A pesar de las denuncias, la libertad de expresión sigue restringida en España por la Ley Mordaza

Durante el año pasado, la Ley Mordaza se ha llegado a aplicar un 42% más durante el estado de alarma debido a la crisis de la pandemia. Así es que un gobierno que dice ser contrario a esta ley es el que más la aplica.

Águeda Palacios Pozo

Defensora de los Derechos Humanos

Parece que, desde hace ya tiempo, en España se ha puesto en solfa la libertad de expresión, pues se vienen sufriendo graves retrocesos en este derecho fundamental. Puede parecer un derecho del que disponemos plenamente, pero la realidad es distinta, y cada vez se ve más reducido. Exactamente, ¿en qué consiste?

La libertad de expresión es el derecho a expresarnos, a recibir la opinión de otros, a compartir nuestros pensamientos, ideas u obtener información. Es un derecho básico para la formación de la persona y de su pensamiento crítico como tal. Además de ser el pilar fundamental para una democracia justa, abierta y pluralista. Por lo tanto, ¿qué supone la vulneración de este derecho?

Al ser un derecho fundamental, su vulneración supondría una merma esencial en la democracia, además de una falta de pensamiento crítico en las personas, el no poder pensar por sí mismos, sino simplemente repetir la única opinión permitida o el verse castigado por pensar otra cosa distinta a esta. También limita la actuación de las personas a través del miedo a las represalias que puede traer consigo el pensar de una manera diferente.

Aun así, debería de existir una base de pensamiento en tolerancia, igualdad y humanidad, unos mínimos que respeten la dignidad de toda persona. Este derecho debe servir al ciudadano, no estar en contra de él ni de sus libertades, en cualquiera de los ámbitos que se dé.

Desde 2015, con la Ley mordaza, en España se abrió un frente en contra de este derecho, reduciendo la libertad de los ciudadanos. Sacada adelante hace ya cinco años con la mayoría absoluta del anterior gobierno del Partido Popular, a pesar de la oposición de muchos partidos, se mantiene todavía hoy en vigor después de promesas de reforma por parte del gobierno actual que aún no se han cumplido. Además, este año se ha llegado a aplicar un 42% más durante el estado de alarma debido a la crisis de la pandemia. Así es que un gobierno que dice ser contrario a esta ley es el que más la aplica.

Amnistía internacional denuncia que el 70% de las sanciones de esta norma provienen mayoritariamente de la aplicación de dos artículos referentes a la “desobediencia a las fuerzas de seguridad”. Esto supone una discrecionalidad normativa y una inseguridad jurídica permanente frente a estos por parte de los ciudadanos. ¿Pero qué supone realmente la ley mordaza?

Se trata de una ley que se usa para sancionar administrativamente algunas conductas que no constituyen delitos y que en muchos casos ha provocado vulneraciones de derechos fundamentales como la libertad de expresión. La ambigüedad de la norma y las interpretaciones subjetivas crean una situación de inseguridad que también afecta a periodistas, artistas, tuiteros, titiriteros o humoristas, que ven como su trabajo queda limitado ante unas normas restrictivas  que se han utilizado contra ellos de manera harto discutible.

Además de la discrecionalidad y el poder que se otorga a las fuerzas de seguridad para actuar bajo su propio criterio, generando con ello una inseguridad jurídica para el ciudadano, existen otros artículos que reducen la libertad y los derechos civiles y políticos.  Así, Amnistía Internacional denuncia sanciones por protestas sin ningún tipo de altercado, y también que se repriman aquellas que se organizan espontáneamente, ya que según esta ley hace falta informar a las autoridades, lo que puede suponer una restricción de la libertad a la hora de convocarlas. También denuncia que se debería de implantar un sistema de supervisión hacia dudosas actuaciones policiales, con el fin de evitar su impunidad en diversas situaciones.

La ONU, por su parte, publica que el 80% de las situaciones que amenazan la libertad de expresión se producen en España, por lo que ha trasladado al gobierno la necesidad de tomar una serie de medidas para cortar estas vulneraciones, sin resultado hasta el momento.

A todo esto, se une el actual estado de alarma por la pandemia que se vive y que supone un alto riesgo para el flujo de la información y la sostenibilidad de los medios pequeños e independientes, los más afectados. Ha supuesto también una intensificación de la represión a la libertad de expresión de los periodistas, de sus opiniones ante las medidas tomadas por la crisis, y de la ocultación de informes o datos que hacen que la libertad de información se vea restringida.

Por todo esto, ahora más que nunca debemos defender la libertad de expresión, el derecho a estar informados en diferentes pensamientos, sin olvidar la diferencia entre información y opinión, y evitar que nos quiten la libertad de ambas.