La memoria de los ‘desterrados’ republicanos en el SO de Salamanca: Aldea y Fuentes de Oñoro

La presencia de fuerzas armadas en la frontera hispano-portuguesa ha sido una constante histórica que ha condicionado las relaciones sociales y la economía de los pueblos rayanos. Del lado español los vecinos estaban acostumbrados a esta obligada convivencia con los carabineros y guardias civiles, que unas veces actuaban como represores y otras como encubridores de las actividades ilegales del tránsito fronterizo, sobre todo del contrabando crónico. Una informante mayor, como antigua testigo de vista, incluso llegaba a afirmar que los encargados de reprimir el comercio ilegal eran los primeros beneficiados en La Alberguería o Alamedilla, donde después de la guerra los agentes se repartían los productos decomisados o los vendían a los mismos comerciantes, hasta que ("la avaricia rompe el saco") se descubrió el pastel y fueron castigados (CdA 2009). Durante la guerra se incrementó el contingente de personas armadas, con los milicianos facistas y los destacamentos de soldados. La presencia de estos últimos en Aldea del Obispo se comprueba todavía en 1940, a causa de una trifulca entre militares de tropa y paisanos en un baile (Dil.9989/40). Toda aquella gente armada participó en la represión franquista y, concretamente, en los exilios del principio y directa o indirectamente en sus secuelas.

Aldea del Obispo

La memoria colectiva, local y familiar de Aldea del Obispo, ha retenido en esencia el recuerdo de los "exilios" del verano sangriento de 1936, a los que los fugitivos aldeanos recurrieron tratando de hallar un seguro de vida en la hospitalidad de sus amigos portugueses, pues no hay constancia de que hubiera en las localidades del país vecino servicios de ayuda análogos a los que Dulce Simoes (2013) describe en Barrancos (Baixo Alentejo). Pero solamente hay constancia de que, entre los más perseguidos, tuviera éxito la fuga de Alberto Martín, que únicamente volvería al pueblo para los entierros de sus padres y poco más (Iglesias 2016: 122). Dos de los ejecutados extrajudiciales estuvieron huidos en Portugal antes de sucumbir en una saca, dejando a sus familias ante un incierto y cruel destino, que también alcanzaría a otros grupos de parentesco relacionados con represaliados, como en términos genéricos se adelantó en las "Croniquillas" (21/08/16).

José Hernández Lamas, jornalero que había sido emigrante en Francia, después de salir con vida en una primera una saca, fue ejecutado en otra, apareciendo su cadáver en Bocacara, donde su padre y hermanas lo identificaron por la vestimenta. Dejaba una esposa encinta (Dominica Sánchez Blanco), que dio a luz a una niña el 28 de octubre de 1936 (Josefa), que ha transmitido el testimonio familiar (AdO 2009). Según éste, José Hernández era mal visto por sus patronos porque medía las horas de trabajo con el reloj y no por el sol ("a mi padre lo mataron por tener un reloj"). Su viuda sobrevivió haciendo toda clase de trabajos y recurriendo al mísero contrabando de subsistencia. Su hija y nietas viven en Barcelona (AdO 2017).

Según los testimonios familiares, Jacobo Andrés Lorenzo, después de una saca fallida en la dehesa de El Gardón, consiguió huir a Portugal. Allí lo ampararon familiares y amigos de Vale da Mula, que, para la cura de una herida recibida en el tiroteo, lo llevaron a Guarda. Confiado en una especie de falso bando de perdón, se entregó a las autoridades lusas, quienes lo devolvieron a España. Fue eliminado por el mes de octubre de 1936 en una saca carcelaria de Ciudad Rodrigo. Corrieron rumores infundados (e interesados) sobre su presencia en Portugal, lo que añadiría un nuevo desasosiego en la familia. Estaba casado con Consuelo Ferreira Fuerte y era padre de una niña. Esta última, Ascensión Andrés Ferreira, quedó huérfana del todo a los nueve años, pues Consuelo Ferreira solamente sobrevivió al asesinato de su marido seis años escasos, y aquélla quedó al cuidado de su tía materna Gloria. Aparte de eventuales labores femeninas de costura y lavado, estas mujeres recurrían al expediente del contrabando de hilo, café, bacalao y hasta huevos (AdO 2009). Así consta por la literatura procesal en lo que atañe a Consuelo Ferreira en 1939, cuando se quejó con razón y sin resultado del exceso de celo de un carabinero, porque la había retenido ilegalmente en prisión por un miserable alijo de unos siete kilos de tocino y café, especificado por el carabinero Antolín Vicente Briz (Aldea del Obispo, 06/09/39):

