La situación de las cárceles en Italia

Lorenzo Príncipe. Activista de Amnistía Internacional

La situación de las cárceles en Italia sin duda no es la mejor, tanto para los presos como para los que trabajan en ellas y están en estrecho contacto con los internos.

El tema de las cárceles es muy complejo y debe resolverse con reformas más incisivas y estructurales. La detención y custodia en primer lugar, además de las dificultades de la reinserción de los reclusos en la sociedad, con cada vez menos recursos dirigidos al mantenimiento y rehabilitación de los presos.

Se estima que en las cárceles italianas, aproximadamente el 85% de los presos que trabajan están empleados por la administración penitenciaria y participan en la limpieza y la preparación y distribución de alimentos. El quince por ciento restante se compone de una mayoría de los empleados semi-libres que trabajan en el exterior. El personal es insuficiente, los trabajadores sociales son menos de los que deberían ser, y lo mismo vale por los educadores y psicólogos. El Artículo 299 párrafo 1 del Código de Procedimiento Penal italiano dice lo siguiente: "Las medidas coercitivas se revocan inmediatamente cuando faltan las condiciones aplicables estipuladas para las medidas individuales".

Las características de una prisión están definidas por el artículo 6 de la Ley de 26 de julio 1975 n. 354, la reforma de la ley penitenciaria. Los puntos son muchos y las reglas son estrictas, pero, obviamente, no se respetan. Por ejemplo se dice que "las habitaciones en las que viven los detenidos e internados deben ser de un área suficiente, iluminada con luz natural y artificial con el fin de permitir el trabajo y la lectura." Hay un mayor nivel de reglas a seguir, representada por las disposiciones del artículo 27 párrafo 2 de la Constitución que establece que "el castigo no puede consistir en un trato contrario a la dignidad humana y debe apuntar a la rehabilitación de los condenados." De acuerdo con esto, por ejemplo, una celda de dos metros por cuatro habitadas por seis personas no parece ajustarse a los dictados de la Carta, sin embargo, no es una situación poco común en nuestras prisiones.

Vista la escisión entre la realidad y las disposiciones constitucionales, queda comprender lo que podría ser el camino correcto a seguir para llenar este vacío profundo. Hay cerca de 54.000 presos a 21 de febrero. Unos cientos más que en 31 de diciembre 2014 (eran 53.623), pero alrededor de 8 mil menos que en 2013. Es decir: en las cárceles italianas hay 108 presos por cada cien mil personas. Y esta es una cifra que no tiene en cuenta las estructuras actualmente cerradas por reformas. En este caso el índice de hacinamiento alcanza 122%. Números que conducen Italia lejos de la media europea.

El quid está en la prisión preventiva, que sigue siendo un porcentaje muy alto, el 34,8%. Y, sin embargo, la media europea es muy inferior: en los países de la UE es de alrededor del 21%. Una brecha que, según un estudio elaborado por la asociación Antigonede, defensora de los derechos y garantías del sistema de justicia penal, debe ser subsanada.

Los datos también confirman que en la actualidad no existe ninguna relación entre la tasa de la detención y la tasa de criminalidad. Los porcentajes no son inversamente proporcionales, de modo que eso de "cárceles llenas, calles seguras" es sólo un eslogan vacío.

Vamos a ver las características penales de los detenidos: Aquellos condenados por delitos contra la propiedad eran, en 2014, 30.287, el 24,1% del total. Los condenados por delitos contra la persona, 22.167 o el 17,7%. Por drogas 18.946, es decir el 15,1% del total. Estos últimos eran 26.160 en 2012 y 28.199 en 2010. En cuatro años, de hecho, hubo una disminución de 9.253 cargos por motivos de drogas. Este es el resultado de la derogación de la ley Fini-Giovanardi por el Tribunal Constitucional. Entre la población penitenciaria, el porcentaje de extranjeros es del 32%, cuando en Europa hay un 14%. Las mujeres, representan el 4,3% de la población carcelaria. Entre los nacidos en Italia, sin embargo, la mayoría proceden de Campania (19,01%), de Sicilia (13,08%), de Calabria y Puglia (ambos 6,96%). Las regiones que están menos representadas son Valle de Aosta (0,02%), Molise (0,17%) y Trentino-Alto Adigio (0,18%).

Otro capítulo se refiere a los niños. Los reclusos presentes en las instituciones penales para menores al 28 de febrero 2015 son 407, de los cuales 168 (41,3%) son extranjeros. Entre los detenidos presentes, 175 no tienen una sentencia definitiva.

El número de detenidos sometidos a la pena de reclusión para mafiosos y terroristas es de 725. Las mujeres son ocho. Sólo uno es extranjero. Están recluidos en 12 institutos, y la prisión de L'Aquila está completamente dedicada a este régimen. 648 fueron condenados por asociación de tipo mafioso, mientras que 414 están en espera de juicio. Los de Cosa Nostra siciliana son 210, los de la Camorra 294, 135 los de la 'Ndrangheta calabresa, 22 de la Sacra Corona de la Puglia. Los reclusos considerados miembros de organizaciones terroristas son tres.

El 31 de marzo 2015 se cerraron de forma permanente los Hospitales Psiquiátricos Judiciales (OPG), aquellas instalaciones que el ex presidente de la República, Giorgio Napolitano calificó de estructuras de "terror extremo, inconcebibles en cualquier país civilizado". Aún no está claro si el cierre será gradual o no.

Otro problema con el sistema penitenciario italiano es el suicidio en la cárcel que sigue siendo una de las principales enfermedades del sistema penitenciario italiano. Desde principios de 2015, los suicidios han sido nueve. Y en 2014 eran 44 los presos que han cometido suicidio en las cárceles italianas. Así que el promedio de suicidios por cada 10.000 presos ascendía a 7,7%. Un porcentaje superior a la media europea, que es del 5,4%. Pero muy por debajo del 14,4% en Francia, con porcentajes superiores al 10% en Suecia y Noruega, 8,2% en Alemania.