Piratas de la salud

Imagine que van a comprar un piso y el contrato que les entregan para firmar está plagado de tachaduras. En el documento no puede leer el precio definitivo, ni el plazo de entrega, ni los gastos de tramitación, tampoco el interés del préstamo hipotecario, ni las calidades de los materiales, etc.

Además le informan que no le cubre ninguna garantía contra posibles defectos de fabricación y, usted asume toda la responsabilidad caso de que hubiera que indemnizarse a un tercero por daños ocasionados por cualquier elemento de su vivienda:  la caida de una teja,una fuga de agua o gas, el desprendimiento de un balcón, etc. ¿Firmaría?

Pues esas son, ni más ni menos, las condiciones en las que se han hecho públicos los contratos que la Unión Europea ha firmado con las empresas farmacéuticas para la adquisición de las vacunas COVID, y todo ello se paga con nuestro dinero.

De estos contratos, firmados en el más absoluto secreto, únicamente se han hecho público algunas partes, eso sí con innumerables tachaduras (como la imagen adjunta) que hacen ilegible todo aquello que no interesa que sea conocido. Entre ellos el precio de compra establecido en base a no se sabe que criterios.

Los ciudadanos, es decir, usted y yo, no tenemos ningún tipo de derecho ni de control a la hora de conocer sus contenidos ni de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, por la sencilla razón de que las desconocemos.

Sólo enumero algunos puntos para ilustrar la infamia que tal vez les interesen.

  • Todos los derechos de propiedad intelectual y de explotación de las licencias se ceden completamente a las empresas. Lo que significa que las ganancias son exclusivamente para los laboratorios farmacéuticos, aunque los Estados hayan invertido muchos millones en investigación y apoyado el proceso de fabricación a través de los llamados Acuerdos de Adquisición Anticipada de vacunas.
  • Las empresas farmacéuticas quedan exentas de cualquier responsabilidad si se producen reclamaciones por falta de eficacia o por efectos adversos, daños o perjuicios de cualquier tipo. En esos casos, todas las posibles indemnizaciones correrán a cargo de los Estados que las han adquirido. Es decir cualquier problema en la administración y distribución de las vacunas o cualquier efecto secundario que pudieran producirse en las personas, deberá ser asumido por los compradores.
  • Las empresas farmacéuticas se reservan el derecho de autorizar o no a los países compradores, la donación de vacunas ¡ya pagadas! a terceros, incluso a organizaciones humanitarias o agencias internacionales. Esto supone que si, por ejemplo, España quisiera donar a la Organización Mundial de la Salud vacunas de AstraZeneca con destino a Etiopía, país que tal vez no puede comprarlas o pretendiera hacer una entrega a coste cero a Médicos Sin Fronteras para administrar vacunas en Bolivia, todo esto debería estar autorizado por la empresa farmacéutica. Increíble pero cierto.
  • La propiedad de patentes de las que goza el sector farmacéutico les conceden el monopolio absoluto sobre unos bienes de interés general que en un porcentaje muy elevado se han desarrollado con fondos públicos. Esta situación ha permitido a Pfizer subir el precio por vial más de un 20%, y que AstraZeneca haya reducido el envío de dosis a la Unión Europea correspondiente al primer trimestre este año en un 50% (¿porque Israel les hizo una oferta más ventajosa?) y, por si fuera poco, ya ha anunciado que tampoco cumplirá sus compromisos este segundo trimestre, todo ello sin penalización alguna.

Las consecuencias de esta vergonzosa situación, como dije la semana pasada, se mide en miles de muertes y en la exclusión del acceso a vacunas de las 2/3 partes de la población mundial durante años, esto es consentido y tolerado por los ciudadanos de la restante tercera parte que ya se ha, nos hemos, apoderado del 80% no sólo de las existencias actuales[1], también de las que se producirán de aquí a final de año. Y todo ello en un cómplice silencio, sin decir una palabra más alta que otra, sin manifestaciones multitudinarias, ni movilizaciones sociales, sin declaraciones oficiales censurando los comportamientos de estos piratas saqueadores de la salud global que campan a sus anchas en la más despreciable impunidad. ¡Lo que hace el miedo!

El escritor estadounidense Jack London dejó escrito: Tirarle un hueso a un perro no es caridad. Caridad es compartir el hueso con el perro cuando uno está tan hambriento como él. Y claro está, antes de que se muera.

Pero nosotros no queremos tirar ni un solo ‘hueso’, los queremos todos para nosotros y además, no engañamos creyendo que somos los dueños de los ‘huesos’.


[1] El Gobierno español ya ha ejecutado la compra de 136 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 procedentes de 5 empresas farmacéuticas: AstraZeneca, Pfizer, Curevac, Moderna y Janssen. Lo que supone que a cada español nos tocan casi 3 dosis.