"(?) Que hallándose practicando el servicio de su clase, en unión del soldado Enrique Álvarez Hernández, del Batallón 107 del Regimiento de Infantería de Gerona, número 18, serían las 16 horas del día anterior y en ocasión de ir recorriendo el distrito que tenían a su cargo sobre la rivera que limita con Portugal y sitio conocido por las "Arias", vieron que una mujer se hallaba lavando ropa en dicha rivera, y sospechando pudiera haber adquirido géneros de ilícito comercio procedentes de la vecina Nación portuguesa, se acercaron a ella y procedieron a reconocer un barreño de cinz (sic) de los que usan para la ropa, encontrando en éste un paquete de tocino envuelto en papel y atado con una cuerda y muy próximo a éste otro envoltorio con tres paquetes de café, dos de ellos en grano tostado, marca "La Estrella" y otro de molido. Interrogada dicha mujer, negó en principio que fuera suyo el género, pero estrechada a preguntas, terminó por declarar que el género de referencia era suyo, que una mujer portuguesa se lo había traído, de Valdelamula (Portugal), que lo hacía para ganarse algo con ello y cubrir sus necesidades. Por lo expuesto se procedió a hacerla reo y conducirla con el género aprehendido a presencia del brigada comandante del puesto, donde se procedió a pesar el género, dando un peso de 5 kilos y 700 gramos el paquete de tocino y un kilo los dos paquetes de café en grano y 250 gramos el paquete de café molido; preguntada dicha mujer por las generales de la Ley dijo llamarse Consuelo Ferreira Fuerte, de 31 años de edad, viuda y residente en esta localidad; el referido género queda depositado bajo custodia en la Alcaldía de este pueblo y a disposición del Ilmo. Señor Delegado de Hacienda" (Certificación de Gaspar Beato González, jefe de negociado y secretario de la Delegación de Hacienda de Salamanca, copia del acta, C.8380/36 : f. 5).

La hija de Jacobo falleció en septiembre en Aldea y sus nietas viven en Madrid y Canarias (AdO 2017).

Los episodios macabros del concejal Jacinto Vicente Duque son análogos a los de Jacobo Andrés. También huyó a Portugal cuando empezaron los asesinatos "en acto de servicio" (según la calificación de la estadística de guerra "nacional"). Allí se entregó a las autoridades lusas, que decidieron su conducción a la frontera, por Fuentes de Oñoro (AdO 2009). En el trayecto trataría de huir y los agentes del país vecino habrían disparado contra él, aunque más bien parece que esto se refiere al pretexto habitual en España para las ejecuciones extrajudiciales, en la aplicación criminal de la "ley de fugas". Estaba casado con Asunción "Chavalina" (ASMJ), pero no hay constancia de que tuviera descendencia. Portaba los mismos apellidos que un carabinero de la plantilla local, Máximo Vicente Duque, procesado y absuelto en 1938 (C.595/38), pero no se ha comprobado que fueran hermanos. La jefa local de Falange, Carmen Guerrero Marcos, acusaba a este carabinero de recibir la insignia de Auxilio Social "con frialdad y despotismo" (C.1106/38: f. 7). Jacinto Vicente no tiene parientes cercanos en Aldea del Obispo. Una hermana suya reside en Barcelona, así como un hijo (AdO 2017).

Aunque no es seguro, parece que Bruno Fernández Hernández, vecino de Castillejo de Dos Casas (anejo de Aldea del Obispo), también estuvo escondido en Portugal antes de ser ejecutado en una de las sacas carcelarias de Ciudad Rodrigo. Estaba casado con Lucila Jorge Pereira y tendría un hijo, pero no se sabe nada de ellos.

