Aberración Exprés

Cuando introdujimos en nuestra sociedad el término Exprés, respondíamos a la necesidad de encontrar en nuestras vidas una forma de mejorar y abreviar. Tomar un tren exprés o hacer una reforma exprés eran sinónimos de suprimir interrupciones y trámites para alcanzar nuestra meta con mayor rapidez, pero sin menoscabo en la calidad y la seguridad.

Durante siglos, las naciones fueron gobernadas por dirigentes que se apoyaban en sistemas, más bien absolutistas, en cuyas deliberaciones apenas intervenía el ciudadano de a pie. La sociedad, afortunadamente, evolucionó a mejor con la aparición de la democracia. Es verdad que aquel “invento” de Atenas no fue muy duradero. Las maneras autocráticas pronto ahogaron la voz del pueblo y debieron transcurrir muchos siglos para que la recuperara.

Para evitar nuevas tentativas, todas las naciones que adoptan la democracia como sistema político, dejan muy claros en sus Constituciones los requisitos que debe cumplir cada gobierno para sacar adelante una ley. España no iba a ser una excepción, basta leer el Título III de la nuestra. El espíritu, es decir, la idea que tenían los llamados padres de nuestra Constitución, estaba muy claro: para evitar abusos, las leyes deben pasar por el filtro de la mayoría parlamentaria. De ahí, la necesidad de los debates previos y la consiguiente votación. Previendo situaciones extraordinarias, como la actual, también se encontraron solucione puntuales para que nunca se viera interrumpida la labor legislativa. Así, se estableció la posibilidad de que el gobierno de turno, en situaciones muy puntuales, pudiera publicar las leyes, directamente en el BOE, por medio de Decretos-Ley. Las condiciones particulares que envuelven esta fórmula también participan de esa condición de eventualidad. Tan es así que el uso correcto, o el abuso, de eta fórmula distinguen a los buenos de los malos gobiernos.

Siendo grave la condición del gobernante que elige la mentira constante como forma de asegurarse el poder, lo es más cuando presume de progresismo y democracia para, a continuación, bordear los requisitos que marca el texto constitucional y poder incumplir todos los que se refieren al empleo del Decreto-Ley. Formar un gobierno de coalición a base de partidos cuyos ideales chocan frontalmente en aspectos capitales de la política, entraña el riesgo de asumir decisiones diametralmente opuestas a los propios principios. Sólo un exceso de ambición puede hacer posible que la coalición no se rompa antes de tiempo. Si a lo anterior se une la circunstancia de estar gobernando en clara minoría, esa coalición deberá solicitar los votos de partidos que tampoco comulgan con sus programas y que, para dar su apoyo, exigirán concesiones que nunca serían asumidas en condiciones normales.

En cualquier democracia occidental, llevar a la práctica una realidad como la descrita sería harto difícil. En aritmética nos enseñaron la imposibilidad de sumar magnitudes heterogéneas, y en política sucede lo mismo. Pero eso era antes de la aparición en escena del dúo Sánchez-Iglesias. Esta pareja de alquimistas del siglo XXI ha sido capaz de unir el agua y el aceite, dando lugar a un líquido indefinido, viscoso, repelente y vomitivo, diferente a todo lo que se emplea en el resto del mundo.

Sólo la aberración puede justificar la supervivencia de un gobierno como el nuestro. En un año de existencia, se han prostituido la mayoría de principios de toda democracia. La mera coexistencia de un partido que se define socialdemócrata con otro de raíz marxista-leninista define una unión contra natura. Ambos han supeditado sus principios a la permanencia en el poder. Para que la situación no “cante” en exceso, hay que adornarla con supuestos enfrentamientos entre ministros de ambas formaciones. Constituye otra maniobra para distraer la atención de los verdaderos problemas y para que la gente se olvide de esa hemeroteca que demuestra a diario la diferencia entre predicar y dar trigo.

Cuando esta pandemia, que posibilitó el abuso del Decreto-Ley, ha recrudecido su poder y amenaza con un porvenir aún más negro, este incongruente gobierno se encuentra entre la espada del virus y la pared de su menguante crédito. No puede dar marcha atrás en el estado de alarma porque perdería la herramienta que le exime de dar cuentas al Parlamento. Puede sacar adelante, sin ninguna oposición, leyes como la de Celaá, la eutanasia, la constante diatriba contrala institución monárquica, el ataque a la independencia del Poder Judicial, la modificación del delito de sedición, los indultos encubiertos a golpistas, la excarcelación descarada de terroristas, etc. Están dispuestos a aguantar el chaparrón, aunque se lleguen a producir desbordamientos. Eso sí, los verdaderos y acuciantes problemas que estrangulan nuestra sanidad y devastan nuestra economía se posponen para garantizar la permanencia en el poder.

Las autonomías claman hoy por la posibilidad de atajar tanto contagio, tanto colapso hospitalario y tanta muerte empleando la fórmula del confinamiento, única que ha demostrado su eficacia. La proximidad de las elecciones en Cataluña ha hecho que el gobierno se muestre remiso a ceder. No quiere perder ese pretendido pico de popularidad que pueda haber alcanzado el aspirante Illa durante su nefasto paso por la cartera de Sanidad. Esta vez han fallado los cálculos de la factoría Redondo. Algunos gobiernos regionales ya han tomado la iniciativa y la prevista maniobra de solapar una entente que hiciera posible el acceso de Illa a la presidencia de la Generalidad a cambio del descarado indulto de los golpistas, debe esperar algunos meses. Ya no hay pretexto para emplear la fórmula exprés. Hay peligro de que Illa aparezca tal como es. A sus anteriores mentiras y fracasos, todo indica que podamos añadir el embrollo y la complicación de un anárquico Plan de Vacunación que hace agua por diecisiete poros. La hecatombe que estamos padeciendo durará lo que dure esta aberración exprés que nos gobierna.