El sindicato ANPE alerta de que, pese al descenso cuantitativo de casos en la provincia respecto al curso anterior, la gravedad de los conflictos es mayor. Guillermo Bueno, presidente provincial, muestra su preocupación por el aumento de conductas autolíticas entre los estudiantes y reclama protocolos de prevención más efectivos.
El servicio del Defensor del Profesor del sindicato ANPE ha presentado esta mañana su informe anual correspondiente al curso 2024-2025. Los datos en Salamanca arrojan una realidad de contrastes: si bien el número total de docentes atendidos ha descendido de 18 a 14 casos, la violencia física ha cobrado un protagonismo alarmante. Según los datos facilitados por la organización, se han registrado 6 agresiones físicas por parte de alumnos hacia sus profesores en la comunidad de Castilla y León.
La presentación ha servido para conmemorar los 20 años de este servicio a nivel nacional y ha contado con la presencia de la presidenta de ANPE Castilla y León, Pilar Gredilla; el presidente de ANPE Salamanca, Guillermo Bueno; y el coordinador autonómico del servicio, Jesús Niño. Todos han coincidido en señalar que, más allá de las cifras frías, existe un problema latente de salud mental y convivencia en las aulas.
La provincia de Salamanca ha pasado de registrar 18 solicitudes de ayuda en el curso anterior a 14 en el actual. Sin embargo, el dato de las seis agresiones físicas concentradas en la autonomía supone una señal de alerta roja para el sindicato, indicando que la intensidad de la conflictividad no disminuye.
En este contexto local, Guillermo Bueno, presidente de ANPE Salamanca, ha puesto el foco en una problemática emergente y dolorosa: las conductas autolíticas (intentos de suicidio o autolesiones) entre el alumnado. Bueno ha manifestado su profunda preocupación por esta tendencia y ha exigido a la Administración un "protocolo claro sobre el acoso" que se centre, ante todo, en la prevención. "Alumnos, profesores y padres deben ir de la mano", ha sentenciado, apelando a la unidad de la comunidad educativa.
En el ámbito autonómico, el servicio ha atendido a un total de 83 docentes durante el curso 2024-2025. La tendencia general en la Comunidad es a la baja, con las excepciones de Burgos y Soria, donde se ha observado un aumento significativo de la conflictividad. El reparto de casos por provincias ha sido el siguiente:
Desde su implantación regional en 2006, El Defensor del Profesor ha gestionado más de 1.600 casos en Castilla y León (de un total de 46.321 en toda España).
El informe detalla el coste personal que estos conflictos tienen para los profesionales de la enseñanza. Jesús Niño, coordinador autonómico, ha desgranado las consecuencias clínicas de la violencia escolar en los docentes atendidos:
Entre las causas de este malestar, además de la violencia directa, el sindicato señala la "sobrecarga de tareas burocráticas", el aumento de alumnos con necesidades educativas sin los recursos suficientes y la "incertidumbre del profesorado interino".
En relación con el alumnado, además de las agresiones físicas, preocupan los daños a las propiedades de los docentes (vehículos, material), que representan un 7 % de las quejas. Por otro lado, se ha notado una reducción en las falsas acusaciones y amenazas, mientras que el ciberacoso se mantiene estable.
Respecto a las familias, el informe refleja una disminución de la conflictividad general y del acoso (que baja un 2,4 %), aunque persiste la presión por las notas, que supone el 10,8 % de los problemas reportados por los profesores.
Pilar Gredilla ha iniciado el acto enumerando las demandas de ANPE para mejorar la situación. La presidenta autonómica ha urgido a las administraciones a implementar medidas concretas:
El sindicato ha recordado que el 98 % de las actuaciones del Defensor del Profesor combinan asesoramiento jurídico y apoyo emocional, utilizando herramientas como la Ley de Autoridad del Profesorado. "El profesorado no está solo. Les apoyaremos en todo", concluyó Gredilla.