Miércoles, 25 de noviembre de 2020

Un paso más contra la libertad

Algo falla en un sistema político cuando se aprueba la octava reforma de la ley de Educación desde el inicio del período constitucional.

Todavía no hemos sido capaces de mantener en el tiempo una ley educativa eficaz, que mida los resultados obtenidos de manera fiable y nos permita valorar su idoneidad.

Y, siento decepcionarles, pero la polarización política que vivimos hace casi inimaginable un horizonte distinto.

Con la reciente votación en el Congreso, que aprobó la ya conocida como Ley Celaá, se quitó la primera piedra del engranaje indisoluble democracia-libertad que el Gobierno social-comunista intenta desmantelar.

La Ley arremete contra la esencia de nuestra Carta Magna: la libertad. La libertad de cada individuo para poder actuar en sociedad de manera autónoma, que se echa por tierra de forma intencionada, retorciendo las fórmulas legales hasta extremos de dudoso encaje constitucional.

En consecuencia, se promueven de forma activa medidas, por ejemplo, contra la educación concertada, privando a los padres de la capacidad de elección de Colegio para sus hijos, o eliminando el criterio de demanda social para abrir nuevos centros u ofertar nuevas plazas.

Se elimina también el castellano como lengua vehicular, imponiendo, en regiones con lengua propia, un dialecto que, si bien tiene importancia desde el punto de vista cultural, no puede nunca sustituir a la lengua propia y oficial de nuestro país, que tenemos el derecho y el deber de conocer y utilizar.

Inaudito también es el punto que permite que los estudiantes que menos se esfuerzan por sacar el curso adelante, puedan pasar de etapa y obtener títulos oficiales con materias suspensas, haciendo inservible cualquier esfuerzo del profesorado por conseguir la comprensión y adquisición de conocimientos básicos para el futuro de ese alumno, y discriminando a todos aquellos estudiantes que se esfuerzan, cada día, por dar lo mejor de sí mismos en las aulas.

No merece menos atención la imposición, de nuevo, de la asignatura Valores cívicos y éticos que, en su trasfondo, solo pretende adoctrinar, aun más, a nuestros estudiantes, para crear una sociedad de ignorantes perfectamente manipulables.

Lo mismo ocurre con la denominada historia de la democracia, una suerte de materia que pretende dar a conocer nuestra historia, la historia de esa España demonizada por el Gobierno, quién sabe si analizando textos de la Pasionaria o aprendiendo a cantar La Internacional. Pero, lo esencial, es conocer la historia desde una perspectiva de género. Sin duda, una carencia educativa que todos reclamábamos.

Y algo también fuera del sentido común es la embestida que hace la Ley contra la educación especial, al incluir en el sistema educativo general a niños y jóvenes que necesitan una atención psicoeducativa concreta, especializada, personal… lo que irá, no les quepa ninguna duda, en perjuicio de estas personas.

Espero que este ataque frontal a nuestra libertad, a nuestra Constitución, a nuestro sistema democrático, alcanzado después de mucho esfuerzo y plasmado en un texto que, aunque mejorable, nos ha permitido alcanzar las cotas más altas de progreso y bienestar social, reciba la respuesta que merece por parte, no solo de la oposición parlamentaria, que tiene el deber de combatir en el Tribunal Constitucional esta vulneración legal; sino del conjunto de la sociedad española.

Nos estamos jugando que las generaciones del mañana tengan una imagen desdibujada e irreal de nuestro país, manipulada a través de la Educación, y esta experiencia la hemos vivido ya en Cataluña, donde una mayoría de jóvenes alaban hoy convencidos al independentismo, porque es lo que han aprendido desde pequeños. Y no hicimos nada. 

Nos estamos jugando que, poco a poco, reduzcan nuestras cotas de libertad hasta extremos más cómodos para el Gobierno, cuyo único interés es seguir actuando al margen de la ley, con las menos cortapisas posibles. 

Nos estamos jugando la ruptura definitiva con el pacto de 1978, que no solo se quiere modificar, sino hacer nulo de pleno derecho, simulando que nunca ha existido.

Nos estamos jugando un gravísimo retroceso social, económico, cultural y político, enmascarado bajo figuras pseudodemocráticas, y más nos vale pararlo a tiempo. 

Contradigamos al refrán, y demostrémonos, a nosotros mismos, como sociedad madura y evolucionada que se supone somos, que no es necesario tropezar dos veces en la misma piedra. 

Aún estamos a tiempo de invertir el proceso de degradación moral y social iniciado por el Gobierno. Miremos a países de nuestro mundo, esos que toma el Consejo de Ministros como referencia, y pensemos si queremos transformarnos en ellos, y dejar de ser esa España abierta, plural, social y democrática en que poder expresarse, pensar y actuar libremente.

Yo quiero esa España.