Entre las víctimas mortales indirectas de Aldea del Obispo, además de Consuelo Ferreira (supra), se cuentan Víctor Calvo Martín, vecino de Cercedilla (Madrid), muerto de enfermedad en la prisión de Salamanca (05/01/40) y Juan Álvarez Pineda, fallecido en el campo de concentración de Mauthausen (20/04/43, MCU). Hasta ahora no se han consignado datos relativos a sus grupos de parentesco.

La "limpieza política" de Aldea del Obispo y su entorno fue intensa (Iglesias 2016: VIII.2.2.8). No produjo otras víctimas mortales, pero sí corrieron serio peligro algunos procesados. Entre los fugados y tapados de la Raya se cuenta Raimundo Etreros, maestro de Pedrosillo de Alba, que había ejercido en Aldea del Obispo, donde había establecido amistad con Victoriano Hernández (nat. Castillejo de Dos Casas), sargento de Carabineros, a su vez padre de Dionisio Hernández, maestro de La Bouza. Los tres eran sospechosos de actividades subversivas y "peligrosísimos", por lo cual fueron sumariados o informados. El peor parado fue Dionisio, que fue procesado y condenado a la pena capital, que le sería conmutada (P.sum.1024/36), Victoriano Hernández también fue procesado y condenado a reclusión perpetua (C.1024/36) y Raimundo Etreros estuvo detenido a disposición del gobernador civil y depurado. Con anterioridad, la ocultación en los pueblos fronterizos se terminó el 22 de agosto para los dos primeros, Raimundo fue detenido en 1937. Los tres estaban casados. Victoriano, tenía dos hijos, uno de ellos Dionisio Hernández, padre a su vez de cuatro niños habidos con su esposa Ramona Hernández Ferreira, sin huellas de sus vicisitudes.

En 1938 nueve vecinos aldeanos que habían desempeñado cargos municipales y sindicales bajo el poder legítimo republicano fueron procesados por supuesto delito de "excitación a la rebelión" (C.1106/38). Todos ellos, "bajo el miedo", habían tenido que simular la adhesión al Movimiento, al modo de José Blanco, según su declaración (11/10/38):

"(?) Que nunca ha pertenecido a partido político alguno y sí únicamente a la Casa del Pueblo de Aldea del Obispo, de la que fue presidente por elección. Que ejerció el cargo de concejal de la Gestora durante tres meses; que estos cargos los ejerció con el solo fin de tener trabajo y lograr que los jornales se elevaran a cinco pesetas en vez de cuatro, cosas que no consiguió de modo definitivo. Que nunca ha hecho propaganda política de ninguna clase, ni ha acompañado jamás a los políticos del Frente Popular ni actos de aquel matiz (?) Que no ha realizado acto alguno de oposición al actual levantamiento patriótico, y que se halla a él adherido" (C.1106/38: f. 52).

Las adhesiones al Movimiento no habían sido espontáneas, como ahora pretendían en sus declaraciones para desmarcarse de su pasado algunos encartados, y los presuntos "donativos" para ayuda del Ejército "nacional" en 1936 habían sido obligados. Aniceta Maldonado, hija de uno de ellos, Esteban Maldonado Hernández, presionada, fue a llevar sus pendientes de oro al teniente de Carabineros. En todo caso, la humillante renuncia a sus convicciones republicanas, que les evitarían un severo castigo carcelario, no los pondría al abrigo de una "libertad vigilada" ni, a ellos y sus familias, de la necesidad de emigrar dentro o fuera de España, debido a la hostilidad local. No hace mucho Aniceta Maldonado, que tenía once años al comienzo de la guerra civil, recordaba que su a padre lo llamaban Esteban "el Rojo", por el color del pelo, albañil de oficio. Estuvo escondido en el campo, perseguido quizá por sus ideas y por tener una escopeta que le había regalado un cura amigo, pero en el verano de 1936 no le pasó nada, gracias a la protección del teniente de Carabineros, Lucio Ramos. Pero en 1938 nadie impidió la detención en el pueblo de su padre, llevado con otros a Ciudad Rodrigo y Salamanca, donde permanecieron 40 días, sin que las familias supieran por qué. El ambiente en la escuela era hostil para ella y otros niños en su caso, a pesar del buen comportamiento de la maestra, "doña Encarna" (AdO 2009).

