La lucha contra la pena de muerte sigue siendo necesaria
En 2020, las ejecuciones fueron un 26% menos que en 2019, una tendencia registrada año tras año desde 2015. Los países que aplicaron esta pena contra más personas en 2020 fueron Irán (246), Egipto (107), Irak (45) y Arabia Saudí (27). La dignidad humana
Juliette Vire. Defensora de los Derechos Humanos
Según Amnistía Internacional, el año 2020 registra la cifra más baja de ejecuciones en la última década. El año ha acabado con al menos 483 vidas en 18 países del mundo. Este descenso está relacionado con la disminución de ejecuciones en los dos países históricamente más matadores, Irak y Arabia Saudí. En este último país, se anunció el final uso de la pena de muerte contra las personas menores de 18 años en el momento de cometerse el delito, aunque solo en casos no relacionados con la ley antiterrorista. Año tras año la evolución mundial de la pena de muerte avanza de forma continuada hacia su abolición.
En 2020, Chad la abolió y se convirtió en el quinto país africano en dar este paso en la última década. En los Estados Unidos, Colorado se convirtió en el estado abolicionista número 22. Las suspensiones de las ejecuciones ordenadas por los gobernadores continuaron durante el año en California, Oregón y Pensilvania; Ohio reprogramó todas las ejecuciones previstas. En total, 108 países han abolido la pena de muerte y 144, más de dos tercios del mundo, la han suprimido en la ley o en la práctica..jpg)
Gavin Newsom, gobernador de California anunció en marzo de 2019 que "matar intencionadamente a otra persona está mal, y como gobernador, no voy a supervisar la ejecución de nadie".
Sin embargo, la pena de muerte no ha desaparecido, y la COVID 19 ha agravado las condiciones de las personas condenadas. Amnistía denuncia que muchas personas ejecutadas no pudieron acceder a la asistencia letrada y pasaron días sin poder tener visitas a causa de las restricciones sanitarias. Además, las cifras oficiales de condenas no son exactas pues no incluyen las ejecuciones de China, país que también utilizó la pena de muerte para castigar delitos relacionados con las medidas de prevención de la COVID-19. Parece que China ejecuta cada año a miles de personas, pero no hay forma de precisar más porque en ese país las condenas de muerte están clasificadas como secreto de Estado, según advierte Amnistía Internacional.
Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudí fueron responsable del 88% del total de ejecuciones conocidas. Si en los dos últimos países las condenas se reducen, en Egipto el uso de la pena capital triplica las del año anterior, escalando hasta un total de 107 muertes. La organización por los derechos humanos ha probado que 23 de ellas se produjeron tras juicios "manifiestamente injustos, empañados por "confesiones forzadas" y otras "violaciones graves de derechos humanos, como tortura o desaparición forzada".
En Irán también detectaron la misma tendencia. Si las ejecuciones registradas están por debajo de los años anteriores, la pena de muerte es utilizada como arma de represión política contra disidentes, manifestantes y miembros de grupos étnicos minoritarios. Además, las condiciones de detención son inhumanas. Mohammad Hassan Reazaiee, un joven ejecutado en la prisión de Lakan (Irán), fue sometido a "reclusión prolongada en régimen de aislamiento sin acceso a familiares ni abogados", recoge el examen de Amnistía Internacional.
Y aunque la mayoría de las naciones deciden no condenar a muerte a las personas por sus crímenes, más del 60 % de la población mundial vive en países donde se mantiene, como China, India, partes de Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Nigeria, Egipto, Arabia Saudí, Irán, Japón y Taiwán. Y es importante saber que la pena de muerte se aplica a delitos relacionados con las drogas en Indonesia o Singapur, la corrupción en Vietnam, o la blasfemia en Pakistán. En Maldivas seguían condenadas a muerte cinco personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito.
Como destaca Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, "mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente a la Covid 19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación de recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a toda costa".
Es lo que ocurrió con la reactivación de la pena de muerte a nivel federal en 2019 por la presidencia de Trump. Según señala el informe de Amnistía Internacional, solo en los primeros cinco meses y medio de 2020 se acabó con la vida de 10 personas. Por el momento, Biden no se ha pronunciado en favor de su abolición, lo que nos deja una interrogante sobre la evolución de la situación en EE. UU.
La pena de muerte es considerada como un castigo brutal e innecesario y supone una violación de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes.
La empresa Diario de Salamanca S.L, No nos hacemos responsables de ninguna de las informaciones, opiniones y conceptos que se emitan o publiquen, por los columnistas que en su sección de opinión realizan su intervención, así como de la imagen que los mismos envían.
Serán única y exclusivamente responsable el columnista que haga uso de nuestros servicios y enlaces.
La publicación por SALAMANCARTVALDIA de los artículos de opinión no implica la existencia de relación alguna entre nuestra empresa y columnista, como tampoco la aceptación y aprobación por nuestra parte de los contenidos, siendo su el interviniente el único responsable de los mismos.
En este sentido, si tiene conocimiento efectivo de la ilicitud de las opiniones o imágenes utilizadas por alguno de ellos, agradeceremos que nos lo comunique inmediatamente para que procedamos a deshabilitar el enlace de acceso a la misma.