La Ley del Tercer Sector de Castilla y León impulsará la participación de más de 500 entidades salmantinas

Más de la mitad trabaja con personas mayores, y el resto con personas con discapacidad, en protección a la infancia y en el ámbito de la inclusión social

Rueda de prensa de los procuradores populares por Salamanca: Raúl Hernández, Carmen Sánchez y Rosa Esteban. Foto de Lydia González

Los procuradores del PP en la Cortes de Castilla y León, Carmen Sánchez Bellota, Rosa Esteban y Raúl Hernández destacaron hoy en Salamanca que la nueva ley del Tercer Sector de Castilla y León, dotada con un apoyo financiero de más de 157 millones de euros anuales, impulsará la participación de 506 entidades salmantinas. Según detallaron, en la provincia salmantina, de este medio millar de entidades del Tercer Sector, el 57,68% trabaja en el área de personas mayores, el 8,90% en el de personas con discapacidad, el 6,19% en protección a la infancia y 3,10% en el ámbito de la inclusión social. En total, las 506 entidades de la provincia prestan un millar de servicios.

Los procuradores recordaron que el recientemente aprobado Proyecto de Ley del Tercer Sector en Castilla y León “viene reforzar el apoyo y la participación de las entidades que trabajan con las personas más vulnerables”. En este sentido, explicaron que “en la Comunidad Autónoma se contabilizan casi 3.300 entidades sociales, con más de 6.800 servicios y con presencia en más de 1.100 localidades, lo que les permite prestar atención a  más de 700.000 personas”.

“La nueva norma reconoce la aportación de las más de 3.300 organizaciones de la región, que complementan el sistema autonómico de Servicios Sociales, y colaboran en la construcción de una sociedad más solidaria, justa y cohesionada, que mira al futuro”, añadían.

Sánchez Bellota explicó que con este Proyecto de Ley se pone de manifiesto que “la Junta de Castilla y León demuestra un compromiso diario con las entidades del Tercer Sector Social ya que, por un lado, atiende sus demandas y, al mismo tiempo, les da participación en los órganos correspondientes”.

Por su parte,  Rosa Esteban insistió en que “el gobierno de Fernández  Mañueco garantiza su sostenibilidad económica y financiera a través de la concertación, al tiempo que establece obligaciones para garantizar también los derechos de sus trabajadores”.


Los procuradores populares explicaron que el Gobierno de Fernández Mañueco defiende que se incremente, desde el 77,72 por ciento actual hasta un mínimo del 80 por ciento, el dinero que el Ejecutivo Central destina a las entidades de carácter social de todo lo recaudado con el 0,7 por ciento del IRPF.

Así, se pretende “garantizar la financiación de manera estable para las entidades del Tercer Sector, garantizar esos proyectos de atención social de una manera continuada y estable, teniendo en cuenta la situación tan complicada que hemos afrontado en el último año y las consecuencias sociales que se derivan de la pandemia del COVID”.

Por el contrario, los procuradores del PP por la provincia de Salamanca apuntaron que “el Partido Socialista en Castilla y León se pone una vez más de perfil, cuándo habitualmente se arroga la defensa de las políticas sociales, ya que cuando leyes importantes para las entidades del Tercer Sector llegan al parlamento regional no las apoyan”. En este sentido, pusieron de manifiesto que “los socialistas no han apoyado una Ley que cuenta con la aprobación del propio Tercer Sector y se ha elaborado en estrecha colaboración con estas entidades”.

VOLUNTARIADO

Con relación al voluntariado, los procuradores del PP por la provincia de Salamanca explicaron que la modificación de la normativa supone apostar un voluntariado seguro y moderno. Así, señalaron que en Salamanca existen casi 70 entidades que trabajan en distintos ámbitos de voluntariado y que Castilla y León cuenta con 140.000 voluntarios.

El 22% de los programas de voluntariado se destinan a personas con discapacidad, el 13% a programa de inclusión social y el 12% a programas destinados a juventud.

Fotos de Lydia González