La legislación contra el aborto de Polonia: un ataque contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer

Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional polaco impide interrumpir el embarazo en caso de malformación del feto; se vulneran así los derechos reproductivos-sexuales fundamentales de la mujer en Polonia.

 

Nadia Rodríguez Sánchez

Defensora de los Derechos Humanos

Los últimos acontecimientos referidos a la ley del aborto en Polonia dejan ver el nulo respeto por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer al prohibir el aborto prácticamente en su totalidad, también en los casos de malformaciones en el feto. Se reduce de este modo la libertad de las mujeres polacas de optar por un aborto seguro y protegido ante ley.

La transcendencia de los hechos llegó hasta las instituciones de la Unión Europea,  a la que Polonia pertenece desde el año 2004. Fue el Parlamento Europeo el que instó a la Comisión Europea a actuar en favor de los derechos fundamentales contra dicho intento de ilegalizar, casi en su totalidad, la posibilidad de irrupción del embarazo. 

Una de las eurodiputadas, Maria Walsh, llegó a contrastar los numerosos intentos del partido político polaco denominado Ley y Justicia (PiS) de violar los derechos fundamentales, entre los cuales, se pueden destacar el establecimiento de impedimentos para la fertilización in vitro o la prohibición de crear espacios libres para el colectivo LGTBI por considerarlos un impedimento para la democracia. Por otro lado, la eurodiputada Samira Rafaela aseguró que esta ley supondrá para las mujeres polacas consecuencias nefastas tanto físicas como psicológicas al restarles libertad en cuanto a la decisión de la irrupción del embarazo.

Numerosas son las mujeres que se movilizan en contra de la ley adoptada por parte de Polonia. La activista de este mismo país, Marta Lempart, solicitó al resto de estados miembros el rechazo a las actuaciones de su país, así como poner a disposición de los derechos humanos todos los elementos políticos para acabar con este intento de reducirlos por parte del Ejecutivo polaco. Asimismo, se mostró incesante en la lucha por los derechos, asegurando que la ciudadanía polaca no se cansaría de defender los derechos fundamentales, siendo capaces de arriesgarse en pro de la lucha de los valores defendidos por la Unión Europea, ahondando fundamentalmente en la propia libertad.

La Comisión Europea, a través de la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, aclaró la falta de competencias por parte de la Unión Europea respecto al derecho del aborto pero que, a pesar de ello Polonia, como estado miembro, debe respetar de forma vinculante los derechos fundamentales defendidos y promulgados por la UE.

El Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó una sentencia en la que eliminaba como causa para abortar la malformación del feto. Sin embargo, Wojciech Hermelinski, exmiembro de dicho tribunal, asegura no haberse respetado la Constitución en cuanto al artículo que habla de la garantía de protección a todas las personas. El propio Tribunal no llevó a cabo una válida interpretación de dicho artículo, haciendo dudar de la validez de la sentencia del Tribunal.

Además, aseguró que lo que prima fundamentalmente es el bienestar y la salud física y mental de las propias mujeres. Llegando a la conclusión de que las limitaciones implantadas en cuanto al aborto resultan ilegales y van en contra de los derechos fundamentales, resultado de una sentencia que genera serias dudas por las irregularidades encontradas en la misma.

Por el contrario, Andrzej Sado´s, embajador y representante permanente de Polonia en el marco de la Unión Europea aseguró el respeto de la división de poderes en Polonia, así como la competencia de sanidad como algo exclusivo de los estados miembros y en la que no debe interferir la Unión Europea. Conjuntamente, afirmó la defensa por parte de Polonia del derecho a la vida. También la presidenta del Consejo de Familia del Ministerio de Familia y Política Social de Polonia defendió la sentencia adoptada por el Tribunal Constitucional, ya que considera que la ley del aborto favorece la desigualdad entre mujeres y nonatos. Y, además, en los últimos días se han manifestado públicamente diversos obispos europeos criticando la postura adoptada por el Parlamento Europeo con respecto a la ley del aborto de Polonia, pues siguen considerando el aborto como un asesinato.

Con todo ello, se observa una falta de respeto a los derechos fundamentales por parte de las instituciones de Polonia entre las que se incluye el Ejecutivo de dicho país. Principalmente, resulta un ataque contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, suponiendo una fuerte agresión contra la libertad de las mismas para optar por un aborto legal y en el que no se ponga en peligro su salud.

Polonia ha optado por un retroceso en los derechos defendidos por la Unión Europea y por la Naciones Unidas, organización de la cual también forma parte. Por lo tanto, nos encontramos con un estado que trasgrede los derechos humanos. Es importante recordar a los ejecutivos y demás instituciones que forman los estados que los derechos fundamentales no pueden depender de meras ideologías o gestiones de los gobiernos sino que deben ser asegurados, defendiendo en todo momento al ser humano como sujeto derechos y libertades.

En este punto cabe destacar que el derecho a la interrupción del embarazo no trasgrede el derecho a la vida como algunos obispos y políticos defienden, sino que supone un paso más en los derechos y libertades de las mujeres, primando en todo momento su salud y bienestar. Polonia debe asegurar estos derechos y evitar un retroceso en los mismos. Las mujeres de este país merecen y deben ser poseedoras de derechos sexuales y reproductivos, otorgándoles libertad, por un aborto libre y seguro, donde prime el bienestar de la mujer.