Todavía la pena de muerte

Juan Fernández

Defensor de los Derechos Humanos

Amnistía Internacional surgió como una ONG dedicada a la lucha por defender los derechos humanos. Fue fundada cuando en los años 60 un abogado británico leyó en el periódico que unos estudiantes de nuestra vecina Coímbra habían sido arrestados por brindar en nombre de la libertad, en un momento en el que vivían bajo la dictadura del Estado Novo portugués.

Poco después, Amnistía Internacional dedicaba gran parte de sus recursos a defender los derechos de los prisioneros por todo el mundo, dedicando un esfuerzo especial a aquellos que se encontraban en el corredor de la muerte (periodo de espera entre que se dicta la sentencia de pena capital y que se ejecuta al reo).

Para entender la extensión de la aplicación de este castigo letal, debemos pensar que en 2021 al menos 28.670 personas se encontraban esperando en el corredor de la muerte en todo el mundo, y en ese mismo año Amnistía Internacional pudo contabilizar 579 ejecuciones.

Estas cifras, tan abrumadoras, son cálculos a la baja, ya que muchos países no publican información sobre sus ejecuciones, como Vietnam o Corea del Norte, e incluso tenemos el caso de China, que se cree que es el que mayor número de presos ejecuta, pero que califica esta información como secreto de estado y por ello tan solo podemos estimar el número de ejecuciones.

En España nuestra constitución de 1978 prohibía la pena capital en tiempos de paz, dejando solo los casos que la legislación militar estableciera para tiempos de guerra, que más tarde en 1995 abolirían completamente.

Europa occidental seguiría un camino parecido, y con la caída del comunismo en el este de Europa se establecería esta línea de pensamiento también en los países del pacto de Varsovia, Yugoslavia y Albania, que progresivamente irían retirando la pena capital de sus legislaciones. A día de hoy solo sigue siendo legal en Bielorrusia y en Rusia (aunque esta última en la práctica ya no la aplica).

En el continente americano, en el año 2021, solo se sentenciaron penas capitales en los Estados Unidos de América, Guyana y Trinidad y Tobago. Y de las 11 ejecuciones que se dieron en ese año, las 11 se llevaron a cabo en Estados Unidos, demostrando una vez más que son líderes continentales en todos los ámbitos, incluidos las ejecuciones. Recordemos que en este país la pena capital sigue siendo legal en 27 de sus 50 estados, y aunque en las últimas décadas ha disminuido su uso, esto poco ayuda en un país que sigue legitimando este castigo en una constitución de 1789.

En los otros continentes debemos destacar el Oriente Medio y el Norte de África, donde 7 países han aplicado este castigo, y otros muchos lo mantienen a pesar de no aplicarlo, incluso para los casos de homosexualidad (situación que claramente le preocupa más a Amnistía Internacional que a la Federación Internacional de Fútbol).

En el resto del continente asiático se han documentado, en 2021, penas de muerte en 5 países, entre ellos Japón, miembro del G8, y se dictaron 819 sentencias de muerte. Países como Tailandia siguen teniendo la pena capital pero recientemente siempre conmutándola, y recalquemos que entre los beneficiados se encuentra un español, y otro que podría ser también sentenciado a muerte próximamente. Otro país a destacar es Filipinas, que en 1987 fue el primer país asiático en abolirla, pero volviéndola a instaurar entre 1993 y 2006, y aunque ese año se volvió a prohibir a su vez llegó a la presidencia Rodrigo Duterte, que ordenó a la policía que asesinara a cualquiera que creyera estuviera conectado con la distribución de drogas, provocando 34 muertos al día durante sus primeros 6 meses de esta política anti-drogas.

Aunque hoy en día la aplicación de la pena de muerte está en retroceso, eso no significa que no se use, y que resulte igual de cruel y deshumanizadora. En este artículo hemos hablado de las personas que ejecutan, pero se debe de tener en cuenta el incalculable número de familiares y amigos que sufren la agonía de ver a sus seres queridos llegar anticipadamente al final de su vida encerrados en una celda, sin nada que puedan hacer para impedirlo.