Fuentes de Oñoro

Como se ha indicado, el control de la Frontera y la Aduana de Fuentes de Oñoro era un asunto muy importante y complejo para los militares sublevados. Por ello, al personal de los servicios ordinarios, Carabineros, Policía y Aduaneros, se añadieron los de la Guardia Civil y el destacamento de Infantería, con lo cual también se multiplicaron los conflictos entre los diversos agentes, sobre todo entre carabineros y guardias civiles ("Croniquillas", 10/09/16). Paradójicamente, esta abigarrada presencia de fuerzas militares o militarizadas quizá impediría las ejecuciones extrajudiciales que, generalmente en localidades cercanas, asumían los milicianos fascistas, de modo que solo una persona natural del pueblo, Francisco Marcos Manchado, vecino de Tejares, sucumbió a tales prácticas en Salamanca. Estaba casado con Obdulia Martín Hernández y tenía tres hijos (ASMJ).

Los vecinos más afectados por la represión fueron precisamente dichos agentes del orden, algunos de los cuales resultaron abocados al exilio en fecha temprana. El mismo día de la proclamación del estado de guerra (20/07/36), casi coincidiendo con ella, tuvo que exiliarse el policía Alfonso Navalón, al que el médico local Ramón Domínguez atribuía sanguinarios proyectos en el caso de que triunfara la imaginaria revolución marxista, con que los golpistas trataron de justificar la sublevación contra el gobierno de la República (Iglesias 2016: 254). Según la declaración del jefe local de Falange, José Prieto Sánchez, el teniente de Carabineros, que era el comandante militar de la plaza, casi le habría dado a entender que era el momento de desaparecer:

"(...) el Teniente forzosamente tenía que conocer las ideas políticas de Navalón. A este respecto quiere relatar que el mismo Teniente le ha dicho al declarante y a otras personas, pues no se recata de decirlo, que el día de la declaración del estado de guerra, se encontraban en la Fonda el Teniente, el ordenanza y Navalón y otras personas cuando el Teniente dirigiéndose a todos , dijo "Voy a declarar el estado de guerra"; le preguntó Navalón "Si ya", y al decirle que sí y agregar "Vamos", Navalón algo nervioso dijo "¿Yo también?", y como el Teniente agregase que se refería al ordenanza, Navalón quedó en la Fonda, y marchando momentos después a su casa" (C.2266/37 : f. 12).

Quizá no sea del todo cierto que, como se ha rumoreado, el policía Navalón pasara la guerra escondido en su propio domicilio, con salida fácil para Portugal, pero su exilio no sería muy remoto y su familia, entre cuyos miembros se cuenta un conocido crítico taurino homónimo (ya fallecido), tampoco tendría que emigrar.

Una situación análoga vivieron algunos carabineros de la plantilla local, antes o después de ser procesados en 1937 (C.2626/37), a causa de las sospechas que sobre ellos pesaban sobre un proyecto de oposición al Movimiento en julio de 1936 (Iglesias 2016: 254). El Coronel Jefe de la Zona, Antonio Alonso Morales, como primera medida impuso varios traslados de carabineros a otros puestos cercanos, según manifiesta en una carta al capitán de Carabineros de Ciudad Rodrigo (Salamanca, 30/07/36):

"He tenido por conveniente disponer los siguientes traslados de personal de esa compañía: brigada del puesto de La Genestosa [Casillas de Flores] D. Ángel Matías Martín, al puesto de Fuentes de Oñoro, pasando el de este último puesto D. Simón Castaño Sánchez al de La Genestosa citado. El cabo del destacamento de El Payo, D. Pedro Herrero Robles, al puesto de Aduanas de Fuentes de Oñoro, en sustitución del que lo manda, Felipe Petisco García. Este último cabo y el carabinero del mismo puesto Cándido Gil Posse los destinará donde crea conveniente" (Ca.2266/37: f. 128).

