Viernes, 30 de octubre de 2020

El fin de la esclavitud, la asignatura pendiente de muchas sociedades

Según un informe publicado por la Walk Free Foundation, 45’8 millones de personas viven en condiciones de esclavitud moderna. El mayor número de personas está concentrado en la región Asia-Pacífico.

Berta Álvarez Arranz

Activista por los Derechos Humanos

La esclavitud no fue abolida, evolucionó acorde con la sociedad y el mundo globalizado, siendo el móvil económico el principal interés por el cual este fenómeno social no se ha abolido en todas las sociedades. En la actualidad, encontramos resquicios de esclavitud en cualquier persona sometida mediante coerción, amenazas o abuso de poder a condiciones de trabajo infrahumanas, pudiendo no tener ningún tipo de remuneración. Este fenómeno tiene especial impacto al establecer que 25% del total de víctimas de esclavitud son niños/as.

No obstante, no podemos tratar de evadir la perspectiva de género en este tema, ya que el 71% de las víctimas de esclavitud moderna son mujeres. Además, menos de 1/3 de países protegen a las mujeres o niñas frente a los matrimonios forzados.

A nivel mundial, la esclavitud o el control sobre otra persona está considerado un crimen. De hecho, la ONU en el Artículo 4 de la Declaración de los Derechos Humanos manifiesta que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”. Este artículo es claro, no podemos ser esclavos de nadie y, por ende, tampoco podemos hacer a nadie nuestro esclavo. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció como fecha límite el fin de la esclavitud en el año 2030, y de momento, no vamos muy encaminados hacia este objetivo.

La realidad es que existe una acusada inacción en muchos estados a la hora de promover una legislación que favorezca la abolición de la esclavitud, es más, esta brilla por su ausencia. Por ello, podemos denunciar como principal raíz del problema, la falta de protección de los Derechos Humanos por parte de los gobiernos, ya que muchos de ellos ni tan siquiera amparan la ilegalidad de la esclavitud. Para ser precisos, son 47 países los que no tienen reconocido el delito de tráfico de personas penalizado en su ordenamiento jurídico. Además, son 100 países los que tampoco incluyen el trabajo forzado como delito, o si lo hacen no se castiga más que con una mera multa económica.

La orientación primordial del derecho internacional y de cada uno de los Estados deberá ser la protección de los derechos humanos, prohibiendo la esclavitud y los tratos inhumanos y degradantes, a la par que se debe alentar la ratificación de los tratados internacionales. Se deben centrar todos los esfuerzos en garantizar la aplicación de estos tratados.

 Por otro lado, se deben fomentar políticas y legislaciones que abarquen medidas económicas, sociales y culturales. Una mejor gestión de la migración por parte de los gobiernos, poner el punto de mira en aumentar los pisos de protección y una mayor atención humanitaria en situaciones de vulnerabilidad serían posibles medidas para reducir el impacto de este fenómeno.  No obstante, es misión de todos luchar por los derechos humanos y señalar y denunciar toda la vulneración de estos en nuestro día a día.