Viernes, 7 de agosto de 2020

Monarquía parlamentaria o República

     Es una discusión frecuente en estos tiempos. Como no soy politólogo profesional, dado que vocación política tenemos todos, otra cosa es que la ejerzamos, me basaré únicamente en mi opinión, tan válida como cualquier otra en una sociedad plural como la nuestra. Todas las opiniones tienen el mismo valor a la hora de ejercer el voto y todas se basan en múltiples informaciones, estudios y experiencias personales y de grupo. No voy a juzgar si la mía es más o menos informada que otras, eso el lector lo dirá, y bien pudiera ser que fuera, a la vez, más y menos informada que las demás.

     Y así, es mi opinión que la Iglesia no es contraria al régimen republicano, como se comprueba en la pacífica convivencia con otras instancias de la sociedad civil en regímenes republicanos como el francés, el norteamericano o las repúblicas latinoamericanas, iberoamericanas o hispanoamericanas. También convive la Iglesia con la sociedad civil en las monarquías parlamentarias de nuestro entorno, desde el Reino Unido del Brexit, pasando por los países nórdicos o llegando a las antípodas, en Nueva Zelanda – tan de moda ahora por su exitosa Primer Ministra- o Australia.

     Es lo cierto, opino, que la Iglesia, y otras religiones, también son perseguidas en repúblicas populares o en monarquías de problemática homologación democrática. Porque justamente ese es el quid de la cuestión, si un régimen político u otro es democrático o no lo es, o lo es a medias, que es casi lo mismo que no serlo. En este sentido, la Iglesia actual, la que yo conozco y en la que me he criado desde hace ya casi tres cuartos de siglo, que uno no ha nacido antes de ayer, aunque cada año que pasa sea, en mi opinión -una vez más- un año más joven, la Iglesia actual, digo, la que salió del Concilio Vaticano II, prefiere los regímenes democráticos para vivir y se las apaña para sobrevivir y, a las veces, crecer en los no democráticos.

     Volviendo “a lo nuestro”, a nuestra historia patria y a los proyectos de instauración de una nueva república, me pregunto: ¿qué tipo de república? Porque si es como la Primera, me temo que entonces había pocos republicanos. Si fuera restaurar la segunda, opino que en ella hubo pocos demócratas, carecía de la necesaria “masa crítica” de demócratas –los historiadores dirán si fue así o no, basándose en documentación y otras evidencias; la memoria histórica creo que no sirve mucho pues es por definición, como buena memoria, subjetiva y, por lo tanto, parcial, es decir, no científica, demasiado contaminable por la ideología de cada uno; hubo demócratas en el centro, pero es que el centro político era tan exiguo…también había algunos demócratas en la derecha y en la izquierda, pero muy pocos, demasiado pocos. ¿Buscan instaurar una tercera república? Lo primero que se me viene a las mientes es un aforismo popular: “los experimentos, con gaseosa, joven”, que tiene su origen, como tantas cosas en España, en un bar, cuando un camarero, neófito o descuidado, derramó parte de una botella de buen champán sobre la chaqueta de D. Eugenio D’Ors y éste se la espetó. No sé el nombre del camarero.

     El Reino de España es una Monarquía Parlamentaria, o sea, una democracia. Esto puede parecer obvio e incluso aburrido, si pudiéramos olvidarnos de “cositas” como la matanza de Atocha, la Eta, el 23-F, el 11-M o el 1-O. Pero visto desde nuestra historia pasada reciente, el hecho de que un sistema democrático pudiera asentarse y madurar en España era algo casi imposible antes de la Transición. El Partido Comunista poco menos que se puso al frente de la manifa, por el interés te quiero Andrés, y apostó claramente por la Monarquía Parlamentaria como forma mejor para asentar la democracia en nuestro torturado suelo. Casi todas las fuerzas políticas y sociales arrimaron también el hombro y, contra muchos pronósticos, “de la Ley a la Ley”, fue posible la democracia. Seríamos injustos y ciegos si no viéramos que la clave de bóveda de nuestra democracia tiene nombre y apellidos, muchos nombres y muchos apellidos: Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, o sea, el Rey D. Juan Carlos I.

     Se dice y se pregona desde las azoteas y las redes, que D. Juan Carlos ha cometido delitos de corrupción económica contra la Hacienda Pública. De momento, tiene derecho a la presunción de inocencia y todos tenemos el deber de defender esa presunción de inocencia, sobre todo el Gobierno de la Nación -y digo el Gobierno y todos y cada uno de sus vicepresidentes y ministras y ministros, porque al Gobierno le corresponde en este momento, por mandato popular, tener más poder- si no quiere cargarse una de las bases del Estado de Derecho. Dicho lo cual, añadiré: los jueces tendrán la última palabra.

     Mientras llega esta última palabra de los jueces, la maniobra de los republicanos está clara: cargarse políticamente a Felipe VI, irlo minando hasta que caiga, es decir, cargarse la Monarquía Parlamentaria por los presuntos actos corruptos de Juan Carlos I, para llevarnos a un experimento: la Tercera República. Para ello es necesario derribar el imaginario cultural, político y moral –los valores, vaya- de la Transición: la reconciliación, el pluralismo ideológico pacíficamente aceptado y vivido, como nunca antes en la historia de España, a pesar de todas las dificultades heredadas, pasadas, presentes y los retos de futuro, que no son pocos ni pequeños. Gran responsabilidad en el intento de derribo de la Transición tiene una parte del PSOE desde hace, al menos, 16 años.

Otros también tienen –tenemos- la responsabilidad de la inacción, del dejar pasar, de la pasividad. En fin, si quieren derribar la Transición, es decir, su fruto, o sea, la democracia vivida constitucionalmente como Monarquía Parlamentaria, que lo hagan, que la derriben. Pero que lo hagan constitucionalmente, utilizando las fórmulas que la Constitución vigente prevé. Que no lo hagan por la puerta de atrás, porque eso es una chapuza y, sobre todo, porque corremos el gran riesgo de, por librarnos del agua sucia, tirar también al niño por el desagüe. Es decir, degradar gravemente nuestra democracia.