Además de los traslados del brigada Simón Castaño, el cabo Felipe Petisco, destinado finalmente a Málaga, donde ascendería a sargento, y el número Cándido Gil, enviado a La Plana (Espeja), también fueron trasladados sus colegas: José Devesa Escartell, a Alameda de Gardón, Antonio Martín Corzo, a Navasfrías, y Donato Martínez Orea, a Alameda de Gardón. Casi todos ellos estaban casados, pero en principio estos cambios de puesto no supondrían molestias excesivas para sus familias, acostumbradas a este tipo de trasiegos. El más expuesto, Cándido Gil Posse, que estuvo detenido debido a un incidente con agentes portugueses y que había dejado el ABC para suscribirse al Heraldo de Madrid, consiguió ofrecer como prueba de su derechismo la presencia de dos hijos suyos educándose con los Jesuitas en Valladolid. Solamente dos carabineros oñorenses fueron severamente castigados, procesados por los mismos indicios de izquierdismo que sus colegas del puesto fronterizo: lectura del Heraldo y El Liberal, escuchas radiofónicas de Madrid al producirse el Alzamiento, celo represivo contra comerciantes sospechosos de contrabando (C.1049/37). Se llamaban Gabino Martín Rivero y Teodoro Risueño Boyero (a) "Lerenle", que también habían sido trasladados respetivamente a Alamedilla y Casillas de Flores, sobre los cuales informaba un agente de Vigilancia, Juan Sánchez Pérez (Fuentes de Oñoro, 23/04//1937):

"(...) Que debido al poco tiempo que lleva en esta localidad no puede asegurar las ideas políticas de los Carabineros, que con posterioridad al Glorioso Movimiento Nacional le han sido denunciados como marxistas los carabineros Gabino Martín Rivero y Teodosio Risueño Boyero, los cuales en diferentes ocasiones hacían ostentación de sus ideas socialistas, jactándose el segundo de tener un hijo sin bautizar y al cual le puso el nombre de Lenin; estos se encuentran ahora fuera del pueblo prestando servicios por haber sido trasladaos en dos pueblos (cuyo nombre desconoce el declarante) del partido de Ciudad Rodrigo. Así mismo es persona de izquierdas y tenía mucha simpatía por el Frente Popular el carabinero de este pueblo Cándido Gil Posse, el cual no era tan peligroso como los dos anteriores" (C.1049/37: f. 9).

Los procesados negaron las acusaciones, insistiendo en que siempre se habían limitado a cumplir con sus deberes militares, y de hecho en sus hojas de servicio no figura corrección ninguna por falta en el servicio, pero no fueron creídos. El consejo de guerra impuso a ambos treinta años de reclusión, pena que conllevaba la expulsión del cuerpo, lo que obviamente repercutiría en sus familias respectivas, pues ambos estaban casados, Teodoro Risueño con Juliana Hernández Rodríguez y Gabino Martín con Emilia Hipólita Martín García Peña. La pena les sería conmutada por la de 10 años en 1943. Teodoro, que de ex carabinero se había reciclado como jornalero, ya no conseguiría enderezar el rumbo de su vida, pues cuando quedara en libertad condicional fue denunciado en Ciudad Rodrigo por escándalo y amenazas con una pistola (C.467/43). La causa fue sobreseída, reingresó en la prisión de Salamanca en 1958, afectado por "Ley de vagos y maleantes" y fue trasladado a Madrid, donde se pierde su rastro, así como las noticias sobre las repercusiones que su reclusión tuviera en su familia, pues era padre dos hijos. Gabino Martín, que era natural de Estepona (Málaga), presumiblemente regresaría a su tierra de origen, cuando recuperara la libertad condicional.

En suma, a falta de otros datos, en general los "exilios" oñorenses quizá no tendrían consecuencias tan dramáticas como en otras localidades represaliadas.