La UE espera del Gobierno el proyecto de Berkeley sobre la evacuación de residuos radioactivos

La Comisión europea encargada de estudiar el proyecto de explotación de la mina de uranio en Retoritillo, en su informe de 25 de mayo de 2015 recuerda al Gobierno y a la empresa Berkeley en su 'parecer' "la necesidad de definir con claridad las responsabilidades en materia de cierre, clausura, vigilancia posterior al cierre, y, en su caso, las eventuales medidas de rehabilitación necesarias, así como la de garantizar la adecuación y la oportuna disponibilidad de los fondos reservados para estas actividades".

Asimismo, en la conclusión del informe -facilitado a este diario por integrantes de la Plataforma Stop Uranio-, recuerda las disposiciones del Tratado Euratom en virtud de las cuales el Estado miembro debe suministrar a la Comisión los datos generales sobre todo proyecto de evacuación de residuos radiactivos que permitan determinar si la ejecución de dicho plan puede dar lugar a una contaminación radiactiva de las aguas, del suelo o del espacio aéreo de otro Estado miembro, por lo que la cercanía con Portugal puede ser determinante para la continuidad del proyecto. Hay que recordar al respecto que "la corta de la mina será una instalación de evacuación de residuos del procesamiento", como sostiene el informe

Al mismo tiempo, la Comisión observa que "aún deben culminar varias etapas del proceso de autorización, incluida la concesión de licencias nacionales y regionales, antes de que la propuesta de actividades extractivas en Retortillo reciba el visto bueno". Sobre las autorizaciones que debe obtener Berkeley, la minera parece estar dispuesta a jugar fuerte, pues cabe recordar la contratación de Manuel Lamela como looby para que ejerciera su influencia ante la Comisión de la UE, presidida por Arias Cañete como comisario europeo de Energía, a la postre antiguo jefe de Lamela en el Ministerio de Agricultura, donde llegó a ser el número dos del exministro como denunció la Cadena SER.

En el apartado sobre financiación del proyecto, la Comisión entiende que el inversor calcula un coste de funcionamiento de alrededor de 28,8 USD/lb de producto de uranio, cifra que está por debajo del coste medio de producción de las minas de uranio en el mundo, aspecto el cual no deja de ser llamativo una vez que Enusa se salió del proyecto por estimar su inviabilidad económica.

Es más, Berkeley prevé según el informe de la Comisión, que el precio del uranio en el mercado que se puede obtener para este proyecto es de 56,4 USD/lb, con el cual la empresa resultaría viable desde un punto de vista comercial. No obstante, la Comisión recuerda que "si el precio del uranio natural a largo plazo se aproximara el precio al contado en vigor recientemente, los argumentos económicos para la explotación de la mina serían menos convincentes".

Protección radiológica

Sobre la protección radiológica, la Comisión continúa en su informe señalando que las estimaciones de las dosis de radiación presentadas por Berkeley indican que "la fuente más importante de exposición de la población guarda relación con la inhalación de aire y la ingesta de agua potable, que constituyen las principales fuentes de radiación asociadas a las emisiones debidas al proceso (manipulación, trituración, transporte y secado del concentrado) y a la erosión eólica".

También recuerda que "los principios y disposiciones de seguridad establecidos en la Directiva sobre normas básicas de seguridad de Euratom6 para la protección de la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes se aplican a todo el ciclo de vida del proyecto". Además, añade que el proyecto deberá también "adelantarse a las disposiciones de la Directiva sobre normas básicas de seguridad revisada7 (que debe transponerse a la legislación nacional a más tardar el 6 de febrero de 2018). Los límites aplicados para las condiciones de funcionamiento deben tener en cuenta cualquier otra instalación que contribuya a la exposición a la radiación. También deben tenerse en cuenta las disposiciones de la nueva Directiva sobre el agua potable8 (fecha de transposición: 28 de noviembre de 2015)".

Con arreglo al artículo 37 del Tratado Euratom, el Estado miembro afectado debe suministrar a la Comisión los datos generales sobre todo proyecto de evacuación, cualquiera que sea su forma, de los residuos radiactivos que permitan determinar si la ejecución de dicho plan puede dar lugar a una contaminación radiactiva de las aguas, del suelo o del espacio aéreo de otro Estado miembro. Este precepto es recordado en las conclusiones del informe.

Asimismo, la Comisión considera que "desde un punto de vista radiológico, resulta esencial garantizar que el antiguo emplazamiento no vierta al medio ambiente aguas con contaminación radiactiva. Es necesario establecer un programa de vigilancia del medio ambiente que controle la emisión de radón y la calidad de las aguas, así como la radiactividad en los productos alimenticios producidos en la zona circundante".