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Domingo, 7 de marzo de 2021

Ética pública: la asignatura pendiente

La absoluta carencia de cualquier atisbo de ética pública cívica es, después de la virulencia de contagio de covid-19, la principal causa de la ralentización de su eliminación, de la politización de la gestión de su lucha y de los desgraciadamente excesivos ejemplos de insolidaridad que hacen que se demore la solución de uno de los mayores desafíos a que se ha enfrentado la Humanidad

La ética pública cívica consiste en el conjunto de valores y normas que debería compartir una sociedad moralmente pluralista que construye su vida a través de proyectos compartidos y descubre, o debería descubrir, respuestas comunes a los desafíos que a todos afectan por igual, como la pandemia de coronavirus. La carencia de ese proyecto común y el desinterés tanto institucional como ciudadano por la construcción de una ética pública cívica está agravando la crisis provocada por la Covid-19.

El conjunto de valores y normas que deberían formar esa ética pública es algo que se amplía, concreta, cambia y se perfecciona cuando los distintos grupos tienen la voluntad decidida de descubrir sus valores comunes y comprenden que a los retos comunes importa contestar con respuestas compartidas. Justamente lo que falta, ha faltado y, desgraciadamente faltará en la sociedad española. La repetida decepción con que las instituciones van minando cualquier atisbo de proyecto común mediante comportamientos gregarios, corporativistas o directamente egoístas, hace que los desafíos que se presentan a la sociedad española, y que afectan a diferentes grupos sociales, clases o estratos, sean dejados al albur del interés, la manipulación interesada y la comprobada y lamentable mediocridad de las decisiones políticas.

La ética pública, que está en la base del Derecho, no deberíamos, sin embargo, confundirla con él. El Derecho puede ser válido en el lenguaje jurídico y puede en ocasiones ser injusto, como tenemos demasiadas ocasiones de comprobar con sentencias, procesos, acusaciones, corrupción y otras perlas de la idiosincrasia política española. Es esa la razón por la que es más dolorosa la ausencia de una ética pública, ciudadana, la falta de un sentido público de moralidad que haga que los ciudadanos exijan actuaciones justas y magnánimas, amplias de ánimo, en vez de optar, como mayoritariamente se observar, por aceptar y convivir con lo injusto y lo mezquino. Algunas sentencias judiciales, ciertos posicionamientos políticos o institucionales frente a flagrantes delitos o injusticias, hacen que esa cuota de injusticia y mezquindad manche institucionalmente la convivencia en un país y desanime los (pocos) ánimos de la ciudadanía para la creación y activa permanencia de una ética pública cívica.

La ética pública no puede nunca convertirse en derecho, porque moral y derecho son dos dimensiones de la sociedad que se complementan, pero no se identifican. La moral se refiere a una cierta “libertad interna” de las personas, las organizaciones o los grupos, a sus convicciones, sus hábitos, sus orientaciones y las normas que ellos entienden como suyas. El derecho, sin embargo, se refiere a la “libertad externa”, a las relaciones entre las personas y las organizaciones, reguladas por una autoridad externa a ellas, con capacidad sancionadora, incluso en las sociedades democráticas.

Como conclusión, y después de expresar las necesarias disculpas por el tono tal vez excesivamente didáctico de lo que antecede, un llamamiento a recuperar la confianza en el valor de la solidaridad, de la moralidad y de la bonhomía en un mundo tendente, justamente, a lo contrario. Un llamado a mirar alrededor, a conocer la propia posición en el mundo y, sobre todo, el ánimo a que la creciente desconfianza en las instituciones públicas no se convierta en indiferencia sino en acicate de lucha por mejorarlas.