Francisco D’Agostino logra el embargo judicial de los bienes de Manuel March tras incumplir una condena civil
Francisco D’Agostino, empresario hispanovenezolano radicado en España y dedicado al sector de inversiones internacionales, ha conseguido una resolución judicial contundente en su litigio contra Manuel March Cencillo, nieto del fundador de Banca March, Juan March Ordinas. El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid ordenó el 11 de junio de 2025 el embargo de todos los bienes de March tras su negativa a cumplir con una sentencia que lo condenaba a devolver importantes sumas vinculadas a una venta inmobiliaria fallida.
La finca Son Galcerán, epicentro del conflicto
En 2021, March acordó vender la emblemática finca Son Galcerán, ubicada en Mallorca, a una sociedad ligada a D’Agostino por 8 millones de euros. La operación se formalizó con un pago adelantado de 2,4 millones, pero fue anulada de forma unilateral por March, quien posteriormente vendió la misma propiedad por 12 millones de euros a un segundo comprador, sin devolver los fondos recibidos inicialmente.
Condena firme y embargo completo
En abril de 2024, un juzgado madrileño falló a favor de la sociedad representada por D’Agostino, condenando a March a devolver los 2,4 millones de euros más otros 300.000 euros como indemnización contractual. Al no efectuar el pago dentro del plazo legal, se decretó el embargo de sus bienes, incluidos inmuebles, cuentas bancarias y participaciones empresariales tanto en España como en el extranjero. El monto total a satisfacer asciende ya a 3,5 millones de euros, con intereses y costas judiciales.
Un empresario con vínculos aristocráticos
Francisco D’Agostino, además de su rol empresarial, es cuñado de Luis Alfonso de Borbón, descendiente del rey Alfonso XIII. Si bien este vínculo ha captado la atención de algunos medios, no ha tenido ningún efecto sobre el proceso legal ni la sentencia dictada.
El fin de las sanciones internacionales
En enero de 2025, Francisco D’Agostino fue oficialmente excluido de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que las autoridades concluyeran que sus operaciones comerciales no mantenían relación alguna con el gobierno venezolano.
