La Junta se replantea reforzar los protocolos contra el acoso escolar

El último caso de acoso escolar registrado en un centro concertado de León ha vuelto a hacer saltar las alarmas en la comunidad educativa sobre la violencia entre iguales en los centros docentes de Castilla y León y ha provocado que la Junta se replantee reforzar los protocolos para reaccionar de manera más ágil ante estas situaciones que todavía siguen tratándose como un tema tabú en los centros.

Aunque el último informe Pisa sitúa las aulas de la comunidad, con 310.000 escolares, entre las más seguras de Europa, el incidente de acoso continuado a un alumno ?desde los cinco años hasta los ocho? en el colegio leonés Maristas San José ha supuesto una reprimenda a la Junta por parte del Procurador del Común Castilla y León, que apunta a la «posible responsabilidad patrimonial de la administración educativa por el descuido de la potestad sancionadora, en tanto que el inspector de Educación habría de estar informado de la tramitación de los procedimientos sancionadores».

Al parecer, a pesar de las reiteradas denuncias de los padres del alumno a la dirección del centro escolar, no fue hasta el pasado año cuando el caso llegó a manos de la Inspección, después de que la situación de violencia contra el niño por otros alumnos del centro se sucediera durante cuatro cursos, entre tercero de Infantil y tercero de Primaria.

Que los progenitores puedan denunciar directamente

«La verdad incómoda» del acoso escolar que los centros, en un primer momento, tratan de minimizar, ha llevado a la Junta a ampliar los protocolos de convivencia escolar y a tomar la primera medida: recoger la recomendación del Procurador del Común para que los progenitores puedan denunciar directamente en las Direcciones de Educación de cada provincia este tipo de incidentes, sin tener que pasar antes por el trámite de ponerlo en conocimiento del equipo directivo de los colegios.

De esta forma se pretende evitar la tentación de ocultar estos casos y favorecer que afloren las víctimas invisibles del 'bullying'. Así, la Consejería ha introducido novedades, con el respaldo de los sindicatos y la patronal, en el remozado protocolo de actuación en supuestos de acoso que se produzcan en centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias, que está a punto de ser publicado.

En concreto, y en lo que se refiere a centros de titularidad privada, cuando los padres comuniquen al colegio sus sospechas, el asunto será puesto de inmediato en conocimiento de la dirección provincial de Educación y la familia recibirá copia de esta actuación. Al mismo tiempo, se abrirá un cauce de comunicación directa y permanente que estará abierto hasta que se resuelva el caso.

El mayor avance de este 'retoque' del protocolo es que la familia podrá optar con comunicar la situación de acoso directamente a la Administración educativa y esta, de inmediato, comunicará los hechos al centro, requerirá un informe de lo ocurrido y posibles actuaciones llevadas a cabo. La dirección del centro tendrá que establecer «la urgente comunicación» con la familia, «anteponiendo, a cualquier otra consideración, la seguridad del alumno».

Medidas consensuadas

Además, cualquier medida que se adopte por parte del centro se informará «en reuniones presenciales» a las familias o responsables legales de los alumnos implicados, tanto de la víctima como del acosador. Si se decidiera que el alumno acosado, finalmente, tiene que ser trasladado de centro, esta medida «deberá contar con el acuerdo expreso de la familia del estudiante».

Según un avance de los datos del informe del Observatorio correspondiente al curso 2016-2017, los incidentes de acoso escolar registrados en Castilla y León durante el pasado curso afectaron a 8.465 alumnos de 714 centros. Del conjunto de casos, tan solo llegaron a ser confirmados 47, según subrayaron fuentes de la Consejería. Se incide en dicho informe, que todavía está en el horno, en el número de incidentes que se produjeron a través de las tecnologías: Internet y las redes sociales. Casi siempre, por teléfono móvil. Fueron 90 los casos de 'ciberacoso'conocidos el curso pasado por las autoridades educativas.

Para la Junta, el hecho de que los datos de acoso confirmado en los centros de Castilla y León estén muy por debajo de las estadísticas de otras comunidades «no nos mueve a la complacencia». Según indicaron en la Consejería, el empeño es que todas las actuaciones «den luz» sobre este problema, «dada la gravedad y el sufrimiento que genera en el alumnado y sus familias y en las negativas repercusiones para la comunidad educativa en su conjunto».

Así que, además de actualizar la herramienta de recogida de datos y la próxima publicación del protocolo de actuación, el programa para la prevención del acoso y por el buen trato que ya se inició el pasado curso escolar va a incorporar «prácticas restaurativas», que no solo están dirigidas a apoyar y reforzar a las víctimas, pero también «a recuperar el grupo como impulsor de la convivencia». El reto es la «reeducación» del alumno acosador para que reconozca su responsabilidad y se produzca la reparación a las víctimas.

Las prácticas restaurativas son un conjunto de herramientas para prevenir, detectar, gestionar y resolver los conflictos, buscando reforzar los vínculos afectivos entre los afectados. Próximamente se va a iniciar un programa de actuaciones de sensibilización y formación dirigidas al profesorado, especialmente, a los coordinadores de convivencia.

La lucha contra el acoso en Castilla y León incorpora en este curso 2017-2018 otras novedades, como la elaboración de un protocolo específico para prevenir la ciberdelincuencia, y reforzará la formación del alumnado, que tiene un papel decisivo para erradicar la violencia en las aulas. Desde el curso 2006-2007 han participado en estos talleres 1.676 alumnos y 438 profesores de 268 centros. Antes de que concluya este trimestre, los cursos se multiplicarán por cuatro.