Miércoles, 1 de abril de 2020

Institución anacrónica

Profesor de Derecho Penal de la Usal

La pandemia del Coronavirus (COVID-19) está provocando vivencias nuevas que nunca habíamos experimentado. Los que nacimos en las primeras décadas de la segunda mitad del pasado siglo siempre escuchamos a nuestros padres y abuelos las penurias y sufrimientos que padecieron como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Pero la experiencia que ahora estamos teniendo es completamente nueva y ni los más viejos del lugar la habían vivido. No pensamos en otra cosa, los medios de comunicación sólo hablan de eso y los políticos –aún en estos tristes momentos- siguen tirándose los trastos a la cabeza. ¿Les servirá esto para que en el futuro se trabaje más para construir un auténtico Estado del Bienestar que proteja al ciudadano con una buena sanidad, educación y servicios sociales auténticamente públicos?

Pero no le voy a dedicar ni una línea más a las consecuencias del Coronavirus y sí reflexionar sobre el hartazgo social que está provocando la vida y milagros de los miembros de la Casa Real en los últimos tiempos. En su  momento, y con la restauración del sistema democrático en España, levantó recelos en muchos sectores de la sociedad española –sobre todo los que padecieron la represión y el exilio durante la dictadura franquista- incluir, en el artículo 1 de la CE, la Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado Español, por varios motivos: El primero, porque parecía una continuidad del reinado de Alfonso XIII, último rey, que comulgó en perfecta armonía con la dictadura de Primo de Rivera y, el segundo, porque al rey Juan Carlos fue designado sucesor a la Jefatura del Estado el dictador Francisco Franco, que codirigió el golpe de estado contra el régimen democrático constitucional y republicano y contra un gobierno que había salido del Parlamento elegido por el pueblo español en las elecciones de febrero de 1936, provocó una guerra fratricida de 3 años e instauró una dictadura cruel e inhumana que duró casi cuatro décadas.

Así las cosas y, aunque la Corona española está perfectamente amparada en el articulado de la Constitución del 78, su regulación en esta “Ley de leyes” tiene preceptos incongruentes e incompatibles entre ellos. Por un lado, el artículo 14 establece la igualdad ante la ley de todos los españoles, sin que pueda admitirse discriminación alguna y, por otro, el artículo 56.3 constata que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Además, y dentro de la regulación de la sucesión a la Corona prioriza al varón sobre la mujer.

Por otro lado, en un Estado Social y Democrático de Derecho no debe haber privilegios porque, no sólo los ciudadanos, sino también todos los poderes del Estado deben estar sujetos a la Constitución y al “resto del ordenamiento jurídico” (artículo 9.1 de la CE). De ahí que si el rey emérito puede estar involucrado en presuntos casos de corrupción, debería ser investigado, juzgado y, en su caso, sancionado penalmente como corresponda, como establece el principio de legalidad. Y no sólo el rey emérito, sino el jefe del estado actual, su hijo, Felipe y el resto de los miembros de la casa real, Ya lo dijo el propio Juan Carlos I en un mensaje navideño: “la justicia es igual para todos”.

Pero en la realidad sabemos que esto no es así, que hay muchos sectores tradicionales y conservadores que “admiten” sin discusión, que la Corona está hecha de otra pasta, que la Monarquía tiene privilegios y prerrogativas que no las tenemos el ciudadano ni el político medio, que su poder proviene de la divinidad, como ocurría en la época histórica de la Monarquía Absoluta donde los habitantes del pueblo llano no eran ciudadanos sino súbditos.

Si admitimos eso estamos justificando que algunos sectores sociales, los que históricamente han estado unidos al poder político y económico, tienen “bula” para realizar los actos que les convenga (entre los que se encuentran los de corrupción personal y económica), mientras que a otros políticos aunque hayan sido elegidos por el pueblo en virtud del principio de igualdad de oportunidades, se les vitupera constantemente, no por sus actos (que también podrían ser de corrupción), sino por su procedencia no ligada a sectores elitistas y de “sangre azul”. Dicho en Román Paladino, si Felipe VI y Juan Carlos Monedero (por poner ejemplos de personas procedentes de estratos sociales diferentes) cometen cualquier hecho ilícito conforme a la legislación vigente, deben ser investigados, juzgados y sancionados igualmente (ya sabemos, la justicia es igual para todos…¿?), incluso los medios de comunicación deben censurarlo igual; pero todos sabemos que no es así. Estos principios y valores de igualdad de trato y no discriminación, deberían ser incluidos también en el sistema educativo. Es la única forma de que en el futuro las concepciones decimonónicas y ancestrales en relación a la desigualdad de la justicia ante las diferencias de clases, quedaran para siempre relegadas a lo que deben ser: a algo que se hizo en la historia, pero que no debe hacerse ni en el presente ni en el futuro.

Enlazando con los argumentos anteriores, resulta vergonzoso que el presunto escándalo de los cien millones de euros que el rey emérito recibió del rey de Arabia Saudita (allí sí que las monarquías son medievales aún) a través de una presunta fundación “offshore” de Panamá y que también, presuntamente donara a Corina 65 millones (de los recibidos por el rey árabe) y que los medios de comunicación españoles prácticamente no lo hayan recogido en sus ediciones diarias y que los políticos (fundamentalmente lo de la derecha liberal y conservadora), no lo lleven al debate y a la crítica solicitando la rigurosa investigación de los hechos, como, por otra parte, está haciendo la Fiscalía Suiza.

Hay que dejar claro que criticar la Monarquía como forma de gobierno es una manifestación clara de la libertad de expresión (faltaría más), como la crítica a cualquier ideología, confesión religiosa o de culto, a cualquier forma de ser o de pensar y siempre con argumentos y desde un punto de vista constructivo. Y por todo ello, insisto, que en un sistema democrático moderno, los gobernantes deben ser elegidos por el pueblo y éstos no deberían ostentar privilegios medievales y anacrónicos que les impidan ser criticados y, en su caso, investigados y condenados por los hechos punibles que cometan. Ya lo decía Ortega, en 1921, en su famosa obra “La España invertebrada”, citado por Paul Preston en su última y gran obra “Un pueblo traicionado”, cuando se lamentaba de quienes siempre han dirigido nuestro destino (por casta y por tradición): “Empezando por la Monarquía y siguiendo por la Iglesia, ningún poder nacional ha pensado más que en sí mismo. ¿Cuándo ha latido el corazón, al fin y al cabo extranjero, de un monarca español o de la Iglesia española por los destinos hondamente nacionales? Que se sepa, jamás. Han hecho todo lo contrario. Monarquía e Iglesia se han obstinado en hacer adoptar sus destinos propios como los verdaderamente nacionales”.