Colombia, derechos humanos ocho años después del acuerdo de paz

Julián Gómez Alzate

Defensor de los derechos humanos

A ocho años de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, y en medio de la política de 'Paz Total', la situación de los derechos humanos en las zonas afectadas por el conflicto sigue siendo preocupante.

El artículo 22 de la Constitución colombiana establece que «la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento». Con este mandato, el presidente Gustavo Petro, quien asumió el cargo en agosto de 2022, inició su política de 'Paz Total', comprometiéndose con la implementación integral de los acuerdos de paz y la reactivación de los procesos de negociación y sometimiento a la justicia con al menos cuatro grupos armados ilegales. Tras dos años de gobierno, se han presentado ceses al fuego bilaterales intermitentes, alianzas y guerras declaradas y nuevas escaladas de expansión en diferentes regiones.

A pesar de los esfuerzos del gobierno, la situación de los derechos humanos en las zonas más afectadas por el conflicto sigue siendo preocupante. En lugar de conmemorar los acuerdos de paz 2016 o valorar los resultados o estimar los de la 'Paz total', propongo un análisis de la situación de los derechos humanos en las zonas más afectadas por el conflicto en Colombia.

El panorama del conflicto en Colombia es diverso, reflejando la variedad de grupos en confrontación. El primero de ellos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), opera desde 1960 y ha tenido una agenda de negociación desde el gobierno de Juan Manuel Santos en 2018. Sin embargo, esta fue abandonada a principios de 2019 por el entonces presidente Iván Duque. El actual gobierno, liderado por Gustavo Petro, retomó las negociaciones en 2022, aunque los avances han sido lentos y no se han hecho públicos.

Un segundo actor venía siendo conocido como la Segunda Marquetalia (SM), fundada por exlíderes de las FARC-EP que participaron en el acuerdo de 2016. Este grupo volvió a la clandestinidad denunciando judicialización y presuntos entrampamientos durante el gobierno de Duque. Actualmente continúa su proceso de negociación, pero ha abandonado su nombre común. Sus dos subfacciones más grandes, Los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, operan en el sur y suroeste de Colombia, respectivamente, y están en confrontación con el Estado Mayor Central (EMC).

El Estado Mayor Central (EMC) es una facción disidente del proceso de paz de las FARC, e inició diálogos con el actual gobierno en 2022. Aunque se presenta como un espacio novedoso de negociación, ha enfrentado incumplimientos de ceses al fuego y afectaciones a la población civil, y otras situaciones que ponen en riesgo su legitimidad, como sus fracturas internas. Estas divisiones pueden resumirse en grupos que buscan una paz negociada y otros que desean mantener el control sobre el tráfico de sustancias ilícitas.

Por último, uno de los grupos de mayor expansión es el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Este grupo, surgido de los paramilitares que no se desmovilizaron en 2002, ha abandonado su ideología contrainsurgente y mantiene el control de negocios ilícitos, principalmente en el norte del país. A pesar de sus intentos de justificar un trasfondo político para su sometimiento a la justicia, existe un consenso en calificarlo como un grupo dedicado al narcotráfico.

Las dinámicas de violación a los derechos humanos

En la actualidad las organizaciones defensoras de derechos humanos, líderes sociales y étnicos y la población civil principalmente ubicada en zonas que históricamente han sido afectadas por el conflicto se siguen enfrentando a escenarios de hegemonía y confrontación de los grupos armados.

La Defensoría del Pueblo en Colombia advierte sobre el endurecimiento del accionar de grupos armados ilegales y del crimen organizado contra personas defensoras de derechos humanos, y de la interferencia de estos sobre los liderazgos sociales especialmente con ejercicios de control social y gobernanza criminal. En regiones como el nororiente, oriente y suroriente de Colombia, donde un solo grupo armado domina, se aplican mecanismos de vigilancia contra las organizaciones comunitarias y étnicas. A través de la coacción y las amenazas, estos mecanismos buscan limitar la interlocución que las organizaciones de la sociedad civil pueden tener con las autoridades sobre problemáticas como el reclutamiento de menores y el tráfico de sustancias ilícitas, restringiendo así la capacidad de las comunidades para denunciar estas prácticas ilegales.

Asimismo, los grupos armados comenzarían a legitimar su papel en la regulación de las conductas comunitarias, estableciendo días de trabajo comunitario y sancionando a los asociados. Además, tomarían acciones contra otros derechos, como la libre movilidad de la población, «carnetizando» y empadronando de manera ilegal a los habitantes de las veredas. Otras graves violaciones contra el derecho a la asociación son la conformación coaccionada de organizaciones comunitarias que respondan a la dirección política de la organización armada.

En las regiones en que distintas facciones comparten o se enfrentan por el control del narcotráfico, la dinámica no es muy diferente, los grupos proscriben la actividad de algunas organizaciones sociales e intentan imponer un dominio contra ellas, un ejemplo de esto se está presentando en el oriente del país donde antiguos militantes de las FARC-EP sufren presiones por parte de diferentes grupos armados para retomar las armas o abandonar actividades que promueven la presencia de las autoridades en el territorio, lo que ha concluido en el desplazamiento forzado de tres zonas de reincorporación colectiva ubicadas en esta zona del país.

En medio de esta paradójica mezcla de la implementación de las políticas de paz y la persistencia de la guerra, las organizaciones sociales y étnicas son especialmente vulnerables a las violaciones de derechos humanos. Aquellas que se oponen a las políticas de control de los grupos armados, ya sea por ser asociadas a facciones contrarias o consideradas amenazas, enfrentan intimidaciones y asesinatos de sus líderes, de los que 1.878 han sido asesinados desde 2016.

Conclusión

Lejos de ser una responsabilidad exclusiva del gobierno, el derecho a la paz sigue siendo uno de los derechos que movilizan a líderes sociales y étnicos. Estos líderes participan en diversas políticas de paz, como la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, el desminado humanitario, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y la defensa de los derechos humanos, ambientales y de las comunidades indígenas, entre otros. Pero se siguen produciendo coacciones al derecho de asociación, amenazas, desplazamientos sistemáticos, ya sean individuales o colectivos, y aún hoy, asesinatos selectivos.

Persistir en el anhelo de paz no ha sido un fracaso. Cada vez más, en el discurso público, se rebate el uso de la violencia con fines políticos. De hecho, fue el rechazo generalizado al uso de la violencia del Estado contra la movilización social lo que dio un vuelco a la política colombiana en 2022. Sin embargo, es innegable que sigue siendo necesario acompañar a las organizaciones defensoras de derechos humanos que hoy se esfuerzan por construir la paz en el campo.