La vulneración de derechos humanos debido a la industria de la moda en Bangladesh

María Ruiz Raigón

Defensora de los Derechos Humanos

En los últimos tiempos la industria fast fashion está en auge. Esta se refiere a un sistema de producción de ropa de bajo coste con una alta adaptabilidad a las tendencias, diseños a la moda que se ajustan a las necesidades del cliente y cuya manufacturación es realmente rápida.

El problema del fast fashion es que, mientras beneficia a ciertos países (aquellos que reciben el producto debido a la accesibilidad del precio), perjudican a otros muchos, especialmente aquellos subdesarrollados cuya gente trabaja en unas condiciones laborales precarias, siendo tal el caso de India, Camboya, Indonesia, Malasia, Sri Lanka, China y Bangladesh.

En concreto, en este último país mencionado encontramos, entre otras, grandes empresas reconocidas mundialmente como C&A, Primark, H&M, Next y el grupo Inditex, cuyo fundador es el español Amancio Ortega, y que cuenta con tiendas como Zara, Oysho, PullandBear, etc.

El youtuber Rubén Diez, joven que se dedica a recorrer el mundo para plasmar la realidad que se vive en diversos países, realizó un vídeo en esta región en el cual se reunió con los jefes de una fábrica, explicando estos que las personas que trabajan para ellos reciben entre 50 y 60 dólares al mes. Asimismo, todos los trabajadores que fueron entrevistados explicaban que su salario era el mínimo del país, 8.000 takas al mes, es decir, actualmente 75 dólares estadounidenses o 68 euros. Sin embargo, podemos deducir que la mayoría no son sinceros, sino que están amenazados, pues se conoce que si en algún momento llegaran a denunciar la situación que sufren, podrían perder sus puestos de trabajo.

El dinero no es el único problema. La extensión de las jornadas laborables también nos indica cómo la industria textil explota a los trabajadores, que en numerosas ocasiones pasan ejerciendo esta labor hasta 14 horas. Entre ellos destacan los niños. Un artículo de la agencia de noticias Europa Press expuso en 2016 que un tercio de los niños de Dacca (capital de Bangladesh), trabajan más de 12 horas al día en este sector.

Asimismo, las condiciones de seguridad y salud también dejan mucho que desear. Las fábricas de cuero exponen unos tóxicos que resultan muy perjudiciales para aquellos que lidian con ellos. De igual forma, la reciente crisis de la COVID-19 supuso que estuvieran aún más expuestos, pues el trabajar dentro de las fábricas supuso que los sujetos estuvieran hacinados, sin que se exigiera el uso de mascarillas ni se respetara la distancia entre personas. En muchos casos, tampoco se contaba con las instalaciones adecuadas para que las personas se pudieran lavar las manos, por lo que únicamente lo hacían al empezar su jornada y al finalizarla.

Durante este período aumentaron las amenazas y la intimidación para forzar el ritmo de producción y las mujeres se vieron más expuestas a casos de violencia física y sexual. Esto se debe a que, debido a la paralización que sufrió la totalidad del planeta, los países en los que se vendía la ropa producida en Bangladesh bajaron el ritmo de compra, exigiendo precios más bajos, por lo que, al bajar los precios de las prendas de vestir, estas fábricas, para recibir el mismo beneficio, debían elaborar más cantidad de producto.

Otro punto a tener en cuenta es que, en los últimos años, se han producido muchas muertes en derrumbes o incendios de factorías. Gran cantidad estas fábricas accidentadas producían para empresas occidentales. Entre ellos, fue muy sonado el «Rana Plaza», un complejo de nueve plantas con varios talleres que en 2013 se derrumbó causando casi 1140 muertes. El día anterior habían aparecido grietas en el edificio por lo que, los trabajadores, preocupados por sus vidas, rogaron que no los enviaran dentro. Sin embargo, tuvieron que acceder a realizar su jornada laboral con total normalidad por miedo a perder su puesto. Por desgracia, fue necesaria una tragedia de tal magnitud para lograr la primera condena por imponer medidas para evitar este tipo de accidentes, siendo impuesta, en concreto, al dueño del edificio, Sohel Rana.

Fue entonces cuando se creó el Acuerdo Internacional de Seguridad, programa legalmente vinculante que las marcas de ropa pueden firmar para garantizar que las fábricas de ropa de su cadena de suministro sean seguras. Sin embargo, pese a este acuerdo, podemos manifestar que aún queda mucho por mejorar en este contexto, debiendo dar soluciones reales a este gran problema, pues nada mejorará si los ciudadanos de a pie seguimos ignorando la situación en este país.

Quizás sería el momento de plantearnos consumir menos o dejar de hacerlo en estas empresas que es sonado que vulneran los derechos de los trabajadores. Deberíamos comprar en tiendas de segunda mano o en aquellas otras que se esfuerzan por que la cadena de producción sea justa.