi 80 Colegios de Abogados de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, el INSS y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el INE, así como con organismos de comunidades autónomas con competencias en Justicia.

El expediente electrónico ofrece numerosas ventajas al ciudadano, al abogado, al Colegio y a las administraciones. Al ciudadano se le facilita el acceso a la justicia gratuita al simplificar los trámites y acortar los plazos en la obtención de documentos, ya que evita los desplazamientos y las esperas en las ventanillas de cada una de las Administraciones necesarias. La digitalización del proceso permite, por otro lado, al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad.

Por su parte, el Colegio de Abogados asegura el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica y mejora su gestión, ya que reduce los plazos de obtención de la información, a la vez que incrementa la calidad en el servicio prestado al ciudadano al unificar la información del solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común a todos los Colegios.

Por último, las administraciones públicas mejoran y agilizan el servicio que ofrecen al ciudadano, consiguen la trazabilidad completa del proceso para su posible auditoría y eliminan los posibles fraudes optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión.