Intoxicar para ocultar las vergüenzas

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Como ya se vaticinaba desde hace tiempo, la posibilidad de conceder indultos a los condenados por el archiconocido “procés” catalán, es un nuevo bidón de gasolina en manos de los sectores más reaccionarios de nuestra querida España. Lo mismo que ocurrió cuando el gobierno de Aznar –siendo la actividad criminal de ETA muy virulenta - inició acercamientos de presos a cárceles próximas al País Vasco calificando a los terroristas como “movimiento vasco de liberación”, en que la sociedad en general calificó ese acercamiento como un gesto de altura política para contribuir al final de la lacra criminal, pero que, en cambio, cuando lo intentaron gobiernos socialistas, esos mismos sectores de la derecha política lo calificaron como “traición a España”; en los momentos actuales en los que el gobierno socialista valora la posibilidad de conceder indultos a los presos catalanes, la derecha monta en cólera atacando de manera furibunda y sin piedad al gobierno, única y exclusivamente porque su aspiración es acceder al poder, cueste lo que cueste, siempre atacando al gobierno, haga lo que haga y como lo haga. Lo vimos cuando Casado acudió a Europa para tratar de impedir que no llegaran fondos europeos a España por la pandemia de la Covid-19 y hace unos días dando la espalda no sólo al gobierno y a los intereses españoles ante la crisis provocada por Marruecos en la frontera de Ceuta.

 

            El PP ignora que también los gobiernos de Aznar y Rajoy han concedido indultos a ciertos condenados, con informe desfavorable del tribunal sentenciador. Los indultos a personajes famosos de la política, la economía o el ejército, condenados, los han concedido todos los gobiernos, incluso el de Felipe González (aunque ahora quiera ignorarlo) cuando concedió el indulto al ex general golpista Armada y éstos (Tejero, Armada o Milans del Bosch). Y estos sí que iban en serio con actos claramente rebeldes, utilizando la fuerza y las armas en el Congreso de los Diputados y sacando los tanques de guerra a la calle. Si las razones de concesión de aquél indulto pudieron ser de utilidad pública como criterio de oportunidad para contribuir a la concordia y la pacificación de sectores sociales y políticos dramáticamente enfrentados, sobre todo desde la guerra fratricida y la dictadura franquista, también pueden serlo ahora con los presos del “procés”.

 

El problema catalán, que no es nuevo, no se puede solucionar con métodos e instrumentos decimonónicos utilizando la razón de la fuerza, sino con el debate, la negociación y el consenso de las distintas opciones políticas representantes de los ciudadanos, que para eso están en un Estado Social y Democrático de Derecho.  Y es que el PP (entonces en la oposición) desde que se aprobó el Estatuto Catalán -a pesar de ser aprobado por el 90 % de los diputados del Parlament- intentó tumbarlo a cualquier precio y el ejemplo más claro es que 95 artículos de los 114 que recurrió ante el Tribunal Constitucional estaban calcados de las reformas de los Estatutos de Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón o Baleares y en estas comunidades el PP apoyó su aprobación sin ningún problema. De aquéllos polvos han llegado estos lodos. Después, con el gobierno de Rajoy, se rompieron todos los puentes de entendimiento creyendo que la mayoría absoluta del PP les posibilitaba gobernar sin complejos imponiendo su criterio en lugar de dialogar y llegar a acuerdos consensuados.

 

Por todas estas consideraciones, un indulto a los presos del “procés” puede ser una decisión acertada, a pesar de que el coste político que va a tener para el presidente del gobierno será elevado indudablemente, porque no es una decisión fácil y porque a la derecha española, ultraconservadora y reaccionaria, históricamente más unida a las botas militares rebeldes que a los votos democráticos, no le interesa que se resuelva el tema catalán, que es un arma electoral al que se agarran con fuerza y cuentan con un coro mediático ideal para intoxicar a la opinión pública.  Sabemos que desde hace muchos años el PP se agarra con fuerza a asuntos conflictivos que utiliza como arma electoral y para ejemplo, el terrorismo, al que se sigue aferrando electoralmente a pesar de que el de ETA ya no es un problema porque ha desaparecido. Incluso las tres derechas: PP, Vox y Ciudadanos han convocado una manifestación en la plaza de Colón, en Madrid, para el 13 de junio, en contra de los posibles indultos. No sé, pero me temo que la maniobra no les va a salir todo lo bien que esperan y se puede volver contra ellos como un boomerang; ya se pudo comprobar en febrero de 2019, cundo estas tres fuerzas conservadoras se concentraron en esa misma plaza de Colón contra el gobierno de Sánchez. Dicen los viejos que por mucha cirugía estética que se haga a los muertos, nunca se les podrá devolver a la vida.

 

            Por otro lado, lo que realmente interesa al PP es intoxicar a la opinión pública para ocultar sus vergüenzas, porque mientras se habla de los posibles indultos a los presos del “procés”, se ocultan gestiones políticas que se están abordando por gobiernos territoriales del PP, como la reducción de más de 2.000 profesionales de la sanidad pública madrileña, que el gobierno de Ayuso va a privatizar recortando drásticamente la atención primaria, o la negativa a la prórroga de 5 meses en los contratos de investigadores universitarios que dependen de la Junta de Castilla y León, a pesar de que los contratos de los investigadores que dependen del gobierno central y de las universidades de Castilla y León sí han sido prorrogados por la parálisis de los investigadores durante los confinamientos impuestos por los Estados de Alarma derivados de la Covid-19

 

También le interesa al PP intoxicar para que la opinión púbica olvide informaciones relevantes que evidencian presuntas corruptelas en la adjudicación de contratos de obras y servicios del gobierno en la época de Aznar. Se ha sabido que 7 contratos de esa época investigados por la “caja B del PP” tuvieron un sobrecoste de 70 millones de euros presuntamente adjudicados a un conocido empresario, García Pozuelo, de Constructora Hispánica y que posteriormente pudo realizar donaciones “en B” al PP, o para que la opinión pública no preste atención a las investigaciones sobre presuntas irregularidades en las primarias del PP para optar a la candidatura a la presidencia de la Junta de Castilla y León, que venció Fernández Mañueco, en las que altos cargos del PP han declarado en sede judicial que pusieron grandes cantidades de dinero para actualizar las cuotas de afiliados y que éstos pudieran votar en las primarias; de lo que se pudo beneficiar claramente Mañueco en detrimento del otro candidato a las primarias, Antonio Silván. Además, el juez sospecha que hay cierta opacidad sobre el origen de las grandes cantidades de dinero que pusieron esos altos cargos y, en consecuencia, se sospecha de una presunta financiación ilegal.