Bufandas negras

Supongamos por un momento que en una empresa determinada existe un departamento en el que trabajan dos empleados de igual categoría, la misma antigüedad, idénticas cargas familiares y desempeñando correctamente los mismos cometidos ¿Qué razón podría justificar que su nómina fuera notablemente distinta? En primer lugar, dudo mucho que los sindicatos permanecieran callados. Pero si, a pesar de todo, persistiera la injusticia, pensaríamos que hay gato encerrado. Pues bien, esta fórmula ya fue aplicada, en las Fuerzas Armadas, por un gobierno socialista. Cuando el personal afectado no había reclamado esa medida, el organismo tenía -y tiene- un presupuesto insuficiente para ser verdaderamente efectivo y, además carece de sindicato, la finalidad sólo podía ser una: promover, desde dentro, el descontento de los funcionarios. Se daba el caso peregrino de encontrase en la misma oficina dos compañeros de promoción, desempeñando iguales tareas, uno de ellos percibiendo al final de mes una cantidad en concepto de complemento específico, y el otro no. Lo que a primera vista puede parecer gracioso, tiene la suficiente carga corrosiva como para mosquear al más pintado. 

Cualquier intento de compensar económicamente a un subordinado, en detrimento de otro con iguales merecimientos, en el ámbito castrense era una figura inconcebible hasta ese momento. Contrastada la opinión con personas conocidas del ámbito civil, se supo que lo llamaban “bufanda”, porque servía para tapar algunas bocas. Ante quienes aprendieron desde bien jóvenes a no quejarse nunca de que el sueldo es poco, mucha la fatiga o incómodos los cuarteles, es muy difícil doblegar su espíritu con un plato de lentejas.

A la hora de escalafonar al militar de carrera, se han adoptado diversos criterios. Hasta no hace mucho tiempo, los largos e intensos años de formación en las academias militares eran considerados suficientes para establecer el orden de cada promoción. Llegados a las Unidades, los oficiales, superando unos cursos presenciales, iban ascendiendo regularmente, con ocasión de vacante, hasta alcanzar el grado de coronel. Para ascender a general, producida una vacante, el consejo superior proponía los nombres y el Gobierno aprobaba, o no, el ascenso. Lógicamente se elegía a quien más méritos había acumulado en toda su carrera. Con la llegada de la democracia, el sistema se mejoró, a base de introducir factores tan lógicos como la importancia de los destinos ocupados y los cursos de especialización realizados. De esta forma, ya en los cursos de aptitud para mandos superiores, se pueden producir “saltos” importantes en el escalafón, llegando, incluso, a colocar a los más destacados en promociones anteriores. Puede ser ascendido a general un coronel situado varios puestos detrás de quien estaba en primer lugar. Los propios afectados lo ven normal ya que el favorecido es considerado por todos como el más apropiado.

El problema ha surgido cuando alguien ha querido contaminar con el caramelo de la política al militar neutral. Algunos políticos olvidan que, por ley, los mandos de las FAS tienen prohibido manifestar públicamente sus sentimientos políticos -que los tienen, pero se los guardan para el momento de votar. Involucrar a mandos militares en maniobras políticas, no buscadas por ellos, es tratar de minar su amor propio y de jugar con su asumida disciplina.

La tormenta desatada dentro de la Guardia Civil -no olvidemos que es un instituto armado, cuyos componentes dependen también del Ministerio de Defensa y les son de aplicación las Reales Ordenanzas Militares- está salpicando a unos mandos que sufren en sus propias carnes las consecuencias de torpezas, ineptitudes, incapacidades y malas artes de algunos políticos. En la génesis de este problema debemos colocar tres protagonistas principales: el Ministro de Interior, el coronel de la Guardia Civil, Don Diego Pérez de los Mozos y la Juez Carmen Rodríguez-Medel Nieto

Con ocasión de los graves sucesos del 1-O, en Cataluña, el gobierno tuvo que intervenir en la gobernabilidad de Cataluña centralizando todas las Fuerzas de Seguridad bajo el mando del coronel Pérez de los Mozos, cuya actuación, a su vez, pasó a depender del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De todos es conocido cómo se desarrollaron los acontecimientos y, llegado el momento de juzgar a los responsables, Pérez de los Cobos acudió al juicio en calidad de testigo. Pretender que un oficial de la Guardia Civil cometa perjurio es perder el tiempo. Como cualquier testigo honesto, declaró lo que presenció, la única verdad; no lo que se pretendía “enseñar” desde Cataluña. Por cumplir con la orden recibida de un juez, desde ese momento, se convirtió en el enemigo público del independentismo catalán. Ahora, por cumplir con lo ordenado por una jueza, ha colmado la paciencia de un ministro -también juez- que ha sucumbido a las presiones de su amo, destituyéndole por negarse a incumplir la orden recibida. Para dejar muy claro que todavía hay jueces que no se venden, tenemos el ejemplo de Carmen Rodríguez-Medel  que, a pesar de las artes que exhibe este gobierno para tergiversar las cosas, no le ha temblado el pulso para cumplir con su deber. Tuve la suerte de conocer y contar con la amistad de su padre, coronel de la Guardia Civil -que, por cierto, tuvo la desgracia de fallecer contagiado con un brote de legionela cuando acompañaba a su hijo, hoy también coronel, a los exámenes de ingreso en la Academia General Militar. Compruebo que la hija, además de ser buena juez, hace honor a su sangre.

 La maquinaria de La Moncloa hará todo lo posible -ya ha comenzado- para abatir esta pieza. Están rodando cabezas para satisfacer el ego de quienes pretenden “sostenella y no enmendalla”. Quieren emponzoñar la labor de la jueza Rodríguez-Medel utilizando para ello otro brazo de la justicia que debería ser independiente -otra vez la Abogacía del Estado. Para apartar la atención pública de los propios errores y abusos, están dando golpes de efecto a base de nuevas “bufandas” -esta vez en forma de ascensos meteóricos, y apropiándose de aumentos de sueldo conseguidos por otros gobiernos. No saben con quién han topado. Después de 176 años sirviendo lealmente a los españoles y ganándose un prestigio internacionalmente reconocido, la Guardia Civil aguantará también la campaña emprendida por quienes pretenden -desde hace tiempo- desgajarla de su naturaleza de fuerza armada y, a continuación, unificarla con la Policía Nacional. 

Con el doloroso recuerdo de tantos miles de muertos por la mala gestión de esta pandemia, pretender atenuar la propia responsabilidad ofreciendo limosnas a unos sirvientes curtidos en el cumplimiento del deber y siempre leales a la Autoridad, confundiéndoles con niños a los que se le enseña un caramelo, sería ignorar por completo lo que es nuestra querida Guardia Civil. No se puede obligar a sus miembros a observar el luto con bufandas negras.