Abierta en canal

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Las vicisitudes políticas y sociales que estamos viviendo, unas producto de la Covid-19, otras derivadas de las peripecias del “rey emérito”, de la crispación de la derecha y la ultraderecha porque no gobiernan, de las discusiones internas de los partidos de la coalición progresista de gobierno y de las intransigencias de unas Comunidades Autónomas con otras (fundamentalmente de la de Madrid con el resto y con el gobierno central porque su presidenta, Ayuso, por sus comportamientos, se cree, “iluminada”, la jefa del gobierno del Estado), tienen a España “abierta en canal”.

 

            Un elevado porcentaje del “alto voltaje” que está alterando la convivencia lo está protagonizando la oposición política, cada día más “enrabietada” porque el gobierno está consiguiendo cumplir sus objetivos: aprobación de los presupuestos, de la reforma educativa o de ley de Eutanasia. En relación a la reforma educativa, se han vertido argumentos falsos y malintencionados. Es cierto que no es una ley definitiva, sino de transición para contrarrestar la regresión educativa que ha protagonizado la Ley Wert (del gobierno de M. Rajoy).  

 

Precisamente cuando se aprobó la Ley Wert se dijo que se iba a mejorar el ranking de España en el mayor examen internacional de competencias educativas (conocido como informe PISA). Pues bien, en el último informe PISA publicado (correspondiente a 2018) España ha descendido posiciones y está por debajo de la media de países de la OCDE. En ciencias, la valoración de los alumnos españoles es de 483 puntos, ocupando el puesto 25 (la media de los países de la OCDE es de 489) y en matemáticas, la valoración es de 481 puntos (en el puesto 28 de la OCDE y la media es de 489 también).

 

Los argumentos son falsos porque no está en peligro la lengua castellana en la educación. Quieren obviar  que el artículo 3 de la CE (que tanto dicen defender, pero que ignoran malintencionadamente muchas veces) establece claramente que el castellano es la lengua oficial del Estado, y, en relación a la escuela concertada existe un error terminológico que debe aclararse. Que algunos centros privados tengan subvenciones públicas y, por tanto, se puedan elegir por los padres dentro de los “públicos y gratuitos”, se decidió en un momento histórico concreto y como situación excepcional y de necesidad, porque los primeros gobiernos de nuestro reciente Estado Social y Democrático de Derecho se encontraron con escasez de escuelas públicas -maltratadas y adoctrinadas por la dictadura franquista- y se permitió subvencionar a colegios privados hasta que hubiera suficientes infraestructuras públicas educativas que posibilitaran una educación pública y gratuita de calidad y que la elección de centros privados fuera costeada exclusivamente por los padres que renunciaran libremente a la enseñanza pública.

 

            Con las transferencias educativas a las Comunidades Autónomas, principalmente las dirigidas por gobiernos conservadores prefirieron mantener conciertos con centros educativos privados (concertados) y subvencionados con dinero público que construir más escuelas públicas por una sencilla razón: porque para la derecha y la ultraderecha, la educación, como la sanidad y otros servicios públicos esenciales, también es un negocio y prefieren mantener los privilegios a esos centros privados concertados y que se sigan financiando con dinero público.

 

            De hecho, en los últimos años han recibido más dinero público los centros educativos concertados que la escuela pública. En consecuencia, los gobiernos conservadores priorizan los privilegios de los promotores de la enseñanza privada que los derechos de las clases sociales económicamente más humildes que tienen que elegir necesariamente la escuela pública para sus hijos. La consecuencia evidente de estas políticas es el progresivo deterioro de la escuela pública.  

 

Si la derecha y la ultraderecha están en pie de guerra contra la Ley Celaá es precisamente porque esta norma pretende potenciar y financiar más la escuela pública que la privada, es decir, los derechos de todos los ciudadanos que los privilegios de unos pocos. El ejemplo de que esto es así lo vemos en las manifestaciones que dentro de sus “lujosos vehículos” hacen los “sectores acomodados” en defensa de que sus privilegios educativos sigan siendo financiados con dinero público.

 

Que la financiación pública sea para potenciar la educación pública es algo evidente y ello no vulnera la libertad de elección educativa de los niños por parte de sus padres. Los que prefieran una educación en centros privados en lugar de la escuela pública, con el ideario que consideren, pueden hacerlo libremente; ahora bien, eso debe quedar fuera de la financiación pública. De hecho, España es uno de los países de Europa en que el porcentaje de escuela pública es más reducido en relación con la escuela concertada y privada y los países más avanzados socialmente del mundo, los que menos pobreza y desigualdad tienen, son los que invierten más dinero de sus presupuestos en la enseñanza pública.

 

            Al igual que con la educación, con la sanidad también pretende hacer negocios la derecha allí donde gobierna. El ejemplo más reciente es la construcción del hospital de pandemias Isabel Zendal, en Madrid. El objetivo de la construcción de este hospital no es incrementar la sanidad pública y mejorar su calidad. Si así fuere, la Comunidad de Madrid, y antes de la construcción del hospital, tendría diseñados perfectamente los recursos humanos necesarios para prestar una asistencia sanitaria adecuada; algo que no es así como estamos viendo. El objetivo, por tanto, no era mejorar la red pública sanitaria, sino el pelotazo de la construcción que, por otro lado, parece que el coste ha sido más del doble de lo presupuestado y lejos de ser un hospital que “va a sorprender al mundo” (en palabras de Ayuso), no sólo no sirve para urgencias, sino que tampoco vale para custodiar las vacunas de la Covid-19. Lamentable. Será una instalación inútil, pero algunos ya se han embolsado grandes cantidades de dinero por la construcción del inmueble.

 

            Por su parte, las discrepancias públicas que dentro del Consejo de Ministros evidencian muchas veces algunos miembros de las dos fuerzas políticas de la coalición de gobierno (PSOE y UP), tampoco contribuyen a cerrar las heridas abiertas de nuestra convivencia. Esto es utilizado interesadamente, sobre todo por la derecha y la ultraderecha, para seguir haciendo sangre al Ejecutivo, empaña decisiones gubernamentales acertadas y sigue dando “gasolina” a una oposición política inútil que no ha aportado nada hasta el momento, que no ha querido consensuar nada y que está poniendo constantemente palos en la rueda del progreso de nuestro país.

 

            Y qué contar de las peripecias del “rey emérito”. Es un escándalo mayúsculo que no se ve en ningún otro país serio del mundo. El rey Felipe VI ha perdido una oportunidad histórica para desvincularse de esas prácticas de su progenitor al no condenarlas expresa y categóricamente. En este caso no sirve una tibia apelación a que los “los principios éticos y morales” de los ciudadanos no tienen “excepciones personales ni familiares”. No sólo se trata de comportamientos anti-éticos o inmorales, sino que algunas conductas del “Emérito”, son también, presuntamente, inconstitucionales e ilegales.

 

            Para finalizar y ya que estamos en Navidad, aprovecho la ocasión para desear lo mejor a todos los lectores de este diario, a los que están de acuerdo con mis disertaciones personales y a los que no, por supuesto. La reflexión crítica, dentro de la libertad de expresión, es un valioso patrimonio que nos reconoce a todos nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. ¡FELIZ NAVIDAD!