Primero la soberanía nacional, y luego la forma política

De un tiempo a esta parte, quizá mucho más tiempo que el que la mayoría sosegada de los españoles pensábamos, los hunos y los hotros, esos españoles de la minoría sin sosiego (y, no pocas veces, sin conocimiento ni capacidad), acorralan al que piensa diferente arrojándole sin pudor la patria y la justicia, la igualdad y la libertad. Aunque ninguna de las cuatro conciban con la suficiente mesura. Se ha visto últimamente en el debate sobre la forma política, monarquía o república, atizado por la situación del anterior Jefe del Estado, esa definición que durante décadas se refería a otra persona, misteriosamente también traída (o para ser precisos, sus muy antiguos restos mortales) a la actualidad informativa unos meses atrás.

Hablar del artículo 1.3 de la Constitución Española que define la forma política de España, una monarquía parlamentaria, es legítimo y saludable, en consonancia con el valor del pluralismo político que propugna España como “Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1.1). Hablar e incluso reformarlo tal y como estipula el artículo 168, pues esta Monarquía Constitucional del 78 no tiene una represiva “ley de defensa” como la tuvo la Segunda República. La Constitución permite la transición de monarquía a república conforme a los cauces democráticos. Claro está, y eso lo explica el artículo 169, no se puede iniciar la reforma durante un estado de alarma. Acabamos de terminar uno y quién sabe si será necesario otro en los próximos meses.

Sin embargo, tiene poco sentido discutir sobre el 1.3 cuando hay una clara discrepancia sobre el 1.2. No están colocados en ese orden por casualidad. Lo recuerdo: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. ¿Acaso no está en entredicho la soberanía del pueblo español? Por supuesto que lo está. Esa parte del gobierno de la nación que promueve la transición de monarquía a república, en el mismo viaje, en idéntico proceso, fomenta que al pueblo español en su conjunto le sea retirada la soberanía nacional. Ya no emanarían de su soberanía, del pueblo español soberano, los poderes de un estado devenido en “república plurinacional y solidaria”.

Sirve revisar los resultados de las últimas elecciones generales, celebradas el pasado 10 de noviembre, para comprobar que de los treinta y siete millones de posibles votantes únicamente cuatro apostaron por este modelo republicano con un supuesto derecho de autodeterminación de los territorios (no se sabe si por regiones, provincias, comarcas, ciudades, barrios, bloques de viviendas…), y otros dos millones y medio se decantaron por formaciones políticas que defienden directamente la segregación de España de diferentes territorios, por lo que no debiera importarles si esa España ajena a ellos se rige por una u otra forma política. Quizá se muestran más afines a una república porque con ella, elucubran en sus ensoñaciones, se allanaría su camino separatista.

Una minoría tan clamorosa aspira a arrebatar la soberanía nacional al pueblo español consagrada en la Constitución. Se trata de una empresa mucho más osada que la de despojar al Rey de unas valiosas funciones de arbitraje, moderación y representación, pero por ahí se proponen comenzar, porque el monarca no deja de ser símbolo de su unidad y permanencia, la de España como Estado (art. 56), aunque cada uno de sus actos haya de refrendarlo el presidente del Gobierno o el del Congreso (art. 64: reina, pero no gobierna).

Una minoría tan estruendosa de republicanos plurinacionales o de independentistas, por mucho ruido que hagan, no podrá torcer la mayoritaria voluntad de los que defendemos el pacto constitucional. Ahí tienen las urnas para decirle al pueblo español que no le van a dejar sin soberano, sino que van a impedir que sea soberano. Desear larga vida a la Monarquía Constitucional del 78, como yo se la deseo, no es más que deseársela a la soberanía nacional del pueblo español.