Advertisement
Miércoles, 20 de enero de 2021
Bracamonte al día

Aprobada en pleno la rebaja del 10% en el impuesto de vehículos

La medida salía adelante durante la sesión celebrada en la tarde noche de este jueves
Sesión de pleno que podía seguirse de manera telemática este jueves
El Ayuntamiento de Peñaranda aprobaba en pleno la rebaja del 10% en el impuesto de vehículos, tras el debate mantenido por los diferentes grupos políticos de la Corporación durante la tarde noche de este jueves.
 
Un asunto sobre el que Ángel Tejeda, portavoz de Peñaranda en Común, aseguraba que “la gente ya se estaba quejando por la cantidad cobrada en el impuesto de tracción mecánica. Creo que sería discriminatorio bajar este impuesto a todos por igual, ya que los que más tienen reciben la misma medida que quienes tienen menos y lo sufren más. Estamos a favor de que se lleve adelante esta rebaja del 10% y que se haga, aunque sea discriminatorio para quienes se encuentran en situación más vulnerable”.
 
Sergio Jiménez, portavoz de Ciudadanos, exponía que “nos mostramos a favor de ello y no por el caballaje. Creo que es beneficioso para todos los peñarandinos. Nos gustaría saber, eso sí, cómo puede afectar a los futuros presupuestos, pero iremos viendo, nos parece bien la medida, bajar impuestos en la situación que vivimos creo que es bueno”.
 
La portavoz de Partido Popular, Carmen Familiar, aseguraba que “la bajada de este impuesto será bien recibida por los peñarandinos, por la situación y porque era alto. Pero la progresión del impuesto se encuentra en las tablas de medición y las cuotas de cada vehículo, que ya están organizadas. Las tarifas están establecidas en función de la potencia de cada vehículo. La nueva regulación contempla la reducción del 75% en el impuesto para ciertos vehículos, pero creo que es positivo que se de publicidad a la solicitud de estas acciones de rebaja sobre impuestos para que puedan ser pedidas” y añadía que “creo que debería contemplarse la posibilidad de hacer la solicitud telemática de este tipo de trámites, además de aclarar que documentación es necesaria para poder acogerse a estas excepciones”. 
 
Sobre esta cuestión, la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, exponía que “con esta rebaja nos quedamos por debajo de localidades iguales o mayores como Carbajosa o Santa Marta. Ojala pudiéramos bajarlo más pero eso supone una merma en las arcas municipales y en las inversiones. Estamos en una situación en la que debemos prestar unos servicios adecuados pero nos tenemos que ajustar a la situación, que ya es complicada de por sí. Creo que es buena la bajada en este impuesto, en la que se contemplan todos los vehículos, para que todos tengan claro quienes tienen esas bonificaciones y excepciones” y añadía la petición para que se incluya en la Ordenanza la documentación que se necesite para acceder a las bonificaciones que presenta este impuesto y que pueda ponerse en marcha de inmediato tras el pleno.
 
Entre los asuntos a debate en la sesión de este jueves se encontraba una Moción, que contaba solo con los votos positivos del PSOE, instando a la Junta de Castilla y León para que financie íntegramente los gastos extraordinarios ocasionados a los consistorios por las tareas de limpieza, desinfección y climatización de los colegios por el Covid-19. Un asunto sobre el que la regidora municipal apuntaba que “el Ayuntamiento está haciendo frente a la limpieza especial y desinfección de los colegios, con el coste de personal y productos que conlleva, además del aumento del coste en la calefacción que supone la ventilación de las aulas y los centros.  Creo que estos gastos d
eberían ser asumidos por la Junta o recibir algún tipo de apoyo para poderlo llevar a cabo” aunque subrayaba que “No vamos a escatimar en gastos para realizar estos trabajos ya que desde el Ayuntamiento consideramos estos servicios imprescindibles. Si ellos no lo hacen lo haremos nosotros con dinero municipal, aunque esto venga en detrimento de las inversiones que podamos hacer en la localidad”.
 
Otro de los puntos de mayor debate en la sesión plenaria era el referido a la proposición no dictaminada del Grupo Municipal Partido Popular para instar al Ayuntamiento de Peñaranda y al Gobierno de España a la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Un asunto sobre el que la portavoz de los populares, Carmen Familiar, aseguraba que “pedimos el desalojo de los ocupas en un plazo máximo de 48 horas con penas de cárcel y penalización para las mafias que se dedican a la ocupación. La propuesta garantiza la propiedad de la vivienda, aunque siempre diferenciamos entre ocupación ilegal y las personas que recurren a la ayuda para poder obtener una vivienda digna. A nadie le gustaría que se le metiera alguien en casa y no puedan echarlos de ella en poco tiempo, es de sentido común reforzar la protección de los propietarios”.
 
El tema generaba debate intenso entre los diferentes grupos que, en el caso de Peñaranda en Común, aseguraban que “esta moción es un ejercicio nada aconsejable para el momento político que vivimos. Es tirarse los trastos a la cabeza unos partidos a otros. No voy a perder más tiempo a ello. Si quieren mercadear con la vivienda pública como ha pasado en Madrid no me van a encontrar. Comparto parte de su argumento pero no puede ser” mientras que Francisco Díaz, como portavoz del Partido Socialista, afirmaba que “creo que esta moción crea una alarma social que no existe. Hay dos delitos contemplados: allanamiento de morada y la usurpación. El Gobierno central ya ha dado criterios  a la justicia y a la secretaria de estado de seguridad para que se organice este tema. Todo lo demás es crear una crispación política. La propiedad privada está garantizada en España, lo hace la Constitución y este Gobierno” mientras que Carmen Ávila afirmaba que “esta moción no tienen ningún sentido ni en este momento ni en este lugar. En este municipio no tenemos ningún caso de allanamiento ni usurpación ilegal, por lo que no es necesaria esta moción” lo que generaba el voto negativo del PSOE y PeC, mientras que PP y Cs votaban a favor. 
 
El Informe Morosidad correspondiente al Tercer trimestre 2020 dejaba cifras positivas, que sitúan el pago a proveedores en los 30 días y la posibilidad abierta nuevamente de hacer realidad el abono de las ayudas Covid a comerciantes y hosteleros, algo para lo que ya se ha tramitado un nuevo informe pendiente de valoración de la Junta, tras la negativa a los pagos por la administración autonómica al incumplirse los plazos de pagos municipales marcados en anteriores trimestres.
 
La dación de cuentas de la  Ejecución del Tercer Trimestre 2020 y del Informe Plan de Ajuste correspondiente al mismo periodo de tiempo tambien se saldaban con escaso debate y apuestas positivas por ello, al reafirmarse que se cumple las reglas de Estabilidad y Ajuste Presupuestario, algo que era bien recibido por todos los grupos de una Corporación, que ponían fin al debate, seguido de manera telemática, rozando las diez de la noche y el toque de queda