La violación de derechos humanos en Polonia y Hungría, ¿amparada por la UE?

La UE ha abierto un procedimiento especial para evaluar si en Polonia y Hungría corren grave peligro los valores fundacionales de la UE, entre ellos el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y de la igualdad y la dignidad humanas.

Fuente: Amnistía Internacional

Irene Medina López

Defensora de los Derechos Humanos

Hace unos meses, a causa de la aprobación de los fondos de recuperación de la UE (750.000 millones de euros) que deben ayudar a paliar los efectos de la pandemia, salieron a la luz los problemas de violaciones de derechos humanos en países de la Unión Europea como son Polonia y Hungría, debido a la relación entre la vulneración del Estado de Derecho y las concesiones de los fondos de recuperación.

Esto se debe a que la aprobación de los fondos llevaba consigo una cláusula, el mecanismo del Estado de Derecho, que indicaba que, si el Estado de Derecho de uno de los países se veía vulnerado, las ayudas concedidas serían retiradas para dicho país. A esto se opusieron Polonia y Hungría a través de su derecho a veto. Podemos entender que esto se dé debido a las vulneraciones de derechos que ocurren en estos países en asuntos como la migración y el asilo, y recientemente también con los derechos del colectivo LGTB, y que los llevan a estar en contra de esta condición ya que a ellos se le retiraría la concesión económica debido a estos problemas.

La realidad a la que Polonia se enfrenta es que, en los últimos meses, varias zonas del país han tomado la determinación de proclamarse «zonas libres de ideología LGTB», lo que ha supuesto un aumento de denuncias en estos lugares después de la campaña electoral. Siendo las causas más numerosas el acoso en los colegios, el miedo provocado en el entorno familiar, los ataques en la calle y la discriminación de algunos facultativos con las personas transexuales. El mayor problema es que el aumento de estas zonas proviene del discurso político del gobierno ultraderechista que está al mando actualmente en el país a través de campañas de difamación del colectivo, que lo relacionan en algunas ocasiones con la pedofilia y con la existencia de una ideología LGTB, el cual se refiere a ideas intangibles pero que forma parte de la retórica homófoba para encubrir el ataque a personas concretas.

También en Hungría el mayor problema de violación de derechos humanos se refiere a la manera de afrontar la crisis de refugiados; ya en 2015 este país bloqueó el paso de miles de migrantes, y desde entonces el gobierno ha concentrado a los migrantes en las llamadas zonas de tránsito, cerrando los caminos legales para que la mayoría pueda solicitar asilo. Por ello el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado recientemente a Hungría por haber violado la normativa vigente sobre derecho de asilo al impedir que inmigrantes pudieran solicitar amparo. Concretamente, las autoridades no permitían que los solicitantes de asilo salieran de la detención mientras se examinaban sus casos, y tampoco se ofreció protección especial a niños ni a personas vulnerables; además los migrantes fueron abandonados en una franja desprovista de infraestructuras cerca de la frontera con Serbia. Constituyendo todo esto una violación de una directiva de la UE que establece salvaguardias para la expulsión de inmigrantes ilegales.

Es por esto, entre otras cosas, que Hungría y Polonia son los únicos Estados miembros de la Unión Europea que fueron sometidos a un procedimiento especial de la UE por el que el Consejo evaluó si estos países corrían peligro de violar gravemente los valores fundacionales de la UE, entre ellos el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y de la igualdad y la dignidad humanas, los cuales han ido empeorando constantemente en los últimos 10 años, incluyendo sus problemas con la independencia judicial o la libertad de prensa además del respeto a las minorías.

Finalmente, respecto al problema del veto de estos dos países, los líderes europeos han pactado una solución para poder levantar el veto; el problema es que este pacto conlleva una concesión que puede poner en peligro la protección de los derechos humanos, esta consiste en un compromiso de que las medidas punitivas del reglamento, que permitirían cortar los fondos si se demuestran violaciones del Estado de derecho, no se apliquen hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie en caso de que algún socio impugne la nueva norma; esto conlleva que, de darse esa situación, la Comisión tendrá que esperar al pronunciamiento del tribunal para elaborar unas directrices de la aplicación del reglamento, y consiguientemente durante el periodo de pleito Polonia y Hungría estarán ganando un tiempo de meses e incluso años a la espera de lo que dictamine la corte europea, en el que no se le sancionará por las vulneraciones de derechos humanos o del Estado de derecho.